El municipio de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, exigió a través del inicio formal de un juicio de ejecución fiscal, el desarme del radar instalado hace años por la empresa inglesa LeoLabs, a quien le impuso también una multa. La estructura quedó en una situación irregular desde mediados de 2023, cuando el gobierno argentino resolvió cancelar las actividades por la capacidad militar del dispositivo.
La medida en contra de la empresa fue impulsada por la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°392/14, tras el rechazo al recurso de reconsideración presentado por LeoLabs. La comuna dispuso una sanción económica y la demolición de la estructura, amparándose en sus facultades administrativas y en el hecho de que la obra nunca fue habilitada.
Vale decir que la instalación del radar en Tolhuin había sido autorizada provisoriamente por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Nación en noviembre de 2022, sin la intervención del Ministerio de Defensa ni de la Cancillería. Posteriormente, el Ministerio de Defensa consideró que la instalación representaba un riesgo para la seguridad nacional y solicitó la cancelación definitiva de su funcionamiento.
En tanto, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, advirtió: “Como fueguinos y fueguinas no debemos permitir que intereses extranjeros vulneren nuestra soberanía; es por eso que hemos dado instrucciones para avanzar en la ejecución judicial de las multas impuestas a esta empresa”.
«No hay permiso»
El jefe comunal recordó que el Municipio jamás otorgó el permiso para la construcción del radar. “Cuando nos enteramos del tema, dijimos que hasta que no tengamos clarificado qué se va a hacer con esto, no hay permiso. Por más que hayan presentado los planos y demás. De hecho, la gente de Obras Particulares estuvo siempre a la altura de las circunstancias”, indicó.
Desde ese momento, el Municipio cumplió con todos los pasos administrativos: “El 26 de septiembre de 2023 nosotros notificamos fehacientemente a la empresa, después de las audiencias y todo, respetando los plazos. Cumplimos con todo el procedimiento”, remarcó el intendente.
La clausura del predio, el rechazo a los recursos presentados por la empresa, y ahora la ejecución judicial, son parte de una línea de acción “sostenida y firme”, que “refuerza el compromiso de la gestión municipal con la defensa del territorio y el cumplimiento de las normativas locales”.
