Las idas y vueltas en torno al envío o no de integrantes de los servicios armados de la nación para reforzar logísticamente los desplazamientos de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito, pero fundamentalmente contra el narcotráfico, genera dudas en los mandos castrenses más allá de la notoriedad de las intenciones propiciadas por el Presidente Macri y que cobraron difusión en las últimas horas a través de la prensa.

El teniente general Francisco José Gan Pampols, máximo representante de las Fuerzas Armadas en la Comunitat Valenciana, aseguró el sábado (09 jun 2016) al diario El Mundo, de Madrid, que con un salafista yihadista "no se puede negociar" y cuando ya están implantados en una zona "lo único que se puede hacer es aniquilarlos" y, aunque defiende la prevención y el control como arma para luchar contra este terrorismo, advierte que esta guerra "va a ser larguísima".

Fuentes militares negaron autenticidad en la noche del martes (12 jun) a un supuesto mensaje de la subjefatura de la fuerza dando cuenta del traspaso, a la órbita de Gendarmería, de un primer contingente de 70 suboficiales para ser afectados a tareas de logística en el combate contra el delito y el narcotráfico. Una investigación interna fue abierta para determinar como se originó la especie.

Fuentes castrenses relativizaron el viernes (08 jun 2018) un titulo de primera plana del diario Clarín según el cual el Gobierno se dispone a enviar a tres mil suboficiales del Ejército a las fronteras para reforzar tareas de Gendarmería. Incluso la nota, firmada por el periodista Daniel Santoro, toma distancia de por sí del propio título de tapa, al explicar en su desarrollo las no pocas dificultades para implementar la compleja iniciativa.