Editorial de La Nación publicado en www.lanacion.com.ar
A pesar de que todas las pruebas condujeron a determinar sin margen de duda la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado en 2017, su hermano Sergio insiste en cuestionar una interpretación, a su juicio, sesgada en un “expediente manipulado”. Transcurridos siete años y medio de los hechos la causa judicial transita nuevas instancias.
En 2017 la querella había apartado a Guido Otranto, el juez federal de Esquel, quien había recibido el trámite de habeas corpus correspondiente al joven mochilero desaparecido luego del desalojo de un corte en la RN 40 convocado por una comunidad pseudomapuche en favor de su líder Facundo Jones Huala. En mayo de 2024, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia apartó al juez Gustavo Lleral, que había cerrado el caso de Santiago Maldonado a partir de la confirmación de la hipótesis de ahogamiento. El juez federal Fernando Calvete, tercero en la sucesión, desarchivó la causa para que ninguna línea de investigación quede trunca, buscando así dar satisfacción a todos los involucrados sin más dilaciones.
Ante las dudas de que la autopsia planteó en opinión de la familia, se permitió ahora ampliar el informe de la palinóloga y aclarar las supuestas contradicciones habilitando a la Universidad Nacional del Centro (Unicen) a realizar peritajes complementarios. El interés de la querella está puesto, por un lado, en una lesión en el rostro que resta determinar si pudo haber sido producida por un ataque de una especie carroñera o depredadora, esto definiría si antes o después de su muerte. Por el otro, en supuestos rastros de polen de una especie que, según una especialista, florece en septiembre y que fueron encontrados en la ropa de Maldonado. Argumentan que no pudieron haber estado más de 30 días en el agua sin desprenderse, abonando la teoría que buscan instalar respecto de que el cuerpo no habría permanecido en el mismo lugar todo el tiempo de la desaparición.
Se pasan por alto que las conclusiones a las que llegó el juez tuvieron fundado asidero cuando más de una decena de peritos, se habla de hasta 55, determinaron la muerte por ahogamiento.
Es de esperar que los resultados de los nuevos peritajes sean esclarecedores y que permitan dar respuesta a las dudas de quienes aún se resisten a cerrar un caso cargado de implicancias ideológicas. Así como cualquier intento de parte de falsos pueblos originarios de violentar los derechos ciudadanos y atacar nuestra soberanía debe quedar definitivamente en el pasado, debemos terminar también con la idea de un Estado represor construida por muchos durante demasiado tiempo y que solo sirvió para obstruir la investigación. A partir de un sincero compromiso con la verdad, confiamos en que la Justicia se vuelva a expedir de manera terminante en esta causa para desarticular definitivamente cualquier nuevo intento a futuro. Que el arribo a la verdad nos permita dar definitivamente vuelta esta triste página.
