Washington, 11 mar (EFE).- El Pentágono ha iniciado hoy el desplazamiento de algunos de sus barcos desplegados en el Pacífico para proveer ayuda de emergencia a las víctimas del terremoto ocurrido hoy en Japón, de 8,8 grados Richter.
"Estamos evaluando la situación y posicionando las tropas para que estén preparadas y proporcionar la ayuda si es requerida", indicó el comandante de la Armada Leslie Hull-Ryde en un comunicado.
Japón ha pedido ayuda militar a EEUU, según Kyodo News. Washington dispone de una base militar en Okinawa, al suroeste del archipiélago nipón. El presidente de EEUU, Barack Obama, ya había mostrado anteriormente la plena disposición del país a "ayudar al pueblo de Japón en estos momentos tan duros", tras el terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter.
En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Obama reconoce que "la amistad, y la alianza, entre estos dos países no solo es irrompible, sino que fortalece nuestra resolución de ayudar a los japoneses a superar esta tragedia".
Video fantasma. El presidente declaró a la Justicia que un miembro del MLN le mostró las imágenes Tras amenazas incrementaron la guardia en la cárcel donde están los represores | w "Escaramuza", así definen choque de Mujica y oposición.
¿Te ira por el caso del video con amenazas a jueces y fiscales y anuncios de acciones militares para liberar a represores. Confirmó que se lo entregó un militante del MLN.
La oposición, en tanto, acelera el proceso para interpelar la próxima semana a los ministros de Interior, Eduardo Bonomi, y Defensa, Luis Rosadilla.
Por espacio de una hora, Mujica declaró ante el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, quienes indagan el caso del video.
El juez Díaz y la fiscal Ferrero se trasladaron a la hora 9.30 de ayer hasta la Residencia de Suárez y Reyes, donde interrogaron a Mujica que es, hasta el momento, la única persona que ha admitido que tuvo contacto con el material.
La Presidencia de la República confirmó en su página web que Mujica fue interrogado por Díaz y Ferrero, aunque no aportó otros detalles en virtud del secreto presumarial que rige la investigación.
El contenido de la declaración del presidente se manejó en reserva tanto en el ámbito judicial como a nivel del gobierno. "Lo que Mujica quería era declarar y así se hizo, pero la decisión del Poder Ejecutivo es que no brindará detalles", dijo a El País un allegado al primer mandatario.
Según informó anoche Subrayado, en la audiencia Mujica ratificó que no vio un video sino "imágenes" en una computadora con la presunta proclama del denominado "Ejército Nacional Libertador".
El presidente había transmitido eso el miércoles 23 a algunos integrantes del Poder Ejecutivo. Mujica contó que las imágenes se las facilitó un integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) a fines del pasado mes de enero.
Fuentes oficiales indicaron a El País que el mensaje del presunto grupo existía y que ello para el presidente implicaba una "amenaza". Por eso, el mandatario ordenó reforzar la seguridad de los lugares donde están recluidos militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La primera vez que Mujica habló públicamente del tema fue en su audición del jueves 24, pero apuntó más a criticar a la oposición que a dar detalles del asunto. Hasta ahora no dijo -salvo ayer ante el juez- cómo y quién le mostró las "imágenes" con las amenazas.
SIN PISTAS. Sin embargo, hasta ahora, la investigación judicial a cargo de Díaz y Ferrero no cuenta con elementos firmes que permitan determinar el origen de las presuntas amenazas hacia jueces y fiscales.
A nivel policial, la indagatoria está a cargo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, cuyos investigadores se han reunido en más de una ocasión con el juez Díaz para coordinar las acciones.
Ayer, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reiteró que para el gobierno la amenaza es "poco creíble" ya que "no existen muchas posibilidades de llevarlas a cabo".
Bonomi dijo que la única persona que tuvo acceso al material es Mujica, pero señaló que ello "no es lo más relevante". Para el ministro, lo primordial es "determinar si el texto (de la proclama) es verosímil y si significa o no una amenaza para la población".
Ayer, el ex presidente Tabaré Vázquez habló por primera vez del asunto del video. Vázquez dijo que recibió la misma información que los demás líderes: una nota firmada por Rosadilla y parte de la proclama del denominado "Ejército de Liberación Nacional". Vázquez aseguró que no habló con el presidente Mujica sobre el tema.
Interpelación. En el plano político, los partidos de la oposición acordaron acelerar los trámites para concretar la interpelación a los ministros Rosadilla y Bonomi.
