El informe señaló, en otro orden, el ministro inició "acciones sumariales correspondientes al personal civil y militar posiblemente vinculado a los hechos". Entre los afectados se cuenta la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa de uno de los prófugos.
Más temprano, el ministro de Justicia, Julio Alak, informó que se recompensará con 2.000.000 de pesos a quien aporte "datos fehacientes que favorezcan la captura" de los prófugos.
Paralelamente, el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue el caso. También el personal del SPN involucrado en el traslado de Olivera y De Marchi fue pasado a disponibilidad.
