MONTEVIDEO (Texto cortesía diario El País) -La Cámara de Representantes aprobó, a las 2:14 horas de este jueves (27 oct 2011), por 50 votos en 91 legisladores presentes —solo votó a favor el Frente Amplio (FA)— el proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad, con lo que se elimina la prescripción de los mismos.
(nota de la redacción de TIEMPO MILITAR: sin embargo, el propio presidente José Mujica, sostuvo que la palabra final la tendrá la Suprema Corte de Justicia uruguaya cuando, al intentar reabrirse los casos, el alto tribunal deba expedirse frente a las seguras apelaciones de los inculpados)
Legisladores de la oposición, tanto senadores como diputados, criticaron la avanzada del oficialismo por considerar que no respetaba dos pronunciamientos populares sobre este tema, en referencia a los plebiscitos de 1989 y 2009 donde por mayoría se ratificó la ley de Caducidad, vigente desde 1985.
Hoy
, el senador nacionalista Jorge Larrañaga escribió en su cuenta de Twitter que "con la ley que aprobó ayer el Parlamento, el FA arrancó varias hojas de la Constitución Nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente".
Otro legislador asiduo a esta red social como Pedro Bordaberry, se limitó a decir "qué feo está todo: no respeto al voto en los plebiscitos". El líder colorado también mencionó en su mensaje la situación en el liceo Bauzá y la "violencia en la puerta de las fábricas".
Ayer, antes de que comenzara la votación, los diputados Javier García (Partido Nacional), Juan Garino (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) coincidieron en que sería una jornada de fuerte debate que marcaría un antes y un después en la historia y el respeto de la democracia.
Para el oficialismo la jornada sería "histórica" porque, según dijo el diputado Luis Puig a EL PAÍS digital, "después de 25 años de impunidad podrá avanzar la justicia y la verdad".
A nivel del gobierno, se entendió que la aprobación de la nueva ley "es una importante señal hacia la sociedad", afirmó a radio Carve el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa.
El jerarca agregó que "saber la verdad y conocer los hechos ayudará a la reconciliación nacional".
PROMULGACIÓN.
Diputados también resolvió comunicar hoy la aprobación al Poder Ejecutivo, para que la ley pueda ser promulgada.
El presidente José Mujica dijo a El País que será la Suprema Corte de Justicia la que deberá tomar alguna decisión sobre los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que se presenten al amparo de la ley aprobada hoy.
"Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida", puntualizó.
La iniciativa que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
La sesión se condujo por carriles normales, sin grandes enfrentamientos entre el oficialismo y los partidos de la oposición.
Para eso, los coordinadores habían acordado horas antes del comienzo, una sesión "suave y con nivel" para evitar desbordes dialécticos.
Aún así, hubo algunas escaramuzas políticas sobre todo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, no por el contenido del proyecto, sino por los contactos con los militares en los meses de 1983 previos a la apertura democrática, en lo que se conoce como pacto del Club Naval.
En uno de los momentos de mayor tensión, el nacionalista Jorge Gandini sostuvo que en esas conversaciones a la que asistieron todos los partidos menos el suyo "se pactó la impunidad". Su colega nacionalista Pablo Iturralde añadió que la ley de Caducidad "es producto" del pacto del Club Naval, lo que irritó al oficialismo.
El diputado frenteamplista José Bayardi advirtió al Partido Nacional que no ingresaría en una revisión histórica para evitar discusiones mayores. "Eso es tergiversar la historia", dijo.
Luego, y antes de que tomara la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari para leer un editorial de 1973 del diario El Popular, el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, decidió suspender la sesión por cinco minutos para "calmar los ánimos".
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