El juez suspendido de Mar del Plata Pedro Hooft está citado a indagatoria para el próximo 4 de junio. Se lo acusa de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y deberá prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata.
El fiscal general Jorge Auat presentó en diciembre último un escrito ante el juez federal Martín Bava para que ordene la "inmediata" indagatoria del imputado. La causa se inició en marzo de 2006, con una denuncia impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a Hooft, por su participación en el secuestro de los abogados caídos durante la llamada Noche de las Corbatas.
La secretaría entendió que Hooft "contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que se pudiesen cometer delitos de lesa humanidad" y exigió su indagatoria, procesamiento y detención como presunto responsable por acción u omisión de los delitos de "tormentos seguidos de muerte, tormentos cometidos en forma reiterada, violación reiterada" y como autor "del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba". Luego se sumaron a la denuncia la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Comisión Provincial por la Memoria.
A Hooft lo defienden su hijo Pedro Federico y Héctor Granillo Fernández. Su familia sostiene que la acusación fue armada con intencionalidad política desde la Procuración general de la Nación. Lo sostienen mediante una denuncia penal que realizaron porque consideran que se hallan frente a un caso de "corrupción judicial".
Señalan que el abogado Cesar Sivo junto con el fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler, y los fiscales Claudio Kishimoto, Pablo Larriera y Eugenia Montero y el juez Bava, suman a su acusación la influencia política ejercida desde Buenos Aires por la Procurador General de la Nación Alejandra Gils Carbó y los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti de la coordinación de juicios por delitos de lesa humanidad. A Auat, hombre de confianza de Gils Carbó, lo calificó de "kamikaze" y señaló que le hizo firmar un requerimiento fiscal sin que supiera su contenido. Incluso en la grabación se hace referencia a declaraciones del ex fiscal del juicio a las Juntas, Julio Strassera, quien respaldó lo actuado por Hooft.
El hijo del juez conoce al fiscal Kishimoto desde 1993 y en virtud de esa confianza habló con él y lo grabó. En la grabación aportada como prueba por los Hooft, Kishimoto admite que "le quieren cortar la cabeza. Lo quieren colgar a tu viejo, no sé por qué tanto encarnizamiento".
Mientras explica las presiones ejercidas para que impulse la causa contra Hooft, Kishimoto reconoce que "Auat es un kamikaze" y califica a la causa como "una mierda (sic)".
En la grabación aportada a la causa y a la que accedió Infobae, Kishimoto retrata la interna judicial marplatense y explica las presiones que tuvo para impulsar el caso de Hooft. "Me rompieron tanto las pelotas (sic) que me desplazaron del concurso acá", sostuvo en ese sentido.
"A mí me van a cortar la cabeza, yo me corro, van a poner a otro y va a ser peor", afirmó Kishimoto en otra parte registrada en las grabaciones que se adjuntan.
Para los denunciantes, se armó una causa judicial para acusar a Hooft. Y señalan que se cometieron graves delitos. Será la justicia la que decida si eso tiene asidero.
