En la cartera de Defensa revisan los contratos que firmó la gestión anterior tres días antes de dejar el poder. En cada oficina de la nueva administración se buscan ramificaciones de una trama que acumula nombres y una red que la Justicia empezó a investigar como un posible caso de mega corrupción.
El escándalo de los seguros que estalló el domingo pasado, con la revelación de una matriz de negocios de la que participaron funcionarios y empresarios amigos del gobierno anterior, sumó en los últimos días detalles, nombres y ramificaciones inesperadas. En cada oficina de la administración de Javier Milei está la orden de buscar pruebas y rastros de una red de intermediarios privados que cobraban comisiones por pólizas que brindaba Nación Seguros. Las huellas de ese mecanismo, que llegó a ministerios, organismos públicos y Fuerzas Armadas y de Seguridad, empezaron a aparecer.
Imagen de archivo del expresidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Esas ramificaciones fueron detectadas en el Ministerio de Seguridad y están siendo investigadas, también, en el Ministerio de Defensa, según documentación a la que accedió Infobae. Son novedades que salpican al último presidente y a un empresario que está casado con su secretaria principal, María Cantero. Como antes hizo con su pareja, Fabiola Yáñez, en medio del escándalo por la fiesta en Olivos, y de su amiga de la juventud y socia en el estudio jurídico, Marcelo Losardo, cuando el kirchnerismo presionó por su renuncia, Alberto Fernández se lavó las manos: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”.
Lo cierto es que la investigación judicial de estas maniobras sospechosas la tiene el juez Julián Ercolini. El magistrado, a quien Fernández varias veces maltrató en público, está a cargo de la causa que se inició por una denuncia cuyos principales acusados son el ex Presidente, a su viejo amigo y esposo de María Cantero, Héctor Martínez Sosa, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; y al broker Pablo Torres García, entre otros. Son algunos de nombres que aparecieron en la nota que publicó Ricardo Roa en Clarín, el domingo pasado, que destapó una nueva “caja negra de la política”.
La matriz tiene una explicación larga y compleja y otra resumida y asible para el lego. El Gobierno ordenó por decreto que todas las reparticiones oficiales y dependencias de la administración central contraten sus coberturas con Nación Seguros. Allí estaba Pagliano, que acompañó a Fernández desde que, en los 90, fueron juntos a la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Carlos Menem, y luego armaron desde cero Provincia Seguros. Era un lado del mostrador, el del Estado. Y en el decreto que “creó” un mercado cautivo, se habilitó que participaran compañías privadas como productoras o coaseguradoras. Allí aparecen empresarios como Martínez Sosa, a quien Fernández también conoce desde los 90 y con quien tiene tanta familiaridad como para deberle por año 20 mil dólares. El otro lado del mostrador, el de los privados. Y, en el medio, el cobro de comisiones permanentes y multimillonarias.
En todo esto hay otra novedad. Este fin de semana se confirmó que Ercolini también fue designado por sorteo para seguir otra denuncia, que Infobae anticipó el jueves. Es la que presentó el gobierno de Javier Milei contra el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Federico D’Angelo Campos. A ese ex funcionario nacional y actual concejal de Unión por la Patria lo acusó el Gobierno de perjudicar al Estado al haber permitido, presuntamente, la aplicación de “comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros”.
La denuncia es importante porque la presentaron conjuntamente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntas irregularidades de la administración anterior. En la acusación, los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo -que siendo concejal mantenía su puesto- “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
La presentación ante la Justicia se dio después de que en las investigaciones que se están haciendo en los ministerios y organismos públicos se detectara que en Nación Seguros apareció “una nota firmada de puño y letra donde se manifiesta la orden de contratar a empresas determinadas para intervenir en los contratos de seguros de vida para los saldos de los créditos tomados por jubilados y pensionados”.
