La denuncia fue hecha por el Dr. Gonzalo P. Miño, abogado defensor de dos policías en la Provincia de Santa Fe y publicado en Prisionero en Argentina (www.prisionerosenargentina.com) cuyo contenido se transcribe textualmente:
“Juicios de lesa: ¿otra vez sopa? El león tiene que dejar de agitar su melena y poner lo que hay que poner, los huevos de león
Por Dr. Gonzalo P. Miño.
Aún el nuevo Presidente de la Nación no había terminado de sentarse en el sillón de Rivadavia, sus ministros todavía acomodaban sus papeles en sus despachos y la sociedad empezaba a masticar las medidas económicas dispuestas por el flamante Ministro de Economía de la Nación; cuando la Suprema Corte lanzó dos nuevos fallos revocando las detenciones domiciliarias de dos imputados en las denominadas causas de lesa humanidad.
Se trata de personas adultas mayores, con serios problemas de salud y más que acreditada -en sus respectivos legajos- la falta de adecuada y eficaz atención médica por parte del Servicio Penitenciario Federal.
A los máximos togados del país no les importó. Recurriendo a los remanidos argumentos que sistemáticamente vienen esgrimiendo desde hace años, volvieron a sostener que se trata de causas donde el Estado tiene el deber de juzgar y condenar a genocidas, que la edad de setenta (70) años no es un requisito autónomo y por lo tanto el mismo requiere también problemas de salud, asegurando que a pesar de tener los imputados problemas de salud, estos pueden estar tratados en una cárcel. Fin del cuento.
Estos dos fallos, los que se conocen hasta ahora, los cuales se replicaran seguramente en las próximas semanas, son un claro mensaje al nuevo gobierno: que les importa un pito que el león sea Presidente y su Vice hija de militares y defensora de las víctimas del terrorismo, como lo que hayan dicho en la campaña electoral; ellos seguirán confirmando condenas y revocando domiciliarias y libertades. También es un giño a los organismos de derechos que blanden la bandera de “Ni un paso atrás”; regalándoles un: “nosotros también… ni un paso atrás”.
Ya lograron lo que querían, que les archiven el pedido de juicio político que le había iniciado el anterior gobierno, ahora a seguir “con la nuestra”; afirman quienes transitan asiduamente los pasillos del cuarto piso de la calle Talcahuano.1
Horas después de esos fallos, en la cena anual de la Asociación de Magistrados, el flamante Ministro de Justicia de la Nación les dijo: “Trabajen tranquilos. No va a haber política. No va a haber presiones. No se los puede juzgar por sus sentencias”. Siendo más que claro: “me siento uno de ustedes…”. Vaya expresiones. Pensar que cuando era un simple abogado y oficiaba de panelista de un programa a la medianoche, criticó fallos de esta misma Corte que revocaba domiciliarias de ancianos o convalidaba prisiones preventivas largamente excedidas en los términos de la ley.
Más aún, en declaraciones del día de hoy (17/12/2023) a un diario de gran tirada nacional, fue contundente: “Alberto Baños y Marcelo Ruiz y las jóvenes que los acompañan tuvieron una recepción muy cordial y muy amistosa de todos los organismos de Derechos Humanos en la ex ESMA. Todos los juicios que están en trámite seguirán por su canal normal a través de la justicia en forma independiente y libre y con los estándares que hoy existen…”.
En sintonía con ello, nada ha expresado el nuevo gobierno que ha lanzado un feroz plan de ajuste en la administración pública, de las anquilosadas y elefantiásicas estructuras montados y mantenidas por todos los gobiernos desde hace más de veinte (20) años, dedicadas exclusivamente a los denominados juicios de lesa humanidad. Así hoy tenemos un ejército de abogados, psicólogos, psiquiatras, licenciados en historia, expertos en reglamentos policiales y militares, historiadores, administrativos y hasta personal de seguridad para los testigos; que usufructúan un discrecional presupuesto dinerario, que a ciencia cierta nada sabe cuánto es, pues cuando se pide esa informan siempre responden: “no se puede dar, es información sensible”. El portavoz presidencial dijo: “vamos a combatir el empleo militante”. ¡Más empleo militante que estas estructuras no hay! Pero por ahora, como dice esa vieja canción italiana: “Parole parole”.
