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A los 84 años, el coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos sigue rindiendo cuentas ante la Justicia por su actuación como subjefe de la policía bonaerense durante la dictadura militar. Su hija Ana Campos, en una carta dirigida al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que lo investiga en la causa del circuito Camps, relató que su padre tiene "ceguera legal, anemia crónica, hipertensión y fue operado por un tumor cerebral", y cuestionó la revocación de la prisión domiciliaria y su traslado a la cárcel de Ezeiza.
 
Campos, que hace tres años fue condenado en Córdoba a prisión perpetua por el secuestro, tortura y asesinato del subcomisario Ricardo Albareda, es uno de los 1230 oficiales de las Fuerzas Armadas, de seguridad y penitenciarias que en la última década transitaron por los tribunales, implicados en causas por delitos de lesa humanidad. De ellos, 171 murieron en la cárcel o bajo proceso judicial, en condiciones que en su entorno consideran "humillantes y denigrantes".
 
Es también uno de los 417 oficiales y suboficiales que hoy están procesados o condenados en cárceles federales y provinciales. El número se actualiza cada semana, advirtió la Unión de Promociones, una entidad formada por militares retirados para "dar a conocer la verdad completa" de la lucha contra la subversión y apoyar a los que consideran "presos políticos", por negárseles "el acceso a derechos humanos mínimos, como el principio de igualdad ante la ley", denunció el coronel retirado Guillermo Viola, uno de sus fundadores, en diálogo con LA NACION.
 
"Ya estuvo preso en Marcos Paz. Fueron los peores días de su vida. El traslado le produjo lesiones en su columna y lo dejó doblado en dos por los dolores. ¡El envío a una cárcel común sería matarlo, adelantarle su muerte!", describió, con dramatismo, Ana Campos, en la carta a los jueces del tribunal, Carlos Rosansky, Roberto Falcone y Mario Portela. Aún no hubo respuesta y el militar está en la cárcel de Ezeiza.
 
Con una edad promedio de 77 años, los ex uniformados son destinados a pabellones especiales en las cárceles comunes de Marcos Paz, Ezeiza, Villa Devoto, Bahía Blanca, Batán y Campo de Mayo, entre otras unidades. Los jueces no tienen la obligación de conceder la prisión domiciliaria, sino que se trata de una atribución que ellos pueden disponer para los mayores de 70 años.
 
"No hay peligro de fuga. Muchos son octogenarios, los trasladan esposados en camiones celulares y tienen severos problemas de salud. Son sometidos a un régimen carcelario riguroso", explicó el coronel Viola, quien aclaró que los guardias penitenciarios tratan con corrección a los detenidos.
 
"Mi padre tiene 90 años y cáncer. Ocho dictámenes médicos del Cuerpo Forense de la Corte Suprema lo declararon incapaz para estar en juicio", explicó el doctor Ricardo Saint Jean, indignado por el traslado de su padre -el ex gobernador bonaerense de facto Ibérico M. Saint Jean- a una cárcel común. En la citada causa del Circuito Camps, enfrenta cargos como coautor material de privación ilegal de libertad y tormentos en 61 hechos.
 
APLICACIÓN DE LA LEY
 
"Además de juzgarlo ilegalmente, luego de cuatro años y medio de prisión domiciliaria, lo envían ahora a una cárcel común. Esto sólo ocurre con los militares y policías que combatieron el terrorismo y ahora también con quienes ocuparon cargos públicos en los años 70", afirmó. Como en otros casos, el penalista Saint Jean se quejó de que a su padre le apliquen retroactivamente la ley penal. "Esto sienta el peor de los precedentes, porque abre la puerta a la persecución política", advirtió el doctor Saint Jean.
 
Los militares no tienen contacto con los presos comunes y son excluidos, incluso, de los beneficios carcelarios, advirtió el capitán Viola. "No participaron, por ejemplo, de las jornadas de puertas abiertas promovidas por la organización kirchnerista Vatayón Militante, que permitieron a las familias pasar un día junto a los detenidos", señaló.
 
En la actualidad, hay 832 procesados (274 en cárceles comunes) y 225 condenados (143 en instituciones penales), además de dos imputados no procesados. "Los militares enjuiciados son prisioneros políticos porque el Estado viola 14 derechos humanos y libertades fundamentales", advirtió el representante de la Unión de Promociones.
 
Se refirió a las prisiones preventivas que colisionan con el principio de inocencia y la negación de derechos adquiridos, de excarcelaciones bajo fianza, del principio de garantía del juez natural, del principio de territorialidad y de la aplicación de la ley más benigna, entre otros.
 
Viola citó el caso del ex suboficial Gregorio Rafael Molina, de la Fuerza Aérea, condenado en junio de 2010 a prisión perpetua en La Plata por homicidios y privaciones ilegítimas de la libertad. Luego enfrentó un segundo juicio, cuando ya padecía de cáncer en el vientre y fue llevado en estado terminal a la cárcel de Batán. "El director del penal -relató- se negó a recibirlo al ver su estado, por lo que Molina durmió toda la noche en el celular que lo había transportado. A la mañana siguiente, fue llevado a la audiencia y la defensora oficial admitió que lo habían trasladado porque lo necesitaban para empezar el juicio. Falleció, a los 67 años, el 11 de julio pasado."

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