En una serie de gestiones políticas llevadas a cabo en la tarde de ayer, los senadores blancos y colorados acordaron convocar a una sesión extraordinaria del Senado para el martes 29 a la hora 9.30, con el único fin de votar la moción de interpelación a ambos ministros.
El senador colorado Tabaré Viera, designado por su partido para interpelar a los ministros junto al nacionalista Sergio Abreu, confirmó anoche a El País que hay votos suficientes para concretar el llamado a sala. Para que se concrete la interpelación se requiere un tercio de votos en el Senado, es decir once voluntades, cantidad a la cual llega fácilmente la oposición.
A esto hay que sumarle el apoyo al llamado a sala del senador oficialista Jorge Saravia (Espacio 609), que manifestó que el Frente Amplio debería apoyar la iniciativa ya que de lo contrario "sería como ocultar información". (Ver entrevista en página A/9).
Los senadores que encabezan el llamado a sala pretenden que los ministros se presenten el mismo martes, pero eso depende de un acuerdo con el Frente Amplio.
DISENSO. El martes, la moción de interpelación será votada pero podría haber algunas situaciones especiales en la bancada del Partido Nacional, derivadas de la reunión de la bancada de senadores de mediados de semana donde se acordó promover la interpelación.
En ese encuentro, el senador Eber Da Rosa, de Alianza Nacional, no estuvo en un todo de acuerdo con la alternativa del llamado a sala, y se inclinó por emitir una declaración política de los senadores nacionalistas creyendo que esa era la mejor manera de posicionar al partido. Además, añadió que la interpelación "podía no ser el mejor camino". Y aludió a que no había "motivos" para la interpelación.
Finalmente Da Rosa se allanó al punto de vista de la mayoría y anunció que acataría la decisión, dijeron a El País participantes de la reunión celebrada en el Palacio Legislativo.
De todos modos, Da Rosa dejó una puerta abierta sobre el destino de su voto. Anoche adelantó a El País a través de un comunicado emitido desde su despacho que "no apoyaría" la moción correspondiente al llamado a sala.
Consultado por El País, el líder de Alianza Nacional, senador Jorge Larrañaga, descontó que los legisladores de su sector apoyarán la interpelación. Sobre la postura de Da Rosa, Larrañaga aseguró que "todos lo escuchamos" decir que acataría la decisión mayoritaria.
Algunos observadores políticos apuntaron directamente al presidente Mujica por el choque con la oposición. Sin embargo, no visualizan un cambio de rumbo en la relaciones entre el gobierno y los líderes de los partidos de oposición.
"Esto se enmarca en la propensión a la locuacidad excesiva y protagonismo para lo que debe ser la conducta presidencial. Parece que fue un contraataque, un pasarle el fardo a la oposición", aseveró el docente del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, Antonio Cardarello.
"Esto es un hecho menor que fue transformado en otra cosa por el propio presidente. Si yo estuviera en la oposición respondería como hicieron las figuras opositoras, ofendiéndome o alarmándome, pero eso es parte de la teatralidad de la política", aseveró Cardarello.
Para el director de la empresa Interconsult, Juan Carlos Doyenart, el gobierno manejó "muy mal todo este episodio" y aplicó un secretismo "que desconcierta a la ciudadanía y a la oposición".
El analista agregó que en un "mar de contradicciones entre el presidente y sus ministros" aparece como "desajustado" acusar a la oposición de "un lío que armó el propio gobierno".
Doyenart subrayó que el papel de la oposición en este caso fue la que le corresponde al pedir aclaraciones.
El director de Interconsult señaló que se trata de un caso político que "linda con el mamarracho" tras la presencia de los ministros en el Parlamento para decir que "no saben nada".
No obstante, el politólogo Cardarello llamó a "no escandalizarse" con "escaramuzas normales en cualquier democracia".
El politólogo de la Udelar agregó que se espera que no "palidezca" el nivel de acuerdo que mantiene el gobierno con los líderes políticos.
Doyenart consideró que el caso del video "no necesariamente" afectará la relación de Mujica con la oposición y agregó que supone que el presidente va a "reconsiderar" lo que dijo ya que "la oposición hizo lo que le corresponde hacer en un tono moderado".
Cardarello cree que no habrá cambios en los acuerdos políticos entre los partidos de oposición y el gobierno. "Los conflictos no tiene que ver con los acuerdos. Mujica ataca para trasladar el problema de la interna del Frente Amplio ya que seguramente generó choques", dijo el politólogo.
El diario El País, de Montevideo ofreció a sus lectores la siguiente secuencia del episodio que conmovió a los sectores políticos de la sociedad uruguaya.
