Señor director:
Arrésteme ignorantes y pónganme cadenas si soy un negacionista que me perdone Dios. Ante la posibilidad de que se promulgue una ley que imponga penas a aquellas personas que incurran en negacionismo (léase decir la verdad) escribiré lo suficiente para tener el privilegio de ser el primer culpable de tal enorme hecho delictivo, o sea el de decir la verdad.
Será divertido porque la ley tendrá que decir: Se reprimirá. La acción de las fuerzas armadas y de seguridad fue originada por el antecedente de lo ocurrido el 25 de mayo de 1973 en que el gobierno de Héctor J. Cámpora dejara en libertad a los terroristas puestos presos por la actuación, dentro de la Constitución Nacional y las leyes vigentes, de la Cámara Federal en lo Penal. Es evidente que consideraron que un nuevo Gobierno nacional pudiera volver a dejar libres a los terroristas, que en su momento no aprovecharon la libertad obtenida para hacer una nueva vida de trabajo y/o estudio sino que tomaron nuevamente las armas (Léase el libro de Juan Bautista Yofre ‘Volver a matar’). De todos modos, desaparecer a los terroristas fue un error. Tendría que haberse formado tribunales de guerra y decidir el fusilamiento. De esa forma no hubieran aparecido las madres de Plaza de Mayo (que se acordaron de que tenían hijos cuando desaparecieron) y las abuelas a las que se les habría entregado sus nietos con un informe del motivo del fusilamiento de sus hijas. Para que no quepan dudas que debo ir preso agregaré que los desaparecidos no fueron 30000, extraño número redondo. Y esto no lo invento, me lo dijo personalmente Luis Labraña, ex militante de Montoneros, al que se le ocurrió decir ese número para que se pudiera considerar un genocidio. Agregaré, por si corro el peligro de que no se me aplique la ley contra el negacionismo, que el informe de la Conadep fue elaborado por personas que eran reconocidas en sus diferentes actividades, pero no tenían los conocimientos ni la capacidad para esa tarea. Tanto es así que figuran, entre los desaparecidos, personas con nombre y apellido, pero sin número de documentos. Asimismo, de los 8961 desaparecidos que presentó la Conadep fueron “apareciendo” mucho más de la mitad. Entre ellos una jueza de la CSJ, ya fallecida, que había figurado como desaparecida. Los menos de 4000 desaparecidos, que quedan luego de limpiar la lista con los “aparecidos” hoy estarían en el gobierno nacional y en algunas provincias y en la legislatura.
JOSÉ BRUNETTA
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Publicado en la Prensa.
