Se abrió la temporada de “caza de negacionistas”. Parece que abundan y, desde el Estado, se llama a ejercer un severo control sobre estos sujetos que, según dicen, ponen en peligro a la democracia.
Todo comenzó cuando un grupo de familiares de víctimas de las bandas ERP y Montoneros decidieron realizar un homenaje a sus muertos. Arturo Larrabure, hijo del Tte Cnel Argentino del Valle Larrabure, quien fuera secuestrado y confinado en una caja de 1 x 2 m durante 372 días y luego asesinado; Lorenza Ferrari, cuya hija murió en un atentado en 1975; y Graciela Saraspe, hija de Oscar, un hombre asesinado en un bar de Santa Lucía, Tucumán, en 1974, fueron los principales oradores del acto realizado en el palacio legislativo porteño el 4 de setiembre pasado. Acto que provocó el repudio de distintos sectores de la política, el sindicalismo y la Iglesia.
Larrabure, Saraspe y Ferrari fueron acusados de “negacionistas” y de reivindicar a los “genocidas” de la dictadura. Hay que recordar que los crímenes contra sus familiares fueron cometidos en plena democracia, lo mismo que la reacción represiva del Estado.
Ahora bien, ¿por qué el homenaje de familiares a las víctimas del terrorismo erpiano y montonero constituye un acto de “negacionismo”? ¿Qué es lo que niegan Larrabure, Saraspe y Ferrari para que el Estado y otros poderes los maldigan con la marca cainita de “negacionistas”?
¿Acaso mencionar que sus seres queridos fueron asesinados por los guerrilleros constituye un acto de negacionismo?
Nadie niega la represión de la dictadura contra los subversivos. El mismo general Jorge Rafael Videla la admitió. También, el general Benjamín Menéndez y otros.
De lo que nadie habla, y hasta cierto punto se niega, es que la represión contra los que declararon la guerra al gobierno constitucional la inició el propio Perón y, luego, su esposa y sucesora. Nada más auténticamente peronista que la Triple A y los decretos de aniquilamiento de la subversión firmados por María Martínez de Perón e Ítalo Luder.
Es una certeza que en este país hay víctimas de primera y víctimas de cuarta. Acaba de confirmarlo el general kirchnerista Milani quién, en un claro ataque a la candidata Victoria Villarruel, dijo: “Yo reivindico a las víctimas del ERP y de Montoneros, pero no las pongo a la altura de las otras víctimas”.
Así, Mario Roberto Santucho, el comandante del ERP que abatió y fue abatido por el capitán Leonetti, es una víctima de primera, mientras que el capitán es una víctima de cuarta.
Idéntica categoría (de cuarta) le corresponde a la niña de tres años María Cristina Viola (asesinada por orden de Santucho) y a la joven Paula Lambruschini (asesinada por Perdía, Vaca Narvaja y Firmenich).
Otra evidencia de esto son las millonarias indemnizaciones (200.000 dólares de promedio) que recibieron del Estado los familiares de los terroristas desaparecidos o muertos por el gobierno peronista y el militar. Y no sólo dinero, también reconocimiento público a través de monumentos, películas, libros, etc. Para los otros (los de cuarta), cualquier homenaje solo merece repudio.
Que el hombre que está en la Casa Rosada haya salido a hablar de “negacionismo” es otra infamia. Ello porque Alberto Fernández preside el partido político que inició la represión “genocida”. Lo dijo, además, en un acto acompañado por la madre de plaza de Mayo “Tati” Almeida, cuyo hijo, Alejandro Almeida, de 20 años, fue desaparecido el 17 de junio de 1975 por la organización paramilitar peronista Triple A. ¿Qué hace dentro del partido que asesinó a su hijo?
Lo mismo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, cuyo padre fue secuestrado y muerto el 15 de octubre de 1975 (diez días después de haber atacado el regimiento de Formosa) por otra banda paramilitar del peronismo.
¿Por qué Pietragalla se opone al homenaje a Larrabure? ¿Acaso no le reconoce derechos humanos por ser una víctima de cuarta?
En la Cámara de Diputados de la Nación se han presentado proyectos de ley para reprimir penalmente a los “negacionistas”. El último es el de la diputada peronista de la provincia de Jujuy, Carolina Moisés.
De aprobarse la ley, el próximo homenaje de Larrabure a su padre lo llevaría directamente a la cárcel.
Otra consecuencia no menor sería que los historiadores, so pena de ir presos, para el período que va del 24 de marzo de 1976 hasta la asunción de Alfonsín, dejarían su ocupación de investigadores.
Dos más que imploran para que los legisladores aprueben dicha ley son el ex juez León Arlanián, y el dueño de medios, Jorge Fontevechia. Los “negacionistas” ponen en peligro la democracia, sostienen.
Sería bueno que explicaran en su solicitud: cómo una ley fascista puede salvaguardar a la democracia. Prohibir homenajes a víctimas inocentes es un atentado a los derechos humanos de éstos. Penalizar, desde el Estado, al que afirma que en la Argentina de los 70 hubo una guerra y no un genocidio también es atentar contra los derechos humanos de los que piensan distinto. Cazar “negacionistas” y cazar brujas son dos maneras de violar derechos humanos.
POR MAURICIO ORTÍN
Integrante del Centro de Estudios Salta
Publicado en La Prensa
