La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de la ex ministra de Defensa del kirchnerismo Nilda Garré y ordenó profundizar la investigación para determinar defraudación a la administración pública por haber cobrado sueldos y jubilaciones y también unas remuneraciones gracias a ser la titular de Registro Automotor desde 1989. El tribunal también dio por tierra con uno de los argumentos de la defensa: que los ingresos que recibía del Registro Automotor eran de “naturaleza privada”.
Según el fallo al que accedió Infobae, Casación destacó “el carácter de funcionarios públicos de los titulares de los registros de la propiedad del automotor, que surge tanto de su nombramiento como funcionarios públicos, como también por el rol de dicha función dentro del Estado, así como por el origen, naturaleza y destino de los montos percibidos, que son de carácter público”. “De esa manera, no es posible caracterizar a los emolumentos que estos perciben como una mera contraprestación por el ejercicio de ese cargo, como dinero de la administración pública resultante de un porcentaje o monto fijo de los aranceles que recaudan”, se afirmó.
La causa empezó en 2013. El juez Marcelo Martínez De Giorgi la había sobreseído tres veces. El fiscal Carlos Rívolo apeló las tres veces. Pero la última vez no tuvo la misma suerte que las dos anteriores. En 2022, por dos votos a uno, la Cámara Federal entendió que había que decretar su inocencia. El fiscal Raúl Pleé llevó el caso a Casación. Sostuvo que la decisión había sido arbitraria y que habría existido “el ilegítimo cobro de una jubilación pública superpuesta al pago de salarios”. También afirmó que se llegó a la conclusión del sobreseimiento sin una pericia contable válida porque se hizo sin la totalidad de los papeles.
Ahora, los jueces Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Diego Barroeteveña le hicieron lugar, anularon el sobreseimiento y reactivaron la causa con distintas diligencias, ya dispuestas, pero que no se habían hecho. Subrayaron los compromisos del Estado Argentino para juzgar y sancionar casos de corrupción.
El 3 de julio de 2013, los entonces senadores Gerardo Rubén Morales, José Cano, Luis Petcoff Naidenoff y Alfredo Martínez denunciaron que Nilda Garré ocupaba simultáneamente dos cargos públicos, lo que se encontraba vedado legalmente. A través de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de carácter público, presentadas por ella ante la Oficina Anticorrupción, correspondientes al período comprendido entre 2005 y 2011, detectaron que en el año 1989 Garré fue designada Encargada Titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor n° 57 de esta ciudad, y que desde 1995 estaba “en uso de ‘licencia para el desempeño de cargos nacionales, provinciales y municipales de carácter no permanente, situación que se habría extendido de forma prácticamente ininterrumpida, en razón de las sucesivas funciones públicas para las que resultó electa o designada”.
Mientras ocupó un cargo en la función pública, Garré designó como suplente en el registro a su cargo a Olga Beatriz Mercado. Pero pese a esa circunstancia, Nilda Garré continuó percibiendo los emolumentos (remuneraciones) correspondientes a la prestación del servicio registral.
El fiscal Rívolo impulsó la causa y promovió su llamado a indagatoria tanto por defraudación contra la administración pública. La ex funcionaria afirmó que, al momento en que se convirtió en titular del Registro, era legal cobrar en simultáneo su remuneración y esos ingresos. La habilitaba el decreto 644/89, que regula el sistema de los registros. A su entender, los emolumentos no se podían equiparar a un “haber” o “remuneración”.
Martinez de Giorgi insistió una y otra vez en que no hubo delito. Sobreseyó a Garré en 2017 y en 2020. El tercer sobreseimiento llegó en diciembre de 2022. Esta vez, con los votos de Eduardo Farah y Roberto Boico, la Cámara Federal afirmó que “existía certeza que, en todas las oportunidades, Nilda Garré gozó de licencia como titular del registro mientras se desempeñó en otras funciones públicas” y que no pudo “demostrarse contablemente que la imputada haya percibido una jubilación y un ingreso derivado del ejercicio de la función pública de manera simultánea”. Además, se aseguró que “al momento de los hechos no existía una disposición que obligara a Garré a actuar de un modo distinto al que lo hizo”.
En disidencia votó el juez Martín Irurzun que aún no se habían dilucidado las diligencias ordenadas en los pronunciamientos previos del tribunal. La hipótesis acusatoria en torno a que “Nilda Garré habría cobrado los emolumentos correspondientes al registro seccional a pesar de hallarse en uso de licencia y de ocupar otros cargos públicos no encontró aún una respuesta”. Por eso se inclinó por revocar el fallo porque el sobreseimiento se dictó sin que hubieran sido evaluadas cuestiones claves.
La fiscalía insistió ante Casación, donde ayer le dieron la razón. El voto principal de Mahiques fue acompañado por sus colegas. “El sobreseimiento de Nilda Garré se ordenó sin que hubieran sido evaluadas, en su integridad y efectos, cuestiones trascendentes que conforman la hipótesis acusadora”, resaltó el fallo. “Resta determinar si Garré percibió y dispuso de los emolumentos correspondientes al Registro Automotor Seccional N°57 a pesar de hallarse en uso de licencia y mientras ocupaba otros cargos públicos”, refirió.
Casación reclamó insistir en la incorporación de la totalidad de la documentación vinculada a la liquidación de los emolumentos, su cobro o transferencia, así como con el detalle de los movimientos bancarios imputados a gastos personales y a la operatoria del registro seccional y el destino de ese dinero. Es que los responsables del informe pericial de marzo del 2022 afirmaron que “no tuvieron a la vista ni examinaron ningún elemento contable o sistema registral vinculados con los temas planteados”. Fue un análisis “sin contar con libros de sueldo, papeles de trabajo o planillas extracontables en las que se clasifique u ordene los gastos de la operatoria del registro, sino que únicamente visualizaron comprobantes escaneados de gastos”.
“No resulta posible convalidar un auto de sobreseimiento sin determinar, con precisión, las sumas reconocidas como ganancia gravada proveniente de los ingresos del registro seccional, así como el resto de las ganancias que percibió Nilda Garré en el período denunciado, su naturaleza, percepción y eventual disposición -afirmó el fallo-. De acuerdo al sustrato fáctico denunciado, es necesario contar con un informe exhaustivo que pueda aportar certezas sobre la existencia, o no, de una percepción simultánea por Garré de un beneficio previsional y de una remuneración correspondiente al ejercicio de las funciones públicas desempeñadas y, en su caso, por qué montos”.
