El doctor Rafael Algorta, integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia,  advirtió que la sociedad, al dar la espalda a los procesos viciados de nulidad que se siguen por causas de la lucha antisubversiva, con condenas escrituradas de antemano, pavimenta su propia indefensión ya que más temprano que tarde, serán víctimas de “jueces que cambian sus sentencias según soplen los vientos” y termine por destruirse totalmente, golpe a golpe, “los cimientos, los principios básicos, del orden social justo”.
Algorta pronunció su alocución el pasado 5 de octubre durante el acto por el Día Nacional de Víctimas del Terrorismo. El texto de su alocución fue hecho llegar este jueves (13 oct 2011) por sus allegados a través de la red Internet.
El profesional advirtió así que la indiferencia ciudadana por los procesos irregulares a militares, policías y miembros de las fuerzas de seguridad, puede tener luego idéntica aplicación en otros planos, tanto de la política como del sindicalismo, la prensa y otros sectores de la vida nacional.
El texto completo del discurso es el siguiente:

 Un nuevo y amplio planteo sobre la inconstitucionalidad de calificar como delitos de "lesa humanidad" a las acciones libradas durante la guerra antisubversiva de los 70, fue hecho este martes (11-10-2011) por el editor Nicolás Márquez, director del diario digital especializado La Prensa Popular.

  El detallado trabajo del periodista se produce a menos de 60 días de que comience a efectivarse en Uruguay, y por decisión de la Corte Suprema del vecino país, la calificación de prescriptibilidad sobre los hechos cometidos en ese pais por idénticos motivos. Para los juristas uruguayos, tales acciones no pueden ser encuadradas en la tipificación de "lesa humanidad", (Agravio a la Humanidad) como lo sostienen sus pares argentinos, luego de que el extinto presidente Nestor Kirchner modificara a su voluntad la conformación de la mayoría de los integrantes del más alto tribunal de la Nación.

El texto del artículo de referencia es el siguiente:

El candidato a presidente por el Frente Popular, Eduardo Duhalde, presentó una denuncia penal que quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, contra Hebe de Bonafini por la "presunta comisión de los delitos de intimidación pública y de atentar contra el orden público", según lo informó el diario Infobae.com.

El diario dijo que  el abogado a cargo de la presentación, Osvaldo Enrique Lorenzo, explicó que, de prosperar la presentación, Bonafini podría enfrentar una condena de entre tres y seis años de cárcel.

Antes, sin embargo, el magistrado deberá girarla al fiscal, quien aún no tomó intervención en el caso, para que decida "si pide requisitoria". Esto debería ser definido en un plazo de entre "cinco y diez días", añadió el letrado según Infobae.

El “Museo de la Memoria” que recuerda en la Costanera Norte metropolitana  a las víctimas del “Terrorismo de Estado”, no sólo alberga irregularmente nombres de guerrilleros abatidos en combates legales con fuerzas constitucionales, sino que incluye, además, las identidades de varios soldados conscriptos muertos por terroristas montoneros, y por cuya presentación fraudulenta, se percibieron subsidios por cerca de un cuarto de millón de dólares cada uno.  Sin embargo, sus verdaderas familias, que viven en la extrema pobreza, jamás vieron un centavo.

Así se desprende de las declaraciones hechas por el ex soldado conscripto Rogelio Mazacotte, uno de los defensores el 5 de octubre de 1975 del Regimiento de Infantería de Monte de Formosa. Según lo consigna el diario La Nación, Mazacotte denunció que el mural de ese predio, pudo ver los nombres de sus compañeros soldados, José Mercedes Coronel y Dante Saavedra.

De acuerdo a La Nación, “el mismo mural rinde homenaje a siete montoneros muertos durante el ataque al cuartel, cuando gobernaba la presidenta María Estela Martínez de Perón. Son ellos Reinaldo Ramón Brigiler, José Daniel Graziano, Juan Hernández, Jorge Alberto Livieres, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y Alfredo R. Velázquez, cuyos familiares, según consta en expedientes judiciales, cobraron indemnizaciones de US$ 224.000 (el caso de Boero está en trámite)”.