Llamó la atención de los funcionarios del gobierno el hecho de que esa nota, deliberadamente, no había sido tramitada por el GEDE, el sistema de comunicación oficial que usa el Gobierno y donde queda registro de todas las actuaciones. “¿Por qué hicieron esto? ¿Qué estaban escondiendo?”, se preguntaron investigadores que hablaron con Infobae. Pero, además de la forma, el gobierno pidió que se investigue si D’Angelo “observó que la selección de los brokers y aseguradores que realizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES era a dedo, de manera discrecional, arbitraria” y, sobre todo, “sin expediente digital alguno, ni justificación técnica”.
El caso de Defensa
En el Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri, también indagaron y encontraron un rastro de esta red de influencias. Una decisión administrativa llamó la atención de los funcionarios: la medida está firmada el 7 de diciembre por Agustín Rossi, como jefe de Gabinete, y Jorge Taiana, como titular de la cartera. Exactamente tres días antes de dejar el gobierno, la decisión administrativa estableció en su artículo 1°: “Apruébase la contratación directa interadministrativa N° 340/1-0034-CDI23 para la “COBERTURA DE SEGURO DE AUTOMOTORES PARA EL EMCO, EL E.A, LA A.R.A., LA F.A.A. Y LA SSPOYSLD” con la empresa NACIÓN SEGUROS S.A., en atención al requerimiento efectuado por la Dirección de Planeamiento de Compras del MINISTERIO DE DEFENSA”. Las abreviaturas se refieren al Estado Mayor Conjunto, el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea.
A 72 horas de terminar su mandato, Rossi y Taiana firmaron un contrato por 803 millones de pesos, según el decreto que está siendo investigado por el departamento jurídico de la cartera. La medida incluyó en su artículo sexto la autorización para “aprobar la prórroga, ampliación, disminución, suspensión, resolución, rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades, respecto de la Contratación Directa Interadministrativa que por el presente acto se adjudica, así como a suscribir cualquier otro acto relativo a la ejecución del contrato”. Es un artículo que, de todos modos, no exime de los costos que cualquier alteración de los términos pactados pueda generar para el Estado.
Son sospechas que tuvieron un impacto inmediato. En la Armada, con la firma de su jefe, Carlos María Allievi, se decidió cortar el vínculo con el productor que Nación Seguros tenía asignado. En una nota interna a la que tuvo acceso Infobae, el contraalmirante informó: “En relación a la utilización de promotores de seguros que hayan efectuado contrataciones para el Estado Mayor General de la Armada a nombre de Nación Seguros (...) el señor Diego SAVIO prestador del servicio a través de Nación Seguros, gestionó pólizas a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. Dichas pólizas vencieron el 31/12/2023 y no fueron renovadas. Dejo constancia que he comunicado por escrito al Presidente de Nación Seguros (adjunto notificación firmada por el Subjefe del Estado Mayor General de la Armada) y al citado prestador que a partir del 10 de enero del corriente año, no está autorizado a gestionar ningún tipo de póliza de seguro” con esa fuerza. La comunicación tiene fecha 29 de febrero.
Al productor intermediario desafectado lo habían autorizado en 2022 para que se encargara de las “operaciones de seguros y a realizar las gestiones administrativas y de siniestros que de estas pólizas se desprendan”. Son medidas que se tomaron después que estalló el escándalo y mientras aparecen revelaciones de presuntas irregularidades tanto en los contratos como en los intermediarios.
En Seguridad
En el Ministerio de Seguridad, antes de que estallara el escándalo de los seguros, ya habían tomado distancia de toda esa maraña indescifrable donde intervenían productores intermediarios. Con la firma de Martín Siracusa, secretario de Coordinación del organismo que encabeza Patricia Bullrich, se había decidido “dejar sin efecto, a partir del 11 de diciembre, la designación de septiembre de 2020 del productor asesor de seguros Bachellier, como canal para todo tipo de gestión comercial, administrativa y de asesoramiento integral respecto de las pólizas vigente y las que oportunamente sean contratadas por el este Ministerio”.
