Medio centenar de pasivos de la Armada, que habían iniciado en Rosario una demanda contra el Estado Nacional en reclamo del efectivo cumplimiento del decreto 1490/2002  (entre otros ítems, obligatoriedad de incorporar a los haberes del personal retirado, los que se perciben para quienes revistan en actividad, entre ellos inestabilidad de residencia y adicional por decreto 628/92), se encontraron con la ingrata sorpresa de que perdieron sus demandas y que tienen que pagar, cada uno, 3.500 pesos en concepto de costas, tanto a los abogados del Estado como quienes los patrocinaron en sus reclamos.
Así lo manifestaron, a TIEMPO MILITAR, señalando que la mayoría deberá recurrir a la solicitud de créditos en las mutuales de las fuerzas para poder cumplir con el mandato judicial. Los ahora deudores, nucleados en el Círculo de Oficiales de Mar, filial Rosario, no ocultaron su extrañeza por la medida y por considerarse los únicos reclamantes que no tuvieron éxito en sus demandas y ahora encima tienen que hacer frente a todos los gastos.
 El decreto en cuestión, sancionado durante la administración Duhalde, expresa:

La Comisión Interpoderes (organismo que nuclea a representantes de todos los poderes del Estado) “exhortó” a los magistrados federales a que encuentren “soluciones” para agilizar los trámites en curso como así también el “inicio de los juicios orales y públicos que no aún no tienen fecha de debate, procurando incluir en ellos la mayor cantidad de cantidad de casos posibles", informó este martes (27-Sept-2011) el sitio especializado Diario Judicial. 

BUENOS AIRES (Texto cortesía Diario Judicial) En su última reunión la Comisión Interpoderes exhortó a los magistrados que tienen a su cargo causas por delitos de lesa humanidad “a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios”.

Compuesta por representantes de todos los poderes del Estado, la comisión exhortó a los magistrados ya que detectó “demoras” en el trámite que “algunos jueces le han dado a tales juicios y que, en muchos casos, se han vuelto un impedimento para que los juicios finalicen en un tiempo razonable”.

Con estas demoras, para la Comisión, se desvirtúa lo que “los tres Poderes del Estado Nacional han considerado como Política de Estado, y que ha sido mencionado en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agrega el documento elaborado. 

  Aníbal Guevara, uno de los jóvenes de la "Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos", pidió este miércoles (28 sept 2011) "disculpas" por el escrache realizado al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ya que "no era intención insultarlo", aunque justificó el accionar por la "impotencia" que provoca "la violación de derechos humanos" para los militares que están presos en causas por acciones libradas durante la lucha antisubversiva.

    Por otra parte el joven, señaló que hay magistrados que admiten ser presionados y que tras sus fallos piden disculpas señalando que no tienen otra alternativa que obedecer por razones políticas ya que los fallos inculpatorios, están digitados de antemano.

   De acuerdo a un despacho emitido por la agencia informativa Diarios y Noticias (DyN) el joven, cuyo padre, el teniente coronel Aníbal Guevara, está condenado a cadena perpetua en una causa de lesa humanidad en la ciudad mendocina de San Rafael, recordó que "hace un año y 27 días, Lorenzetti prometió" darle una audiencia a la organización para escuchar sus reclamos y "nunca los atendió".

  "Quiero pedir disculpas si en la manifestación de ayer (por el martes) algunos de los chicos hizo algún insulto o gesto insultante, no era nuestra intención en absoluto cuando decidimos ir, pero tanto es la impotencia que es muy difícil manejar las emociones", señaló Guevara en diálogo con radio Mitre, de acuerdo a DyN. El diario Clarín, en su primera plana de este miércoles reproduce una fotografía de una joven profiriendo gritos y gesticulando contra el magistrado. 

La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA), expresó su satisfacción por el hecho de que comiencen a hacerse públicas, a través de la prensa, la admisión de los casos donde "se pagan millonarias indemnizaciones a supuestos desaparecidos que en realidad, y está comprobado, murieron en actos de copamiento a cuarteles o víctimas de sus propias organizaciones", señalo un comunicado de la institución.
AFAVITA, dijo que reiterará su postura en oportunidad de organizar el acto masivo para el próximo 5 de octubre a las 19 en la Plaza San Martín de Capital Federal
"No hay igualdad jurídica en materia de derechos humanos, los conscriptos y oficiales que defendieron los cuarteles militares durante el gobierno constitucional de 1973/76 no tienen derecho a reclamar justicia, como asimismo cantidad de civiles como jueces, profesores, sindicalistas, empresarios y niños", afirmó la presidenta de AFAVITA, Silvia Ibarzábal, hija del brutalmente secuestrado y asesinado jefe del Grupo de Artillería Blindada 1 con asiento en la ciudad de Azul durante el ataque del año 1974, Coronel (Post Mortem), Jorge Ibarzábal.”
Por su parte, el secretario de la entidad, Gabriel Miraz afirmó que “en este falseamiento de la verdad, se ha llegado al extremo de homenajear a terroristas e incluirlos en el mal llamado “Parque de la memoria” e indemnizar a sus deudos con millonarias sumas de dinero del erario público”, añadió el informe oficial.