Yo cumplía 18 años y lo festejábamos con un reducido número de amigos y mi familia en nuestra casa del Barrio Militar, en Azul, provincia de Buenos Aires. Era el 19 de enero de 1974, cerca de las doce de la noche. Mi padre, el coronel Jorge Ibarzábal, era el jefe de una de las dos unidades militares ubicadas en esa localidad del interior bonaerense. A la otra la comandaba el coronel Camilo Gay. Un disparo primero y muchos después cambiaron nuestras vidas para siempre.
Hacía casi un año que el país había recobrado la institucionalidad democrática y nos gobernaba el general Juan Domingo Perón, elegido con una cifra de votos jamás igualada: 62% del electorado. Y, a contramano de la historia, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los grupos terroristas que asolaron a la Argentina en los años 70, atacó las dos unidades para robar armamento y continuar su “guerra popular” para imponernos un régimen socialista, como el de Castro y Guevara en Cuba. El presidente, esa misma noche y públicamente, los llamó “reducido número de psicópatas y mercenarios a los que hay que exterminar uno a uno para el bien de la República, porque se oponen a las grandes mayorías nacionales y ya cuentan con el repudio unánime de la ciudadanía”.
Los terroristas asesinaron al coronel Gay, a su señora, Hilda Cazaux, y al soldado Daniel González. Tras fracasar en su intento, huyeron llevándose secuestrado a mi padre, al que mantuvieron cautivo diez meses en una “cárcel del pueblo” para luego asesinarlo. Una mano asesina terrorista, despojada de los mentados derechos humanos, terminaría con su vida. Nuestras familias fueron devastadas. No tengo odio y trabajo por la concordia política; sin embargo, me laceran las injusticias que subsisten.
En la Argentina de hoy, por poner un ejemplo, Luis Lea Place, que había estado preso por integrar el ERP, fue liberado por la amnistía de Héctor Cámpora en 1973, al año siguiente participó del asalto al cuartel de Azul; fue detenido, juzgado y encarcelado. Años después, durante el gobierno kirchnerista, cobró una indemnización, actualizada a hoy, de $134.619.826 y fue funcionario de Derechos Humanos.
A 50 años de los hechos, agradezco a quienes siempre mantuvieron vivo el recuerdo, jefes, suboficiales, soldados y la ciudadanía azuleña, que, a través de tantos años, cada 19 de enero conmemoran esta gesta de los que con patriotismo y heroicidad defendieron la unidad. La violencia de los 70 es un hecho trágico del pasado que no debe seguir deteniendo el presente y futuro de los argentinos, pero es imprescindible superarlo con verdad, historia y justicia para todos.
Que no nos gane el olvido.
Silvia Ibarzábal
Vicepresidenta de la Asoc. de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina.
Publicado en www.lanacion.com.ar
