El Estado nacional le está cediendo a un grupo que se afincó de modo violento en Villa Mascardi el sitio usurpado, otorgándole carácter sagrado.
Tal como consignamos días atrás en esta columna editorial, el Estado nacional acordó reconocer como “sitio sagrado” de la comunidad de encapuchados Lafken Winkul Mapu, un espacio de 10 hectáreas en Villa Mascardi. Los usurpadores colocaron allí un objeto de madera que consideran “sagrado” para que su jefa espiritual o “machi” pueda poner en práctica “sus dotes de sanación” dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los años de civilización, el proceso de secularización y de búsqueda de instituciones que promuevan una ciudadanía libre y lúcida que ha permitido la práctica de cualquier fe religiosa en el ámbito de lo privado parecen haber sido abolidos por las actuales autoridades.
Como todo grupo humano, los pueblos indígenas poseen sitios sagrados, símbolos esenciales de su identidad. Integran su patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio. Sin embargo, imponer al pueblo argentino un acuerdo celebrado casi a escondidas entre la Secretaría de Derechos Humanos y Parques Nacionales y miembros de una supuesta comunidad nunca registrada constituye un acto de inusitada gravedad institucional. A este grupo que se afincó en Villa Mascardi de modo violento, ahora el Estado le concede sin más el sitio usurpado otorgándole carácter sagrado.
Es necesario recordar que la causa judicial relacionada con los numerosos hechos delictivos perpetrados en Villa Mascardi está suspendida a la espera de juicio oral y público por intromisión del Poder Ejecutivo Nacional. A la fecha existen detenidos y prófugos de la Justicia por haber usurpado y vandalizado al extremo tanto propiedades públicas como privadas. En ese contexto y entrometiéndose nuevamente en el accionar judicial, violando toda independencia y división de poderes, el Estado nacional crea una supuesta “mesa de diálogo” a la que le faltan patas para buscar una solución a un conflicto que ya se encuentra judicializado y a la espera de juicio oral. A las conversaciones solo fueron convocados los delincuentes y con ellos, a solas, se suscribió este escandaloso e ilegal acuerdo que no contempla ni a los damnificados ni a los vecinos.
Con este injustificable proceder, el Gobierno vuelve a violentar el Estado de Derecho y desalienta la tramitación de la regularización de cualquier comunidad indígena por vías legales: es más eficaz usar capuchas, palos, piedras y bombas y, en el siglo XXI, dar a un pedazo de madera recientemente ubicado en un Parque Nacional el carácter de “sagrado”. Ocurre que basta con que algunas autoridades admitan que el sitio usurpado reviste carácter sagrado para considerar que los hechos ocurridos no han constituido delito.
En un acto de última voluntad destructiva, un gobierno que se despide pretende dar la espalda una vez más a la ciudadanía y a la ley y premiar a los violentos que con actitudes guerrilleras enfrentan a la sociedad y a sus normas.
El propio Sindicato de Guardaparques Nacionales así lo reconoció en un comunicado que expresa: “El acuerdo no solo constituye un antecedente deplorable al pactar conciliaciones con quienes desarrollaron actos de terrorismo, atormentando física y moralmente a personas inocentes, incluyendo funcionarios públicos, apropiándose, ilegalmente y por la fuerza, de tierra del dominio público, destruyendo el ambiente y la propiedad privada; significa también un destrato hacia las legítimas comunidades y pobladores originarios de las áreas protegidas que siguen los circuitos legales de reconocimiento y autorización de uso y ocupación de la tierra, dejando demostrado que la receta de no cumplir con la ley funcionó exitosamente para obtener beneficios ilegítimos, arrogándose derechos de la ley 26.160 de comunidades indígenas, sin acreditar los requisitos que la misma ley exige. Rechazamos todo tipo de entrega de tierras para el asentamiento de cualquier grupo que no haya sido debidamente reconocido, como lo dictamina en las leyes, para su asentamiento en territorios ubicados dentro de los parques nacionales”.
El supuesto acuerdo resulta a todas luces ilegal y es más que justificadamente rechazado por la ciudadanía. De hecho, ya se han iniciado acciones contra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por garantizar la impunidad de quienes han realizado y cometido hechos delictivos. Debe responsabilizarse a todos los funcionarios públicos que entregan tierras de los argentinos a quienes han violado su ley y quemado su bandera. Cometen traición a la patria. Insistir con instaurar una cultura en la que prevalezca la violencia por sobre el imperio de las leyes en un marco de paz es propio de un tan ideologizado como ya vetusto pensamiento. Estos funcionarios son cómplices de quienes han incendiado, robado, amedrentado y dañado a los argentinos. Premiarlos es continuar azuzando una violencia que la sociedad no está dispuesta a aceptar.
Todo el arco político debe pronunciarse enfáticamente y sin demoras para evitar esta entrega ilegal del territorio de todos los argentinos que sienta tan peligroso precedente. Con el mismo compromiso, sociedad y dirigencia deben impulsar el debido castigo para que estas acciones de funcionarios irresponsables no se repitan.
Editorial de LA NACION
