Un Congreso anulando sus propias leyes y una Corte Suprema, sus propios fallos, violando las garantías que limitan el poder estatal para protección de los habitantes frente al autoritarismo, a las que se llaman “obstáculos a sortear”, constituyen la receta perfecta para impedir la ansiada seguridad jurídica indispensable para una convivencia pacífica que permita proyectarnos hacia un futuro mejor. A la ilegalidad de origen que permitió la reapertura de los juicios por hechos ocurridos hace medio siglo se le sumó la que se mantiene en el desarrollo de los procesos, donde el derecho de defensa se ha convertido en una declamación sin anclaje en la realidad, con la única finalidad de perseguir a unos y mantener la impunidad de aquellos que iniciaron el enfrentamiento entre hermanos más feroz. Las muertes de antes y las anunciadas de ahora de más de 900 imputados son irreversibles, así como los tiempos sufridos privados ilegalmente de la libertad. Sin embargo, es posible poner freno a esta situación. Solo basta romper la indiferencia y una decisión política valiente de apegarnos a lo que la ley manda, sin tergiversaciones dirigidas ideológicamente, para devolvernos la esperanza de una nación unida, libre y en paz.
María Laura Olea
DNI 13.968.163
