Reproducimos textualmente el Trabajo elaborado por el EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA UPMAC (www.upmac.org.ar):
“EL APORTE DE LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES MARIA EUGENIA VIDAL AL FALSO RELATO SOBRE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE LOS AÑOS 70
“No hay que confundir memoria con historia" Pierre Nora
Durante su gestión como gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal promulgó, sin tapujos, una ley provincial (1.917) que establece que, en los actos públicos, se debe hablar oficialmente de 30.000 detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado de 1976.
La hoy conspicua dirigente del Juntos por el Cambio se apartó del rigor histórico de los hechos y contribuyó al relato que armó el sector anti militar del país, para montar una política de persecución en nombre de los derechos humanos. Veamos por qué.
El informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, publicado en el volumen titulado Nunca Más (1.984) solo consignó 8.961
desaparecidos y no incluyó muertos, pero en su reedición de 2.006, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un listado revisado, corregido, ampliado y actualizado» del anexo respectivo. Cotejando uno y otro, es dable observar que un 28 % de los desaparecidos del primer listado no figura en el segundo, ya fuese por inexistentes o por haberse comprobado que estaban con vida. Y como tras 22 años habían surgido 677 nuevos desaparecidos, hecho el descuento del 28 % sobre las 8961 iniciales, resultaba un total de 7.089 personas en situación de desaparición forzada. Si a ello se suman 1.279 muertos (categoría no incluida en el primer Listado, pero incorporados después, ya que con posterioridad al informe de la CONADEP continuó vigente la posibilidad de denunciar desapariciones) resulta que la lista revisada de 2.006 no mostró un considerable aumento en el número de víctimas sobre los 8.961 casos de personas desaparecidas registrados en 1.984,
sino que, agregados los muertos, se llega a la cifra total de 8.368 víctimas, muy alejada de los 30.000 desaparecidos que, contradictoriamente, la Secretaría de Derechos Humanos denuncia en el prólogo de la edición revisada.
No parece revestir seriedad y resulta más bien inadmisible argumentar a título justificativo del faltante de casi 22.000 nombres o denuncias, que para 2.006 tal ausencia de denuncias se debía al temor a represalias, por otra parte, nunca
denunciadas, ¡tras dos décadas de gobiernos democráticos!....
De modo que la cifra 30.000 adquiere los visos de oficialización de un número presuntamente fraudulento que no se condice con la documentación publicada como respaldatoria, es decir, los listados.
TRABAJO ELABORADO POR EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA UPMAC”
