Innumerables críticas se han levantado en torno al operativo realizado por la Gendarmería, en el que bajaron a personas de transportes urbanos, las palparon en busca de armas y miraron las pertenencias que llevaban en bolsos y carteras.
Cuando se ha llegado a tal extremo en que la vida y los bienes pueden ser arrebatados a cualquier hora y lugar, el Estado debería encontrar la forma en la que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo confluyan en procedimientos legalizados para que las fuerzas de seguridad impidan o dificulten que los delincuentes se muevan con total impunidad, como lo hacen en la actualidad, traficando drogas, armas, personas, bienes robados e instrumentos para violentar viviendas. En circunstancias extremas de inseguridad como en las que estamos viviendo, es justificable que la ciudadanía pierda ciertos derechos individuales en pos de detener el accionar criminal. Los delincuentes dejarán de ir tranquilamente con armas o con drogas o pertenencias robadas si saben que en cualquier lugar o momento podrán ser registrados.
Jorge Augusto Cardoso
DNI 7.784.561
Publicado en La Nación
Continúa el saqueo
Hace pocos días el lector Pedro Güiraldes se preguntó hasta cuándo se permitiría seguir lucrando con los fondos destinados a resarcir a las víctimas de la guerra contra el terrorismo y sus deudos. Lamento darle una mala noticia. Agotadas las víctimas, la Comisión de la Memoria de La Plata, acompañada por la Cámara Federal de Apelaciones platense, reclutó “nuevas víctimas de lesa humanidad”, formulándose denuncias para reclamar más “indemnizaciones” a la Secretaría de DD.HH. de la Nación. Son trabajadores sexuales de ambos géneros, levantadores de juego clandestino y detenidos por ebriedad en aquellos años, cuyas presentaciones están al caer. Como verá el señor Güiraldes, continuamos con un “Estado bobo”, administrado por estafadores. Mientras la Justicia Federal sigue “ocupada” con estos “inventos”, los desvergonzados ideólogos del relato mantienen vivo el odio entre argentinos; y en la cárcel a policías, militares y civiles, entre los que destaco a quien fuera ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires (1976-1979), el doctor Jaime L. Smart, a punto de cumplir 88 años y 15 de encarcelado, aunque no tenga nada que ver con las “detenciones” de cualquier naturaleza.
¿Qué pensarán los jóvenes idealistas de los 70 al verse equiparados a estos “profesionales”?
Enrique Munilla
DNI 4.433.538
Publicado en La Nación