FEBRERO. A comienzos del mes, un militante del MLN (cuya identidad no ha trascendido) muestra al presidente José Mujica imágenes en internet de un grupo de presuntos militares que dan a conocer una proclama en la que amenazan al Poder Judicial y anuncian la inminente liberación de los presos de la cárcel de Domingo Arena. Se maneja que el encargado de informar al presidente fue Carlos Haller, jefe de su custodia personal.
10 DE MARZO. El semanario Búsqueda informa de la existencia de un video con amenazas de presuntos militares y publica la transcripción de la proclama. Describe con cierto detalle imágenes de tres "uniformados", un "sable", un "atril" y una "bandera" componiendo la escenografía, y agrega que los líderes políticos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y las jerarquías de las Fuerzas Armadas fueron notificados del hecho.
11 DE MARZO. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, afirma que no vio el video. El comandante del Ejército, Jorge Rosales, confirma a su entorno, desde la Antártida, que tampoco accedió al video. Los líderes de los partidos políticos, a los que fue remitido por el ministro de Defensa un documento con la transcripción de las presuntas "amenazas militares", también dicen desconocer la existencia de un video.
12 DE MARZO. El director de Inteligencia policial, José Colman, dijo a El País que el juzgado de crimen organizado a cargo del juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero le ordenó comenzar una serie de diligencias con el propósito de aclarar las amenazas al Poder Judicial presuntamente surgidas de un video. Colman afirma que él no ha tenido acceso al video, ni tampoco la Justicia.
13 DE MARZO. En vuelo a San Pablo, con una comitiva de empresarios, el presidente Mujica le dice al periodista Mariano López que él vio el video. "Sí, vi el video pero es lo único que diré al respecto", dijo a Canal 12.
15 DE MARZO. Se manejan distintas versiones sobre el origen del video. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseveró que creía que el video no existía, hasta que Mujica confirmó su existencia. El juez del crimen organizado, Jorge Díaz, analiza pedirle una copia del video al presidente José Mujica.
16 DE MARZO. En conferencia de prensa con la presencia del subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Frank Mora, el ministro Rosadilla anuncia que en la comisión del Senado dirá todo lo que sabe del tema. El mismo día, se hace público un comunicado de siete de los militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena, en el que rechazan tajantemente la posibilidad de ser liberados mediante acciones "ilegítimas" y "ajenas al sentido común", como las que se anuncian en el supuesto video.
17 DE MARZO. Los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea hacen saber sus dudas sobre la existencia del video. De la misma forma se pronuncian varios jerarcas de la Suprema Corte. El vicepresidente Danilo Astori confirma que tampoco vio el video.
21 DE MARZO. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, comparece ante una comisión parlamentaria, pero no trae consigo una copia del video (como se le había solicitado). Explica: "Sé que el Presidente lo vio, pero no sé dónde está ni quién lo tiene". Se anuncia que el juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz, y la fiscal Mónica Ferrero, interrogarán por exhorto al presidente sobre el video.
22 DE MARZO. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informa que el presidente tiene resuelto responder al exhorto. La oposición evalúa interpelar a Bonomi y Rosadilla.
23 DE MARZO. El presidente admite a ministros que no fue un video lo que vio, sino imágenes en internet, subtituladas.
El magistrado español denunció al máximo tribunal de su país por vulnerar sus derechos en la causa abierta en su contra por declararse competente para investigar crímenes de la guerra civil y el franquismo. El juez, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, fue acusado por el Supremo de presunto delito de prevaricato.
En la demanda, Garzón alegó que con este procedimiento se “ataca a la independencia de los jueces, a la libertad de interpretación de la ley y al Estado de Derecho, al dejar indefensas a las víctimas", informó hoy INTERIGHTS, la organización con base el Londres y especialista en derechos humanos que lo representa.
El juez, quien actualmente está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional y es consultor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), fue acusado por el Supremo de un presunto delito de prevaricato por haberse declarado competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista.
Según un comunicado de INTERIGHTS, la demanda de Garzón fue presentada el jueves ante el TEDH con el fin de “reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial”.
Además, el caso penal abierto contra el magistrado por prevaricato “viola varias obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
"En concreto, el caso pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos `per se`, de someter a personas a procesos sólo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales", indican.
En ese sentido, subrayaron que "la normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia".
Otro de los argumentos de la demanda es que "la opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales".
Garzón tiene abiertas otras dos causas en el Supremo, una de las investigaciones es por el financiamiento que recibió para unos cursos que impartió en Nueva York y otra por haber las escuchas a implicados en el caso Gürtel, la trama de corrupción que salpica al conservador Partido Popular (PP). (TELAM)