Además, en esa carta, a la que accedió Infobae, se solicitó “la designación de un Ejecutivo de Negocios perteneciente a Nación Seguros para el desarrollo de las acciones comerciales con esta jurisdicción”. Como trascendió esta semana en diversos medios, el “negocio” involucrado era, como en el caso de la decisión administrativa que está siendo investigada en el Ministerio de Defensa, de 800 millones de pesos. No era sólo para brindar seguros al personal de las fuerzas de Seguridad, sino también a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En Siracusa destacó que el convenio con Bachellier -que fuentes del mercado indican que pertenecería al emporio de Martínez Sosa- se había firmado en septiembre de 2020. Una discrecionalidad que se remonta al inicio de la gestión pasada.
Martínez Sosa
En el centro del negocio está Héctor Martínez Sosa. Pero también otros dos jugadores de peso en el ambiente de los seguros: Pablo Torres García, que tiene conexiones aceitadas con el PRO, vía el empresario y amigo de la vida de Mauricio Macri, Nicolás Caputo. El tercero es Oscar Castello, de la aseguradora Castello Mercuri SA. En torno a esos tres, hay una constelación de productores y aseguradoras pequeñas que tributan a una casa matriz. En el sector del seguro es una práctica habitual, para distribuir el riesgo.
El lugar central, de todos modos, lo tiene Martínez Sosa, con quien Alberto Fernández tuvo un accidentado inicio de Provincia Seguros. Estaba en esa aventura también Pagliano. Son los amigos de siempre del ex presidente, aunque en las últimas declaraciones públicas afirmó que no tiene contacto con ninguno. Por el paso previo en la Superintendencia de Seguros menemista, el dirigente del PJ Capital sabía que crear una aseguradora del Estado creaba un formidable negocio por su mercado cautivo y porque el Estado nunca quiebra. Los bienes, los recursos humanos y las acciones del Estado son pasibles de ser securitizados. Si está bien hecho, al gobierno en cuestión le puede generar dividendos. Si se autorizan intermediarios, el negocio es para otros.
En otra investigación de Ricardo Roa que publicó hoy Clarín, se reveló que Alberto Fernández compró en esa iniciática década del noventa la empresa Vanguardia a Martínez Sosa. Con esa compañía y la experiencia ganada en el Superintendencia noventista, arrancó la aseguradora del Banco Provincia, que sigue funcionando hasta el día de hoy.
Martínez Sosa mantiene bajo perfil y todavía no decidió dar su versión de los hechos a los medios. Comportamiento inusual. Los carteles publicitarios se pueden ver todavía en la Avenida Lugones con su marca. Al igual que aparece en los costados del auto de Agustín Canapino, el piloto que corre en la fórmula Indy, que en Estados Unidos es popular, como Nascar y la F1. Al piloto lo viene acompañando desde que corría en TC. Es que Martínez Sosa, también, es “fierrero”. Todavía no está claro si él tuvo algo que ver con el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández pagara al piloto casi 400 mil dólares de auspicio por la marca “Visit Argentina”, como reveló La Nación la semana pasada.
Los investigadores que están siguiendo los papeles de este “negocio” dijeron a Infobae que Torres García participó en varios de esas intermediaciones. Se lo vinculó a Sergio Massa, que por ahora se mantiene en silencio y no quiere ni escuchar de todo este escándalo. Con su aval, el diputado Ramiro Gutiérrez publicó un tuit sugestivo: “Ojo Torres García no es amigo de Sergio Massa ni mucho menos; lo conoció hace varios años a través de Diego Santilli y Bruno Screnci en una comida. Lo volvió a ver un 1 de enero de 2016 en una fiesta en Pinamar invitado por Cristian Ritondo y Federico Salvai”. El mensaje todavía sigue publicado en la red X.
El último dato. En el informe que hizo Infobae sobre la rendición de cuentas de los gastos de campaña del 2019, cuando Alberto Fernández le ganó a Macri, el mayor aporte empresario fue de $1 millón y lo hizo Castello Mercuri SA, un broker de seguros con oficinas en Puerto Madero. Ante una consulta de Infobae en aquel momento, desde el comando de campaña de Alberto Fernández respondieron: “Lo chequeamos como hacemos con todos los donantes, en el Banco Central y en Nosis, y no le encontramos ninguna mancha”.
Por Facundo Chaves
Publicado en www.infobae.com