Tampoco dijo nada hasta ahora, la reciclada nueva Ministra de Seguridad de Nación sobre cómo afectará el implacable recorte presupuestario de la administración pública en la operatividad del Servicio Penitenciario Federal, que ahora está bajo su mando. Ya mediante Resolución nº 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de fecha 25/3/2019 se ha dispuesto en su art. 1º “Declárese la ’emergencia en materia penitenciaria’ por el término de TRES (3) años a partir de la publicación de la presente”. Esta emergencia penitenciaria fue prorrogada por Resolución 436/2022 de fecha 2/5/2022 por “dos años más”. Estando ya notablemente resentida la operatividad y capacidad medica de las unidades carcelarias, es de esperar que el dramático recorte presupuestario las flaquee aún más. El silencio oficial al respecto hace que los jueces avancen en sus revocatorias de domiciliarias, con el cínico argumento que las cárceles son una mezcla de Fleni y Fundación Favaloro.
Nada dicen ni los jueces y ni los actuales gobernantes, que la esta última Resolución que prórroga la emergencia carcelaria, dispone en su art. 2: “… mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas, en particular para grupos especialmente vulnerables”. ¿Será que los ancianos no están incluidos en el grupo de vulnerables, por ser “de lesa”?.
Literalmente se nos “ca… de risa” en la cara.
Es cierto que el nuevo gobierno recién asume, pero no es menos cierto que urge restablecer el Estado de Derecho. Los tiempos corren y se acortan. Entendemos que el nuevo gobierno tenga la mirada puesta, casi en exclusivo, en la situación económica y que para ello haya lanzado rápidamente medidas económicas tendientes a evitar que el país vuele por los aires en esa materia; pero también es necesario que adopte diligentemente medidas en el campo legal para evitar que el país siga volando por los aires en materia jurídica.
Ello, no solo en honor a poner el pasado reciente en su verdadero lugar (perdido por un falaz y espurio relato) sino también por el presente, siendo que se les va a ordenar a los jóvenes integrantes de las actuales fuerzas de seguridad a cumplir con el protocolo anti piquete, exponiéndolos a ser juzgados igual que lo fueron aquellos jóvenes que cumplieron con la misma orden de un gobierno constitucional de combatir al delito, por aquellos años el terrorismo. No se puede ser tan “infantil” de clamar por la independencia del Poder Judicial, cundo este está ideologizado o cuando menos totalmente consustanciado con los “derechos humanos” y ha hecho -como ya dijimos en la columna anterior- de la mala praxis judicial lo habitual. Muchos abrazos y complacencia en la cena de la Asociación de Magistrados, pero finalizada la misma los jueces expresaron “su preocupación” publica por el nuevo Protocolo anti piquete. No es muy difícil advertir lo que se viene.
Ante esta realidad y con esta “Justicia” es impensado, por lo menos en el corto plazo, tan siquiera pretender que se abran causas penales contra los integrantes de las organizaciones terroristas, que también deberían ser juzgados.
Por ahora festejamos aisladas y efímeras victorias que irremediablemente transformará el Máximo Tribunal en dolorosas derrotas. Tan solo cantos de sirena que nos conduce a una vana ilusión. Espejismos que nos hacen ver cerca una realidad que aún está muy lejos.
El león tiene que dejar de agitar su melena y poner lo que hay que poner, los huevos del león. Sino terminará como su asesor, el ex Presidente de la Nación del cambio, que auguró que iba a acabar con el curro de los derechos humanos y los terminó convalidando”.
