Hace unos pocos días, el vice-presidente de la Auditoría General de la Nación Miguel Ángel Pichetto, junto al senador Ignacio Torres y Alfredo Cornejo, dieron a conocer en conferencia de prensa, información impactante respecto a la ilegal entrega de tierras a comunidades autopercibidas “aborígenes” o de “pueblos originarios” en lo que se conoce como “Zona de Seguridad de Fronteras”:
un extenso corredor limítrofe, rico en minerales y aguas dulces de valor inmensurable, estratégico y geopolítico para el país.El asunto en sí mismo (robo, descontrol y barbarie en las fronteras del país) significó un reciente y nuevo llamado de atención por parte de la Corte Suprema en el caso “Mapuches vs. Ejército Argentino”, donde el INAE (Instituto de protección de la comunidad aborigen), sin fundamento constitucional ninguno, cedió “gratis” (0 dólar) a una dudosa comunidad mapuche, cerca de 220 hectáreas del Regimiento Andino de Bariloche: a modo de reparo económico y hereditario de aquellas tierras.
Algo más dramático en términos delictivos ocurrió con la estancia Mamul ubicada en los maravillosos valles de Trevelin (Chubut), donde el intendente de aquella ciudad, Carlos Mantenga, otorgó a precio vil (USD 15.000) tal campo que incluye el 45% del Lago Rosario (conocido en el mundo por su reserva de aguas dulces), a unos supuestos herederos de “pueblos originarios”, que al cabo de unos meses revendieron el predio a precio de mercado (USD 8 millones) a una sospechosa organización liderada por extranjeros de nacionalidad ucraniana y rusa. El depósito de lo que se cree es una dádiva o “coima” se concretó en el Principado de Andorra (paraíso fiscal) con cuenta a nombre de las indudables falsas integrantes del indefinido y amplio colectivo de “pueblos originarios”.Tal entramado de operaciones inmobiliarias, a no dudar, son un verdadero escándalo de corrupción y lavado de dinero internacional, del cual participan funcionarios nacionales, provinciales y municipales, así como supuestos empresarios nacionales, políticos de diversas extracciones partidarias y “millonarios” de la talla de los oligarcas rusos y aristócratas de Medio Oriente. Todo bajo la lenta y sigilosa investigación penal del expediente Nro. CFP 9184/20, caratulado “Katunin s/art. 148, 265 y ss. CP. Dte: VTB Bank”.
Lo poco que sí comprobó el expediente, es que existe un “mecanismo” de corrupción, dirigido a permitir el ingreso de activos ilícitos, fruto de crímenes nacionales y trasnacionales, que son blanqueados en la compra de campos en dichas áreas sensibles para la seguridad nacional. Para concretar las operaciones se acude a testaferros del lugar e influyentes escribanos, abogados y contadores que establecen las “cortinas de humo” financieras y notariales falsas: con miras a ocultar la enorme “estafa” o “saqueo” que sufre el país de manera sigilosa, sistemática y profunda.
Este entramado de corrupción, asociación ilícita y lavado de activos cuenta, sin duda, con la connivencia de diversos organismos de contralor, tales como la Dirección Nacional de Zona de Seguridad y Fronteras (dependencia del Ministerio de Seguridad que lidera Aníbal Fernandez), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Unidad Antilavado (UIF): todos ellos “miran sospechosamente para otro lado”, habilitando a que el convoy delictivo y dramático se apodere de las tierras nacionales.
Así se afecta, como ha dicho la Corte Suprema en el caso “Friedrich, E. s/amparo” el derecho de propiedad, la seguridad jurídica (arts. 17 y 18 CN) y se podría agregar a la soberanía nacional.
Esta realidad no discrimina ninguna de las latitudes de nuestro país. Según un reciente informe dado a conocer por la Auditoría General de la Nación, que dirigen el radical Jesús Rodríguez y el ex senador Pichetto, el 70% de las operaciones inmobiliarias solicitadas a la Dirección Nacional de Zonas de Seguridad y Fronteras (a cargo del control inmobiliario e inversiones de tierras ubicadas cerca de las fronteras del país) están “flojas de papeles” y resultan ser “sospechosas” en términos de integridad financiera y prevención del lavado de activos, incluyendo testaferros y documentación registral y notarial irregular o apócrifa.
Hay operaciones sospechosas en prácticamente todas las provincias limítrofes del país (ej., Salta, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Misiones), sin que se haya establecido, por el momento, la magnitud específica del “saqueo” ya consumado en perjuicio de los argentinos.
El asunto está ahora en manos de la Justicia federal penal. Pero la responsabilidad institucional del grave problema, recae en los tres poderes del Estado. Es que la Argentina al ratificar tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (Ley 25.632), se consagra como responsable ante la comunidad internacional respecto del espeluznante problema del avance del crimen complejo y económico a través de la compraventa fraudulenta de tierras fronterizas.
Confiemos así en que el presagio del Papa Francisco no se haga realidad cuando se pregunta: ¿No será que los Argentinos estamos huérfanos de patria? A lo que me pregunto; ¿no será que la corrupción y el saqueo público de nuestros bienes y tierras ya dejó de sorprendernos? Como si nos hubiéramos acostumbrado a la anomia de la ley y el orden.
Por Roberto Durrieu *
* Doctor en Derecho.
Publicado en el diario Clarín (www.clarin.com )
