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BUENOS AIRES (Texto cortesía Diario Judicial) La Justicia resolvió que el Instituto de Previsión Social bonaerense debía pagarle la pensión a un veterano de Malvinas pese a que el beneficio de la normativa solo alcanzaba a los ex combatientes con domicilio en la provincia de Buenos Aires. El beneficiado, suboficial, había residido en ese distrito hasta 1987 y había solicitado su baja del Ejército tras el conflicto.

El actor de la causa pretendía "obtener el beneficio de pensión, con más las sumas retroactivas a la fecha de la solicitud ante el Instituto de Previsión Social (IPS) -18 de diciembre de 2006- con intereses".

Para sustentar su reclamo, precisó que "si bien el 4 de setiembre de 1997 se sancionó la ley provincial 12.006, reconociendo el beneficio de Pensión Social Islas Malvinas, con carácter mensual y vitalicio, para soldados conscriptos ex combatientes de las fuerzas armadas y de seguridad, que hubieren participado en las acciones bélicas entre los días 2.04.82 al 14.06.82, dicha norma no incluía a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, en situación de baja voluntaria, a pesar de haber arriesgado su vida en defensa de la patria".

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El Ministerio de Seguridad instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad que prohiban la realización de homenajes a los que han sido formalmente acusados y/o condenados de delitos de lesa humanidad, o contra el orden democrático o la seguridad de la Nación, aún en acciones de combate o en cumpliento de ordenes superiores, de acuerdo a una  resolución publicada en el Boletín Oficial, según lo informó este lunes (27 jun 2011) el sitio oficial de la Presidencia de la Nación.

Garré se anticipa así a una resolución similar que probablemente será aplicada en las Fuerzas Armadas, y que apunta aún sin sentencias firmes y en cierto grado por simple imputación o sospecha -como en el caso del Capitán de Fragata Pedro Giachino cuyo cuadro fue retirado del Concejo Deliberante de Mar del Plata- a "depurar la memoria" de las futuras generaciones de uniformados.


La resolución N° 400/2011, publicada en el Boletín Oficial, instruye en tal sentido al Jefe de la Policía Federal Argentina, al director nacional de la Gendarmería Nacional, al Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina y al director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

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