Martín Llaryora habilitó la incorporación de soldados del Ejército y efectivos de la Fuerza Aérea a las filas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un cuerpo de "élite" fundado hace una década que tiene a su cargo la persecución del narcomenudeo.
La ley para habilitar a los militares a integrarse como efectivos a la FPA ingresará formalmente el miércoles a la Legislatura, y el jefe del bloque oficialista, Miguel Siciliano, pedirá el tratamiento sobre tablas. El texto de la ley también lleva la firma de Nadia Fernández, presidenta de la comisión de Seguridad de la Legislatura.
Además de los temas operativos, con la incorporación de militares a tareas de seguridad, Martín Llayora da curso a una de sus ideas para la nacionalización del proyecto cordobés: "El Ejército es una fuerza con alta capacidad de impacto y de despliegue logístico y estratégico, entrenada y con vocación", le había dicho el actual gobernador cordobés a LPO durante la campaña electoral de 2023.
El proyecto que Llaryora mandó a la Legislatura abre la puerta a que militares retirados se sumen a la fuerza antinarco.
El texto de la ley para habilitar la incorporación de militares deja abierta la puerta para que estos puedan ser quienes estén retirados. El único artículo dice respecto de quienes se busca incorporar a la policía antinarco: "Personas que hayan obtenido los títulos que otorgan las entidades de formación de las fuerzas armadas de la República Argentina, necesarios para acceder a los grados de oficiales o suboficiales".
Aunque se trata de un llamado general a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, la mira está puesta en el Ejército y la Fuerza Aérea, ambas ramas con cuarteles en la provincia de Córdoba. La provincia es la base del Tercer Cuerpo del Ejército y tiene dos bases de la Fuerza Aérea. La ley tampoco fija tope de edad para la incorporación, lo que deberá establecer Llaryora vía reglamentación.
Llaryora incorpora militares al combate del narcotráfico
La FPA se integraba con policías provinciales en actividad que debía atravesar un proceso de admisión de casi un año, entre test psicológicos, encuestas ambientales y preparación específica. Ahora, lo que se hará en la práctica es tomar como equivalente a la formación y carrera policial a los integrantes de las Fuerzas Armadas que se incorporen a la FPA.
El anzuelo es el salario, que es superior incluso al de un efectivo de la Policía provincial. Un agente de la Policía de Córdoba cobra actualmente de bolsillo (promedio) 1,1 millón de pesos y cuenta con un régimen jubilatorio especial. Quienes integran la FPA reciben un plus. "Actualmente les va a convenir a miembros de las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista salarial, integrarse a la FPA", confían en el Gobierno cordobés.
En la fundamentación de la ley, el Gobierno provincial dice que la motivación de incorporar militares es "imposibilitar el avance de este delito y asegurar las fronteras de la provincia"; al tiempo que destaca la "creación de acciones conjuntas entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos que ha logrado a través del entrecruce de información y el accionar conjunto la desarticulación de bandas criminales y secuestro de narcóticos a todo lo ancho y largo de nuestra provincia".
Llaryora busca quedarse también con una bandera política respecto del "trabajo" de Luis Juez y Rodrigo de Loredo en el Congreso: ninguno de los jefes opositores impulsaron desde sus bancas leyes para que las Fuerzas Armadas se sumen al combate contra el narcotráfico.
