"INDUSTRIA DEL JUICIO"
De este modo, Abal Medina aseguró que el Gobierno detectó que, en la liquidación de sueldos de Prefectura y Gendarmería, existe una "verdadera industria del juicio" para "perjudicar al Estado y a todos los argentinos".
El funcionario nacional reconoció que los efectivos reciben gran parte de sus haberes "de manera no remunerativa" y atribuyó esas irregularidades a las políticas que se implementaron en "los '90" con el gobierno de Carlos Menem y que continuó con la "connivencia de jueces y abogados".
"DESQUICIO ADMINISTRATIVO"
Por su parte, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aclaró que "al otro día de la protesta, la mayoría de los gendarmes y miembros de la Prefectura que habían tenido problemas de la liquidación tuvieron acreditados su sueldo".
"Asumimos el compromiso de revisar la situación que se presentó en el departamento de liquidaciones", dijo Lorenzino y reconoció un "desquicio administrativo" en las fuerzas y una "parte negra" en el salario.
El ministro de Economía confirmó que la cartera de Seguridad presentó una "denuncia penal" por "la comisión de delitos" contra "algunos prefectos, gendarmes y jueces" que habrían incurrido en "connivencia" y cometido "irregularidades" en la liquidación de sueldos de ambas fuerzas de seguridad.
A una semana de inicio de la protesta de las fuerzas de seguridad por la aplicación del polémico decreto, Lorenzino dijo que "las pautas de liquidación estaban sujetas a arbitrariedades" y que "vamos a terminar con la connivencia, con este desquicio administrativo".(transcripción cortesia TN24.com)
