El diario Clarín, en su edición del lunes (09 sep 2013) reflota, en un artículo firmado por el periodista Daniel Santoro, un antiguo y oscuro episodio relacionado con la presunta venta ilegal de inmuebles pertenecientes al Ejército, básicamente del área de Inteligencia, que comprometen por igual a mandos de la institución como a altos funcionarios del Gobierno.
La nota en cuestión es la siguiente:
El intento de fraude millonario con un inmueble de Inteligencia del Ejército tiene ya su primer acusado en un caso digno de una novela de espionaje e intrigas: el antecesor de César Milani en la dirección de esa sensible área del Ejército, general César Montero.
El juez federal Norberto Oyarbide llamó a declaración indagatoria como sospechoso a Montero para el 13 de este mes en una causa en la que se investiga la venta ilegal de un edificio ubicado en Basualdo 438 de esta capital, donde funcionaba la Agrupación Apoyo de Inteligencia del Ejército, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
El edificio había sido comprado en 1988 con una sociedad de cobertura de Inteligencia del Ejército llamada MEJALA S.A. e integrada por los ex miembros del Personal Civil de Inteligencia (PCI) Carlos Rimeto y Juan Carlos Coronel, entre otros.
En el 2007, MEJALA fue comprada por la empresa panameña Panamerican Building Company, que había sido creada un mes antes y representaba Ariel Oscar Arrocha, quien llegó a tomar posesión y trató de revenderlo. Y la Agrupación Apoyo de Inteligencia, que estaba a cargo del coronel Julio Arroyo Arzubi, fue trasladada a Campo de Mayo.
En noviembre de ese año, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, echó a Montero y lo reemplazó por su entonces segundo, el general Milani. Fuentes militares afirmaron en aquel momento que Garré habría descubierto que Montero “complotaba” con Aníbal Fernández, que quería pasar de Justicia a Defensa. Incluso, se habla de que un directivo de la SIDE le dio “un teléfono seguro” pero que, en realidad, también estaba pinchado y se lo grabó criticando a la ministra.
Pero Garré recién denunció ante la Justicia la venta fraudulenta del inmueble de Basualdo en diciembre del 2010, es decir casi tres años después.
La causa recayó en el juez Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo, quien logró que se decrete la medida de no innovar sobre el edificio y que Defensa permitiera declarar a los agentes del PCI.
MEJALA, junto a ORGAFIN y PLANTAUTAR, eran empresas de cobertura y la orden que había dado el entonces jefe del Ejército, general Roberto Bendini, era que los PCI que figuraban como dueños las donaran al Estado.
Algunas de esas empresas de pantalla eran un resabio del poderoso Batallón 601, que fue el “cerebro” de la represión ilegal de la dictadura.
Los compradores afirmaron que pagaron US$ 1.150.000 pero se determinó que no entró un peso al Estado. Sin embargo, el fiscal aseguró que de la documentación secuestra surge que sólo se pagaron 190 mil dólares.
En su indagatoria, el ex agente PCI Rimeto dijo que firmó la venta en la escribanía Puigari porque Marcelo Cinto, “hombre que se presentó como delegado de Montero”, lo obligó a hacerlo, con la presencia del abogado Luis Barreiro y el contador Ariel Orellano, que actuaban como administradores de la sociedad de cobertura. “Yo no vi dinero alguno”, agregó y dijo que tuvo miedo.
“Milani es el actual jefe II y sabe todo”, finalizó. Afirmó que Cinto ya había donado al Estado las propiedades que tenía PLANTAUTAR en Paraná 453 y en Cucha Cucha 1261.
Por su parte, el PCI Coronel dijo que el doctor Rodolfo Ocampos le comentó que iba a salir de MEJALA y que “estaba todo arreglado y dependía del general Montero”.
Por estos y otros indicios, Oyarbide también ordenó -además de la del general Montero- las indagatorias de Arrocha, Barreiro, Orellano y Cinto. Arrocha dijo que compró de buena fe y que no es oficial del Ejército.
“Ni siquiera soy boy scout”, dijo con ironía pero sin revelar quiénes integraron, por ejemplo, la misteriosa empresa Panamerican Building Company.
