El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que en la gestión anterior estaba vinculado a la cartera de Justicia, pasará a formar parte del ministerio encabezado por Patricia Bullrich. Ya estaba bajo su órbita el Servicio Penitenciario Federal
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se hará cargo del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que pasará del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, a su cartera. Se trata del área que le brinda seguridad y confidencialidad a las personas que declaran como arrepentidas en causas por delitos de crimen organizado y que tuvo bajo su órbita a varios imputados que así lo hicieron en causas de corrupción contra el kirchnerismo.
Fuentes oficiales informaron a Infobae que el traspaso del programa fue acordado entre ambos ministros y se redacta la resolución para la modificación. “El cambio tiene una lógica en la práctica”, explicó un funcionario que trabaja en el tema. “Si bien en la protección de testigos e imputados hay una parte civil que corresponde al Ministerio de Justicia el núcleo central es la seguridad y el cuidado de las personas y eso lo hacen las fuerzas de seguridad”, agregó.
El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se creó por ley en 2003 y está a cargo del Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. El objetivo es preservar “la seguridad de imputados y testigos que se encontrasen en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal” para delitos de lesa humanidad, narcotráfico, secuestro extorsivo, terrorismo, trata de personas y delincuencia organizada o violencia institucional.
El ingreso al programa es voluntario de la persona que decide declarar como arrepentido y tiene como condición que su testimonio en la causa tenga “validez, verosimilitud e importancia del aporte” y siempre que involucre a personas superiores en la estructura criminal. Para esas personas el estado le otorga protección y una ubicación confidencial y en el juicio oral la posibilidad de tener una pena menor.
El programa tuvo su pico durante el gobierno de Mauricio Macri cuando varias personas declararon como arrepentidas en causas de corrupción. Una de ellas fue el ex secretario de Obras Públicas José López quien lo hizo en la Causa Cuadernos, lo que le permitió salir de la cárcel. En ese expediente una treintena de acusados declararon en esa condición pero no todos pidieron ingresar la programa. Quien sí lo hizo fue Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación Federal que escribió los cuadernos.
También formaron parte del programa Leonardo Fariña, por su testimonio en la causa de lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez; Alejandro Vandenbroele por el caso Ciccone del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou; y Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner que declaró en esa condición en las causas Los Sauces-Hotesur en la que la ex presidenta está acusada de lavado de dinero y de ser la jefa de una asociación ilícita.
Por el ingreso de Vandenbroele al programa, hubo una causa judicial en la que se investigó si los fondos que recibió del Estado -mientras estaba en el programa el Ministerio de Justicia- fueron otorgados de manera lícita.
Esta es la segunda función que estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación que pasa al de Seguridad. La primera había sido el Servicio Penitenciario Federal, o sea, todas las cárceles federales del país -8 complejos y 27 unidades que están distribuidas en 13 provincias- que tenía su jefatura política (la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios) en el ministerio de Justicia y que, con el gobierno de Javier Milei, pasó a Seguridad.
De esta forma, Bullrich tendrá a su cargo todas las fuerzas federales del país ya que los agentes penitenciarios también son una fuerza.
Por Martín Angulo
Publicado en www.infobae.com
