Reproducimos textualmente un trabajo publicado por el Equipo de la UPMAC:
“CREÍMOS EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESULTARON SER ÓRGANOS SUPRANACIONALES “MERCENARIOS”
(La “coima” en la justicia interamericana)
Si uno observa los fallos de la justicia federal argentina en materia de “lesa humanidad” va a notar que todos se “cuelgan” de las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIdeDH), precedentes que son tomados como “textos sagrados” a la hora de impartir justicia.
Esto no es para menos, porque nosotros somos uno de los países que corrimos presurosos a ratificar el llamado Pacto de San José de Costa Rica, que es en sí la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al cual se le dio jerarquía constitucional en la reforma de la Constitución Argentina de 1994.
La jurisprudencia de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue la base para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación armara, en los temas de lesa humanidad a propósito de la guerra revolucionaria de la década del 70 en Argentina, una técnica de injusticia que llevó y lleva a miles de militares a la cárcel, mientras que mediante artes de ese mismo método dejó impunes a los integrantes de las organizaciones guerrilleras.
Pero resulta que los valiosos precedentes de la justicia interamericana no descienden de los principios generales del derecho, sino de algo más terrenal, como es la dádiva, la influencia en base al dinero, en fin: la coima.
El diario INFOBAE, en su edición del 13 de mayo del 2023, da cuenta de una investigación del Global Center for Human Rights sobre un período de 13 años, que pone en evidencia la forma en que lobbistas externos al sistema interamericano de derechos humanos, incidieron en la orientación y temática de sus informes de la Comisión, e incluso de las sentencias de la CIdeDH.
Dentro de este marco, ONG`s y distintos Estados, aportan fondos al sistema interamericano de justicia y así lo obligan a destinar esos dineros para proyectos que ellos definen y deciden”, según lo afirma María Anne Quiroga, directora de Investigación en el Global Center for Human Rights
(GCHR) y coautora, junto con Sebastián Schuff, del informe “Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada”.
Dentro de este propósito, manejar a la CIDH y la CIdeDH, estuvo y está el amparo de actos de violencia en ciertos países, sobre todo de Latinoamérica.
De ello es un claro ejemplo uno de los informes de la CIDH sobre “protesta y derechos humanos”, que fue financiado por la Open Society y publicado tres meses antes del comienzo de las protestas en Chile.
O sea, de antemano la CIDH daba protección legal a los violentos, con su majestuosidad de órgano supranacional.
Esta convulsión social en la nación trasandina fue muy importante y tuvo réplicas en muchos otros países. Este informe sirvió de argumento para proteger a manifestantes muy violentos que han hecho muchísimo daño. Hay otro informe bastante parecido a éste, sobre protestas sociales en Perú.
En síntesis, los “sponsors”, que financian a la CIDH y CIdeDH en más de un cincuenta por ciento, propician la violencia doméstica en Estados miembro de la Organización de Estados Americanos.
Ahora se entiende por qué en la Argentina se canceló toda posibilidad de una política transicional como modo de culminar y restañar las heridas de la guerra interna desatada, principalmente, en la década del 70, a partir de las recomendaciones y fallos del sistema internacional de justicia interamericano. Este fue la fuente donde abrevaron los fallos de nuestra Corte Suprema, para suprimir las leyes de obediencia debida y punto final.
Ellos están propugnando, en definitiva, una nación dividida y una Argentina sin Fuerzas Armadas.
TRABAJO ELABORADO POR EL EQUIPO DE LA UPMAC”
Unión Personal Militar Asociación Civil (www.upmac.org.ar )
