En tal sentido se consideran vulnerados los Art. 16 (derecho de igualdad ante la Ley). Art.18 (“Las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”) y Art.75 Inc.22 de la Constitución Nacional. Al respecto el Art.5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe: “Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. El Art. 133 de la Ley 24.660 (Ley de Ejecución de Penas) regula el “derecho de aprender”.
Nada de todo ello importó a los docentes entrerrianos, no sólo se negó la posibilidad de reinserción social de los señores Appiani y Moyano sino que además, fueron disocializados, esto es, expulsados y discriminados en abierta violación a la Ley antidiscriminatoria Nro. 23.592 (B.O 5/9/1988) que obliga a hacer cesar todo acto que arbitrariamente impida, destruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre igualitarias de los derechos de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional.
La Universidad entrerriana ignora que las convicciones democráticas se demuestran reconociendo los derechos del otro, en especial cuando ese otro no comparte nuestras convicciones. Tal es la esencia profunda de los derechos humanos. Sin embargo, rondando la cobardía intelectual, los mismos docentes que sin inmutarse dan clases a parricidas, narcotraficantes, tratantes de personas y delincuentes seriales, incurren en discriminación contra camaradas sujetos a investigación por supuestos delitos que refieren a un contexto histórico bien determinado y por motivaciones políticas. Es decir para algunos elegidos vale la murga del “batayón militante”, para los militares y camaradas de policía y seguridad detenidos, el escarnio, la humillación, la discriminación.
Particularmente opino que con este tipo de escenificaciones o gestualidades ampulosas, cabe todo el derecho del mundo a preguntarse y probablemente a responderse afirmativamente, que toda la maniobra referida, obedece a un uso oportunista, que no existe un verdadero convencimiento ideológico, y que todo es un acto de reposicionamiento en cargos políticos y/o académicos por parte de los docentes involucrados, lo cual habla de la naturaleza de la vida intelectual en nuestro país, cada vez mas sometida a las necesidades del poder político.
