MONTEVIDEO (Texto cortesía diario El País) Militares retirados uruguayos, y familiares de víctimas asesinadas por ex guerrilleros presentaron la primera denuncia penal contra ocho tupamaros por la muerte del coronel Artigas Álvarez, hermano del ex presidente militar Gregorio Álvarez. Preparan otras siete acciones, según lo informó este domingo (04-mar-2012) el diario montevideano El País.
La denuncia penal fue realizada por el hijo del coronel asesinado en la mañana del 25 de junio de 1972 al salir de su domicilio en Punta Gorda, y recae sobre ocho ex guerrilleros tupamaros: Ángel Yoldi Aciet, Alba Mabel Antúnez, Alberto Ulises Costa Barreiro, José Luis Rodríguez, Enrique Espinosa Bentancour, Fernando Mayands Eguigren, Juan Víctor Vivanco y Loreley Alemany Vias.
Entre los acusados hay personas fallecidas, radicadas en el exterior y que ya estuvieron en prisión. "La Justicia tendrá que determinar ahora, entre otras cosas, si las personas que estuvieron presas fueron juzgados por este hecho o por otros", explicó a El País una fuente vinculada al caso. (Nota de TIEMPO MILITAR. Los alcances jurídicos de la iniciativa podrían aplicarse en Argentina)
La denuncia se presentó en el marco de la ley 18.026, que en su artículo 20 (homicidio político) dice que "el que siendo agente del Estado, o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, diere muerte a alguna persona en virtud de sus actividades u opiniones políticas, sindicales, religiosas, culturales, de género, reales o presuntas; o en razón de su real o presunta pertenencia a una colectividad política, sindical, religiosa (...) será castigado con entre 15 y 30 años de penitenciaría".
Está amparada además en la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, ley votada por el Parlamento y promulgada por el presidente José Mujica en octubre de 2011. La investigación, en tanto, estará a cargo del juez penal Eduardo Pereyra, quien aún no realizó ninguna citación.
En la denuncia, a la que accedió El País, se relata que el asesinato fue precedido de un atentado previo sobre las rutinas del militar que estuvo a cargo de Alba Mabel Antúnez.
"Fue la responsable del operativo, la que decidió copar una finca cercana a la de Álvarez para utilizar como base de operaciones los días previos al asesinato", afirma.
La denuncia relata que el comando le informó a la guerrillera que la hora "ideal" para realizar el atentado era sobre las ocho de la mañana, ya que en la zona funcionaba un colegio y había mucho movimiento, lo que facilitaba el accionar.
Los encargados del asesinato fueron, según la denuncia, José Luis Rodríguez que "vació su pistola calibre 45" y Alberto Ulises Costa Barreiro que "hizo cuatro disparos con su revólver calibre 38". Luego fugaron ambos en un vehículo que los estaba esperando a pocos metros de lugar.
Rodríguez confesó en el año 2007 y durante una entrevista en el programa La noticia y su contexto, de Canal 5, que fue él quien mató a Álvarez. "Yo esperé a que me mirara a la cara, y entonces ejecuté la acción", reconoció Rodríguez, que estuvo preso en el Penal de Libertad entre 1973 y 1985, y que ahora vive en el exterior del país.
En la denuncia se plantean todas las versiones por las cuales Álvarez podría haber sido ejecutado y aclara que el móvil nunca fue determinado. Entre las opciones se plantea, está que se lo confundió con su hermano Gregorio -entonces jefe del Esmaco, luego presidente de facto y actualmente preso en la cárcel de Domingo Arena-, que la ejecución se realizó porque era un blanco "mucho más fácil" que su hermano y otros militares por tener "una rutina armada", y que fue el autor de torturas a distintos tupamaros.
En la entrevista en Canal 5 Rodríguez aseguró que Álvarez fue asesinado porque "estaba haciendo un trabajo de inteligencia y había matado personalmente a un compañero a patadas".
PRUEBA. Consultado por El País, el coronel retirado y presidente del Centro Militar, Guillermo Cedréz, dijo que ésta primera denuncia pone "a prueba" al sistema judicial uruguayo. "Esto es una forma de saber si el sistema judicial administra justicia para todas las partes por igual", afirmó Cedréz.
El coronel retirado dijo que la decisión de no cumplir con la palabra y votar la ley que deja sin efecto la prescripción se dio porque sigue el "odio y la venganza" y que por ende los militares también tienen que actuar porque se perdieron vidas.
Otro de los casos que se pondrá a consideración de la Justicia es el de Rafael Guidet Piotti, un coleccionista de armas asesinado en septiembre de 1969 al resistir una rapiña en su vivienda.
Dos ex guerrilleros son señalados por este crimen y nunca fueron procesados por él. También se trabaja en la denuncia por la ejecución del agente policial Carlos Rubén Zembrano Rivero y de los coraceros Ariel Soto Romero y Nelson Lima Gutiérrez.
CASTRO. Por otro lado, se espera que el martes próximo el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini resuelva si procesa o no a un policía y dos militares por el homicidio del maestro y periodista Julio Castro, registrado en 1977.
La fiscal Mirtha Guianze pidió a fines de 2011 los procesamientos con prisión por el delito de "homicidio muy especialmente agravado", luego que los restos de Castro fueran hallados en un predio militar lindero al Batallón 14 de Toledo.
El juez había citado para esta semana a los indagados para notificar su resolución, pero suspendió la audiencia a último momento y la fijó para el martes próximo.
Los restos de Castro fueron encontrados enterrados en octubre de 2011 a 1,40 metros de profundidad por el equipo de arqueólogos que dirige José López Mazz. Tras realizar estudios de ADN se confirmó que se trataba del maestro y periodista desaparecido en 1977 a la edad de 68 años. Fue ejecutado de un disparo en la cabeza.
El País Digital
