El diario La Nación dió cuenta, en su edición del domingo (04 agosto 2013), de una tensa situación vivida en la noche del sábado (03 agosto) en el Hospital Militar Central cuando, compulsivamente, efectivos del Servicio Penitenciario Federal, procedieron al traslado a sus lugares de reclusión a pacientes procesados o condenados en causas por la lucha antisubversiva. El rotativo señaló, además que, ante la oposición de los familiares, el propio subjefe del Ejército general de brigada Rubén Oscar Ferrari, advirtió que podría recurrirse al “uso de la fuerza”.
El artículo de La Nación, expresó:
Momentos de tensión se vivieron ayer entre familiares de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad alojados en el Hospital Militar y personal del Servicio Penitenciario Federal, que inició un operativo para trasladarlos a los penales de Ezeiza, Marcos Paz y Villa Devoto. Al cierre de esta edición, voceros de los familiares informaron que seis de ellos habían sido subidos a las unidades de traslado, mientras ellos mismos intentaban bloquear su paso en reclamo de que se les exhibiera una orden judicial.
El operativo estuvo a cargo del director del Servicio Penitenciario, Víctor Hortel, que se disponía a llevar a las unidades carcelarias a los 11 militares que el ministro de Justicia, Julio Alak, había denunciado que se encontraban en el Hospital Militar "en forma irregular".
Dos de ellos fueron trasladados el viernes, mientras que los otros nueve permanecían alojados ayer en el segundo piso del hospital. Por la noche, según el testimonio de los familiares, dos habían sido dejados finalmente en el hospital por razones de salud, y un tercero, cuyo traslado fue impedido por sus hijas.
Los familiares de los reclusos reclamaban una orden judicial para autorizar los traslados. En el caso de Humberto Lobaiza, su hijo eligió no oponer resistencia. "Mi padre tiene una condición cardíaca y prefiero que no viva un momento de tensión", explicó.
Algunos de los familiares e internados, como Gonzalo López Belsue, mostraron documentos que autorizaban su permanencia hasta que no se presentara una orden contraria del juez. "Alak miente cuando dice que hay una irregularidad", dijo un familiar. Y aclaró: "No pedimos que los liberen, sólo queremos que no se mueva nadie sin una orden judicial. Muchos de ellos tienen enfermedades graves y ya conocemos las condiciones en las que viven en los penales".
Además de más de una veintena de uniformados, dos ambulancias y un camión de traslado, en el Hospital Militar se pudo percibir a efectivos de civil que filmaron a los familiares. Un abogado del Servicio Penitenciario explicaba anoche a los familiares que no era necesaria una orden del juez: "Tenemos el «acta de consulta telefónica» y con eso alcanza", precisó. Según fuentes castrenses, los "abogados del Ejército habían verificado que no había irregularidades en el traslado".
En medio de una fuerte tensión, concurrió al lugar, vestido de civil, el subjefe del Ejército, general de brigada Rubén Oscar Ferrari, que sigue en la conducción de la fuerza al general César Milani. Explicó a los familiares que los médicos del hospital habían solicitada su presencia y que deseaba "evitar que se tuviera que usar la fuerza".
Pese a las explicaciones, los familiares resistían el traslado, a pesar de que se les dijo de forma explícita que se usaría la fuerza si persistían en su actitud de resistir el traslado.
