El asesinato, el secuestro y la extorsión contra líderes sindicales, políticos, empresarios y militares había dejado de ser un problema de índole policial para escalar a la guerra civil y así lo entendió el gobierno. En Tucumán, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había montado una suerte de “laboratorio” insurreccional a los efectos de obtener el reconocimiento internacional de “fuerza beligerante”, en arreglo a los Convenios de Ginebra. Los combatientes de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP ocupaban territorio, vestían uniforme de combate, exhibían bandera distintiva, portaban armas a la vista, libraban combates, hacían justicia por mano propia y, en todo momento, declaraban el estar librando una guerra revolucionaria.
En sus masivas publicaciones semanales (“el Combatiente” y “Estrella Roja”, por ejemplo) se mostraban como bravos soldados que ponían en jaque al ejército de la “burguesía” en la selva tucumana. Tiempo después, en los juicios-farsa de lesa humanidad, los fieros incondicionales del Che Guevara transmutaron en pobres ovejitas desamparadas. Así, por ejemplo, el sucesor de Mario Roberto Santucho en la jefatura del ERP, Arnold Kremer (cuyo nombre de guerra era Luis Mattini), en sus declaraciones como testigo en la causa “La Perla”, afirmó que lo de Tucumán no había sido una guerra, sino algo parecido a un grupo de inocentes boy scouts que salió de pícnic al monte. Y que lo que declaró en sus notas periodísticas y escribió en sus libros sobre que estaban haciendo la guerra no debía ser tomado en serio. Que fueron perseguidos por “pensar distinto”. ¡Vaya ejemplo de miseria moral! Ni jueces, ni fiscales, ni políticos, ni sindicalistas, ni curas, ni empresarios dijeron esta boca es mía ante estos y otros dislates de criminales confesos, como Mattini, del ERP y Montoneros. Con evidente cobardía una mayoría social aceptaba trastocar la verdad haciendo de los victimarios, víctimas. Luego, el pánico cundió entre los uniformados. La única manera de salvarse de una acusación, procesamiento y condena segura por los jueces que, entre otras cosas, violaban el Art. 18 de la Constitución Nacional, era sacarse una foto con Hebe de Bonafini y asumir la causa de “las madres” como propia.
Tal como lo había hecho Néstor Kirchner al asumir la presidencia. Martín Balza, antes, y César Milani, después, capearon así la envestida judicial setentista. Lo mismo, Eugenio Raúl Zaffaroni, el juez que en el gobierno militar negaba habeas corpus a los desaparecidos y escribía libros que justificaban la represión. De la mano de “Hebe” hizo una carrera meteórica: juez de la Corte Suprema de la Nación y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos, especialmente los jueces federales, tomaron nota. Bonafini y Carlotto tenían la llave. Además, el golpe de Estado de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia (complemento del que dio Duahlde a De la Rúa) no dejó dudas en donde debían alinearse si querían seguir siendo jueces. Salvo unos pocos, la mayoría de los demócratas convalidaron ambos golpes. De allí que eso de los 40 años de democracia ininterrumpida sea un cuento chino.
Cuento chino es también que el “terrorismo de Estado” comenzó el 24 de marzo de 1976. ¡Y la Triple A, creada en 1973, en qué placard la disimulamos! ¡Nada más peronista químicamente puro que dicha banda! Entre otros, se cargó a un ex vicegobernador y a un ex gobernador: Atilio López y Miguel Ragone, respectivamente (ambos peronistas). Pero si algo distingue al gobierno peronista eso es el Operativo Independencia; verdadero hijo legítimo del peronismo. Hijo, entonces bendecido, negado por sus padres. Sí, porque el “terrorismo de Estado” o guerra contra la subversión es, en sus inicios, obra del peronismo. Afirmar otra cosa es faltar alevosamente a la verdad. Pruebas hay para hacer dulce. Por ejemplo, el hijo de “Tati” Almeida, Alejandro Almeida (militante de la banda terrorista 23 de Agosto) fue desaparecido el 17 de junio de 1975 por la Triple A, Que una de las dirigentes más conspicuas de Madres de Plaza de Mayo siga exigiendo a los militares la aparición con vida de su hijo suena ridículo. Es a la presidente del partido Justicialista (Cristina Fernández de Kirchner) o a María Martínez de Perón a las que debiera responsabilizar. Y si, como dice, que Alejandro Almeida fue víctima de un genocidio, exigir también la proscripción de dicho partido “genocida”.
Pero la verdad también está desaparecida. El gobierno de Milei que, a base de coraje y talento está sacando a la Argentina del pozo ciego, no da el combate cultural y recula. Como Macri en su momento, hace suyo el relato marxista que sostiene no hubo guerra sino un genocidio en los setenta. Y que la “derecha” fue la gran responsable.
Sólo en ese sentido (el del recule) se puede entender que el ministro de Defensa, Luis Petri, haya dado de baja a 23 represores que participaron en la guerra contra las bandas terroristas. Es una pesadilla persecutoria infame de nunca acabar. Así y todo, cada 5 de febrero, valdrá la pena honrar el decreto peronista que dio inicio al Operativo Independencia.
*Mauricio Ortín
Miembro del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta
