Tras la ocupación de La Calera el 17 de julio de 1970 se pudo encontrar el cadáver del general Aramburu e identificar a los miembros de la naciente organización armada “Montoneros” que lo mataron. Las cartas de Paladino a Perón, que negaba la participación del peronismo en el secuestro. Las acusaciones contra Onganía hasta lograr su renuncia y las diferencias entre Livingstone y Lanusse.
El viernes 29 de mayo de 1970 se celebró el Día del Ejército en el Colegio Militar de la Nación y, además, se cumplía un año del “cordobazo”. Tras las ceremonias militares, como era una costumbre en esos años, tras las palabras del comandante en Jefe se pasó a un salón para un brindis. El general el presidente de facto Juan Carlos Onganía, en presencia de los otros dos comandantes en Jefe, le preguntó a al general Alejandro Lanusse qué repercusión habían tenido sus palabras ante el generalato, en la reunión de Olivos, dos días antes. La respuesta fue cauta pero sincera: “Las conclusiones que sacaron los generales fueron, por supuesto, variadas, pero puedo ubicar, dentro de la amplia gama de puntos de vista, a dos sectores: el sector de los generales que no entendieron lo que usted quiso decir y el sector de los generales que están en total desacuerdo con lo que usted dijo.” En esos momentos del diálogo, un oficial se apersonó e informó que había sido secuestrado el teniente general Pedro Eugenio Aramburu.
Entre el 29 de mayo y el 8 de junio de 1970 se sucedieron innumerables reuniones del presidente Onganía con los Comandantes en Jefe; de funcionarios de la Administración Pública con altos jefes militares; cónclaves de altos mandos en las tres Fuerzas Armadas; conciliábulos de dirigentes políticos. El 30 de mayo, Perón dejó trascender que el hecho era contrario al espíritu del peronismo, dando a entender que los autores no eran justicialistas.
El sistema político se conmovió tras el secuestro y Onganía reclamaba una autoridad que ya no tenía y una seriedad que había perdido el 27 de mayo en la cumbre con el generalato. El poder no estaba en la calle, se encontraba en los cuarteles y había llegado la hora del reemplazo.
El lunes 1º de junio se realizó una primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Al día siguiente se llevó a cabo la segunda en la que el ministro del Interior, Francisco Imaz, puso de relieve la condena peronista al secuestro del ex presidente de facto. Lanusse completó el concepto diciendo que Jorge Paladino, el delegado de Perón, también culpaba al gobierno y propuso convocar a la dirigencia política. El jueves 6 se conoció la creación del Comité de Seguridad y por el decreto 1732 se designaba como secretario de Seguridad al general de brigada Alberto Samuel Cáceres Anasagasti. Según Gustavo Caraballo (más tarde Secretario Legal y Técnico de Perón), la designación fue realizada “para comprometer al Ejército en una acción legal evitando caminos tortuosos que sólo conducirían a la guerra civil”. Para ese entonces las organizaciones armadas existentes hacía rato que hablaban de “guerra”.
El miércoles 3 de junio, Jorge Daniel Paladino le escribió a Perón que desde el 30 de mayo había querido comunicarse con él por teléfono pero que no lo llamó para “no ponerlo en el compromiso de que sus primeras opiniones, mi General, dichas así con la información deficiente que yo podría darle telefónicamente, fueran grabadas como graban todo aquí y pasaran a estudio de los múltiples servicios de informaciones. Entendí que en estos momentos Perón es la última palabra y no debíamos jugarla de entrada.” Este largo informe de 4 páginas constituye el mejor testimonio sobre la posición del peronismo, el desconcierto del momento y refleja el clima de época de un vasto sector de la dirigencia argentina.
“En los ‘comunicados’ de los secuestradores, relata el delegado de Perón, se advierten dos cosas: una, que no atacan ni al gobierno ni a la situación del país. Dos, que sugieren que son peronistas. Es decir, tratan de echarnos la culpa a nosotros. Pero todo ha sido tan burdo que en este aspecto han fracasado. Ni las masas se han dejado engañar, generalizándose la creencia general que la mano del gobierno está en esto, ni los ‘gorilas’ se han confundido”.
“Prueba de esto, asegura Paladino, es que los ex ‘comandos civiles’ han dado un documento que ha sorprendido a muchos invitándonos a ‘dialogar’. Descartan cualquier participación peronista en el hecho y dicen que ya no son enemigos nuestros […] Esta actitud de los ‘gorilas’ auténticos, más la visita de Frigerio y Monseñor Plaza, más otra visita del Dr. Enrique Vanoli, segundo de Balbín, y otros contactos de sectores políticos no peronistas, constituyen uno de los elementos del nuevo panorama […] Hasta el momento no se sabe si Aramburu está vivo o está muerto. Lo que sí parece claro es que el secuestro ha sido obra de elementos organizados adictos al gobierno. Ya los sectores ‘gorilas’, civiles y militares, comienzan a acusar a Onganía. Por lo que yo sé esta actitud se irá incrementando. Además estos sectores se han dedicado a hacer la investigación del hecho que la policía y el gobierno no saben o no quieren hacer. El gobierno está dando espectáculo con miles de hombres en la ‘gran cacería’, helicópteros y aviones, como en las películas. Pero todo el mundo sospecha que se trata de un gran ‘camelo’.
El lunes 8 de junio, el Comandante en Jefe del Ejército emitió un comunicado, a las 11.20 por Radio Rivadavia, informando que “la responsabilidad asumida por el Ejército, en la Revolución Argentina, es incompatible con la firma de un nuevo cheque en blanco al Excelentísimo señor Presidente de la Nación, para resolver por sí aspectos trascendentales para la marcha del proceso revolucionario y los destinos del país.” Unos minutos más tarde se emitió otro comunicado, firmado por el presidente de la Junta de Comandantes, almirante Pedro Gnavi, suspendiendo una reunión cumbre del almirantazgo con Onganía. Desde ese momento la Armada entró en estado de acuartelamiento y a las 15.20 el Ejército está listo para cercar la Casa de Gobierno y tomar las radios. A las 14.55, los tres Comandantes en Jefe dieron a conocer una declaración, informando que reasumía “de inmediato el poder político de la República”, e invitaba “al señor teniente general Onganía a presentar su renuncia al cargo que hasta la fecha ha desempeñado por mandato de esta Junta.” El presidente depuesto, tras largas horas de espera, fue al Estado Mayor Conjunto y entregó su renuncia.
De acuerdo a lo que me relató el general Panulo (luego Secretario General de la Presidencia con Lanusse), “en las reuniones para analizar la caída de Onganía y el nombre de su sucesor, el almirante Pedro Gnavi –que había trabajado con el general Roberto Marcelo Levingston en la SIDE—propuso su nombre, y el brigadier Rey aceptó de inmediato para bloquear a Lanusse. El sábado 13 de junio, Levingston –en ese momento Agregado Militar en Washington-- fue llamado por teléfono por Lanusse y le ofrece la Presidencia de la Nación. Pocos días más tarde es hallado el cadáver del ex presidente Aramburu. El jueves 18 de junio de 1970, Roberto Marcelo Levingston asumió de facto la Presidencia de la Nación. Su período fue corto, plagado de intrigas palaciegas, desinteligencias y la cotidiana violencia subversiva que aparecía siempre por detrás de la crispación ciudadana. Como un signo de esos momentos, Perón le envió una conceptuosa carta a Ricardo Balbín, el jefe radical, y el miércoles 11 de noviembre de 1970 se creó en la casa de Manuel “Johnson” Rawson Paz el agrupamiento “La Hora del Pueblo”.
Finalizado el procedimiento, el cadáver es trasladado al Regimiento de Granaderos a Caballo a fin de realizar “las diligencias de reconocimiento médico-legal y autopsia.” El doctor Dardo Echazú, médico legista de la Policía Federal, realizó el informe del cuerpo. Tras retirar los elementos que se utilizaron para atarlo, como la mordaza y la corbata (etiqueta “Revoul-Paris”) fue analizando cada parte del cuerpo. El examen traumatológico presenta las siguientes lesiones: “1º) en la región temporal derecha a 1,64 metros del talón, se aprecia un orificio como de herida de bala… 2º) otro orificio en la región parieto-occipital izquierda, a 1,67 mts. del talón… 3) a unos 4 centímetros por encima y delante del anterior se aprecia otro orificio de características similares a los anteriores… 4º) en la cara anterior del pecho, a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo y casi sobre el borde del esternón, se ve una herida en sacabocado de unos 3 a 4 mm. de diámetro, rodeada de una zona ennegrecida cuya naturaleza no se puede precisar. Puede ser orificio de entrada de una bala… 5) del mismo modo, por debajo del ángulo escapular izquierdo, a 1,22 mts del talón, se ve también otra solución de continuidad de la piel que puede ser un orificio de salida.”
Entre otras consideraciones, el médico legal, estimó que “el amordazamiento, la ligadura de los brazos y los pies, indican también que eran varios los agresores a menos que la víctima haya estado inconsciente…”.
El informe policial concluye: “El hallazgo del cadáver en la estancia “La Celma”, dio lugar a que se realizara una amplia y detallada inspección del casco, dependencias y terreno correspondiente a la misma, en busca de elementos o pruebas tendientes a determinar si la muerte de la persona cuyo cadáver se hallara, se había producido allí o si por el contrario, solo se le había llevado después de muerto para su ocultación mediante entierro. Esas diligencias, como el interrogatorio de los escasos testigos, vecinos de la estancia, no aportaron resultados positivos.”
