La política oceánica es una agenda geopolítica que requiere la continuidad de una visión de Estado de largo plazo. El consenso nacional respecto a la soberanía sobre las Malvinas expresado en nuestra Constitución Nacional, debería estar fuera de las disputas políticas cotidianas.
En este contexto, quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos de nuestra política hacia el Atlántico Sur que no han sido, hasta el momento, objeto de discusión específica en estos meses, que pasa por la ciencia marina y su uso para el desarrollo de la llamada Economía Azul en nuestro país.
Este enfoque no solo complementa nuestras reivindicaciones territoriales, sino que también abre un nuevo horizonte de oportunidades, en el cual la investigación científica y la sostenibilidad ambiental se entrelazan con intereses económicos y geopolíticos.
Es con más ciencia que vamos a poder manejar mejor nuestras pesquerías. Un sector dinámico que aporta 1890 millones de dólares de exportaciones anuales a más de 100 países y genera más de 20.000 puestos de trabajo directos.
Es la investigación geológica marina la que ha identificado valiosos recursos off shore, que según estimaciones conservadoras, pueden generar 20.000 millones de dólares en exportaciones en los próximos años. Una segunda Vaca Muerta capaz de desarrollar la industria naval y petroquímica. Sólo la ciencia nos asegurará los mejores estándares ambientales para su explotación.
A través de la labor de nuestros científicos es que nuestra presencia centenaria en la Antártida se lleva adelante. Las recientes inauguraciones de laboratorio en bases antárticas, el desarrollo del polo logístico en Ushuaia, la inversión en las instituciones antárticas y la adquisición de un buque de investigación pesquera “ice class” por el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero son el camino a seguir.
Cabe señalar que ha sido la labor de nuestros oceanógrafos lo que permitió la delimitación de nuestra plataforma continental, brindando una certeza jurídica que posibilita la exploración y explotación de enormes recursos naturales.
Argentina cuenta con instituciones de excelencia en materia de investigación marina y desde hace ya diez años con un programa que coordina la labor de todas ellas, Pampa Azul, programa que fue relanzado en 2020. Frente a recientes declaraciones efectuadas que plantean dudas sobre la propia existencia del CONICET, cabría reflexionar qué impacto tendrá la desfinanciación de la ciencia sobre nuestra proyección en el Atlántico Sur.
Por otra parte, y más allá de cualquier análisis presupuestario, durante la campaña se han expresado opiniones, en algunos casos reñidas con la ciencia, que nos obligan a todos aquellos que nos preocupa la suerte de nuestro mar a plantearnos algunas preguntas:
¿Es la privatización del mar y sus valiosos recursos -como las poblaciones de ballenas- lo que asegurará su subsistencia para futuras generaciones? ¿O es el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y una adecuada legislación para proteger las poblaciones ballenas francas que generan miles de puestos de trabajos turísticos en Patagonia? Si esa fuera la respuesta, ¿los argentinos estamos dispuestos considerar Parque Nacionales (que administran las AMP) como un gasto público sin sentido? ¿O bien debemos considerar tales reservas naturales como un activo a preservar para futuras generaciones?
Los océanos son sistemas complejos, claves para entender el fenómeno del Cambio Climático. Argentina tiene un rol a cumplir en tal esfuerzo global de comprensión. ¿Qué programas científicos en la materia serán mantenidos en un eventual Gobierno libertario donde se descree de la propia existencia del Cambio Climático?
Una presencia nacional en esos vastos espacios marinos depende, en gran medida, de la calidad de ciencia que podamos producir. Sin información de calidad no es posible realizar ninguna actividad económica en el mar de una manera eficiente y sustentable. Todos los países desarrollados con intereses marítimos así lo entienden.
No será el mercado el que asignará mágicamente los recursos para sostener institutos, una flota de buques de investigación y una adecuada remuneración a nuestros científicos.
La investigación científica marina no es un gasto improductivo, es una inversión imprescindible para el desarrollo de nuestro país. Es la base necesaria que nos permite construir una política oceánica y una proyección hacia el Atlántico Sur que incluya la presencia, el uso sustentable y la conservación de sus recursos.
Para concluir: los principios jurídicos e históricos que definen la disputa de soberanía con el Reino Unido no han sido fruto de la casualidad sino que han sido construidos por generaciones de diplomáticos argentinos, que con profesionalismo y cabal conocimiento del derecho internacional han logrado que la comunidad internacional defina la disputa de soberanía como lo que es: un diferendo entre dos Estados, originado en una situación colonial, que debe resolverse a través de negociaciones bilaterales. Sobre estas premisas, cristalizadas en Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha basado la praxis diplomática de nuestro país desde hace décadas.
La disputa de soberanía se inscribe en una narrativa más abarcadora: la de nuestros intereses en el Atlántico Sur y la Antártida. La política oceánica es una agenda geopolítica que requiere la continuidad de una visión de Estado de largo plazo que integre inversiones -tanto públicas como privadas- con iniciativas diplomáticas, científicas, jurídicas, de defensa y ambientales. En el ámbito de la política internacional, donde cada movimiento es observado y evaluado, los pasos erráticos no solo deshacen los avances, sino que también pueden erosionar nuestros intereses permanentes.
Por Javier Figueroa
Publicado en www.infobae.com
