La Justicia Federal intimó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, a que en un plazo de cinco días informe si 68 guerrilleros muertos antes del golpe militar de 1976, a raíz de ataques a unidades militares durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, figuran como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria en los listados elaborados en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos, informó este jueves (8 de septiembre de 2011) el diario La Nación, en una nota de primera plana.
También le ordenó que explique si sus herederos cobraron las indemnizaciones previstas en las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado, así como los montos y las fechas en que se habrían hecho los pagos, añadió el rotativo que lleva adelante una investigación sobre este tema.
La medida fue dispuesta por el juez Esteban Carlos Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, al admitir una acción de amparo presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que había pedido la información a la Secretaría de Derechos Humanos en febrero último. Al no obtener respuesta, la entidad presentó un amparo por mora de la administración.