Los problemas entre el Presidente de facto y Lanusse comenzaron a las pocas semanas del 18 de junio de 1970. En otro informe Paladino le cuenta a Perón que “la situación política general evoluciona rápidamente (…) Ya está el desacuerdo entre Levingston y Lanusse. No se ha llegado todavía al enfrentamiento pero la lucha por el poder ya está planteada. “El ‘Caso Aramburu’ juega dentro de este mismo contexto. Cuando la presión para crear una Comisión Investigadora arreciaba, el Gobierno hizo aparecer el cadáver, montó un entierro solemne de tipo oficial-militar, no dejó hablar a los amigos políticos de Aramburu, y con todo esto entiende que también han enterrado el problema. Los amigos de Aramburu se vieron desbordados por la distención promovida por el gobierno y entonces se desbocaron un poco, acusando directamente del crimen, por instigación o negligencia culposa a los generales Fonseca, Ímaz y el mismo Onganía (…) La cuestión ahora es qué fuerza le queda a los amigos de Aramburu para seguir adelante con la investigación que reclaman. Los que quieren tapar el crimen son muchos más que los que quieren descubrirlo.”
Hoy pocos dudan de la autoría de Montoneros en la muerte de Aramburu. Algunos sostendrán que la Operación Pindapoy se hizo para impedir la caída de Onganía. Y lo cierto es que el presidente de facto ya estaba condenado luego de la reunión de Altos Mandos del Ejército del 27 de mayo. Es más, quizá hubiera caído antes si no fuera porque todo quedó en un segundo plano tras el secuestro de Aramburu. Otros dirán que los integrantes del grupo montonero habían sido armados y financiados por gente cercana al gobierno. Sobran razones que aventuran alguna conexión con uno u otro integrante del comando, pero nadie pudo probar ni la instigación, ni mucho menos la complicidad en el asesinato.
Tras la operación del pueblo cordobés de La Calera, el 1° de julio de 1970, se comenzó a desentrañar el “misterio” de la organización Montoneros. Norma Arrostito, en un escrito con fecha diciembre de 1976 dirá: “Con la toma de La Calera se pretende lograr una continuidad táctica operativa, que estratégicamente no se estaba en condiciones de mantener. La falta de experiencia, de infraestructura logística, de inserción política son los elementos, que sumados conducen a la derrota. La represión que acarrea esta operación deja a la organización casi desmantelada. Los cordobeses y porteños juntos no suman una quincena, que se guarece en Capital Federal. En Córdoba los periféricos de la Organización quedan desconectados, el contacto con Santa Fe está roto o era muy débil en esa época y Buenos Aires no tiene mucho que aportar, logísticamente hablando”.
La mayoría de sus asesinos venían de vertientes ligadas con el nacionalismo y la Juventud Católica Argentina; otros del catolicismo postconciliar. Pocos como Fernando Abal Medina y Emilio Ángel Maza integraron la Guardia Restauradora Nacionalista, una escisión gorila de Tacuara, según me reitero mi amigo Emilio Julián Berra Alemán, el último “comandante” y defensor de Perón en Ezeiza: “Tacuara por ejemplo, ayudó a Andrés Framini en la campaña a gobernador de 1962″. Esther Norma Arrostito había militado en la FEDE comunista, lo mismo que su marido Rubén Ricardo Roitvan. Gaby Arrostito fue más tarde pareja de Abal Medina. Maza, Abal Medina y Arrostito, a su vez, se entrenaron en Cuba, en 1967, en el marco de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), una suerte de multinacional de bandas terroristas digitadas desde La Habana e insertadas en la Guerra Fría. Ignacio Vélez (lo mismo que Maza) fue formado en el Liceo Militar General Paz.
En definitiva fueron ocho los que intervinieron en la Operación Pindapoy contra Aramburu: Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramus, Ignacio Vélez Carreras, Emilio Ángel Maza, Carlos Capuano Martínez, Mario Eduardo Firmenich, Norma Arrostito y su cuñado Carlos Maguid. Así lo relataron el 3 de septiembre de 1974 en el semanario La Causa Peronista Nº 9, el semanario que dirigía Rodolfo Galimberti. El relato fue tomado como una provocación por el gobierno. No estaba equivocado, setenta y dos horas más tarde la organización Montoneros pasaba a la clandestinidad mientras gobernaba la Argentina la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón.
El segundo motivo que dio la organización para aplicar la condena de muerte al ex presidente fue que “preparaba un golpe militar… y del que nosotros teníamos pruebas”. Tenían razón porque era vox populi que Aramburu era una figura de recambio para poner fin al onganiato. Para los estudiosos quedó un dato sin aclarar. Hemos dicho que se probó la participación de 8 miembros en el asesinato, pero en realidad fueron 9. El noveno fue testigo presencial del asesinato del ex presidente, según me reconoció Mario Firmenich y otros miembros de la banda. El N° 9, a quien algunos misteriosamente llaman “Manuel” todavía goza de buena salud.
Por Juan Bautista Yofre
Publicado en La Nación
