El gobierno de Javier Milei concretó en la política de derechos humanos un fuerte giro a tono con la tendencia general. Es una decisión de un fuerte valor simbólico y al mismo tiempo histórico. Ocurre 50 años después de los hechos que marcaron la historia argentina pero tuvieron poca difusión. El Ministerio de Defensa contrató en la Dirección de DDHH a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, los hijos de dos coroneles que fueron asesinados en los 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Se trata de la hija de Jorge Ibarzábal, que siendo teniente coronel en 1974, fue secuestrado tras un ataque a los cuarteles de Azul y luego asesinado. “Un guerrillero le dio tres tiros a mi padre, que estaba esposado y con los ojos vendados”, contó en una entrevista conmovedora con Infobae. El segundo es hijo de Argentino Del Valle Larrabure, un coronel que vivió un brutal cautiverio de 370 días en una “cárcel del pueblo” del ERP y murió en 1975 tras ser fusilado. Ahora, su caso es analizado por el Vaticano: podrían declararlo santo.
Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure hablaron con Infobae sobre las tareas que tendrán a cargo a partir de ahora, aclararon que buscarán transmitir “la verdad completa” y se refirieron a un tema de enorme actualidad, como son los casos de detenidos por causas de lesa humanidad que tienen más de 75 años, los que cumplieron más de 10 años sin condena firme y los que padecen graves problemas de salud. “En Argentina se están violando los derechos humanos de estas personas. Son personas que, hoy por hoy, no tienen derechos humanos”, coincidieron.
Fuentes del Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri, explicaron que Larrabure e Ibarzábal desarrollarán tareas en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, específicamente en tareas de coordinación de los programas de cooperación con organismos nacionales e internacionales gubernamentales y no gubernamentales que entienden en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. También participarán en “la definición de políticas y acciones que contribuyan al bienestar del personal que integra el Ministerio, las Fuerzas Armadas y otros Organismos dependientes, como parte indivisible de los Derechos Humanos que los asiste”.
Y agregaron: “Están colaborando en contenidos formativos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, relacionados con los valores que transmitieron sus respectivos padres desde el cautiverio, como ejemplos de vida, de perdón hacia sus captores y de amor a la Patria. Paralelamente, van a contribuir a ocuparse de los derechos humanos de hoy, actuales, de todos los militares en actividad y retirados”.
Es un nuevo enfoque, habida cuenta que los últimos 20 años, a partir de la llegada de los Kirchner al poder, el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa tenía como función principal el análisis de los legajos de militares propuestos para ascender -para determinar si tuvieron alguna participación en la represión ilegal- y colaborar a instancias de la Justicia Federal en los requerimientos de las causas de lesa humanidad que estaban en trámites. “Nosotros no vamos a tener esas tareas, las funciones tienen que ver con la capacitación y la transmisión de valores universales, sin exclusiones, para que las nuevas generaciones conozcan la verdad de los hechos”, explicó Silvia Ibarzábal.
También habló de la visita que hicieron un grupo de diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza, donde están detenidos varios condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex marino Alfredo Astiz. “Todo preso tiene derecho a ser visitado. Fue un acto humanitario, pero también valiente, porque sabían que cuando esto se conociera iban a ser muy criticados”, afirmó la hija del coronel post mortem.
Larrabure, a su turno, afirmó: “Indudablemente con los derechos humanos se hizo un gran negocio, como se hizo con tantas otras cosas. Nosotros queremos hacer que esto no sea un negocio. Esto tiene que ser estrictamente la pura verdad de lo que sucedió y sucede en la Argentina. Porque los derechos humanos siguen todos los días. No puede ser que los derechos humanos en la Argentina estén solo centrados en la década del 70″.
Y habló sobre el tema de los detenidos por lesa humanidad: “Todos los presos tienen derechos humanos, no hay que olvidarse de eso. Si una persona está detenida, ha sido juzgada y tiene situaciones de enfermedad o supera los 75 años, debe tener prisión domiciliaria, no pueden morirse en la cárcel porque pertenecen a la década del 70. Los derechos humanos son para todos, inclusive para esta gente. Algunos están muy mal físicamente, no puede estar en una cárcel. Aún el peor enemigo también tiene derechos humanos”.
Dos crímenes brutales del ERP
El caso de Argentino del Valle Larrabure tiene características tremendas. El 11 de agosto de 1974 -hace casi 50 años- un grupo de guerrilleros del ERP ingresó en las instalaciones de la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba. Ingresaron con el objetivo de robar el arsenal y mataron a su paso a todos los que se interpusieron, pero lo peor es que se llevaron secuestrado al segundo jefe que estaba en el lugar. Según las crónicas periodísticas, escaparon con 120 fusiles FAL, municiones.
Al militar lo tuvieron encerrado en un pequeño habitáculo de reducidas dimensiones, que llamaban “cárcel del pueblo”, ubicada en la calle Garay 3254 del barrio Bella Vista, en Rosario. Sobre el sótano donde fue cautivo (en un agujero de 1,10 metros de largo por 60 cm. de ancho) había una mercería. Larrabure estuvo 372 días en poder de sus captores. El 19 de agosto de 1975 lo mataron y tiraron su cuerpo, envuelto en un plástico, a una zanja en Rosario. Lo encontraron unos chicos. Tenía 43 años, estaba casado con María Susana de San Martín (a quien llamaba Marisú y falleció el 4 de septiembre de 2001, a los 69 años) y tenía dos hijos: María Susana, de 17 años, y Arturo, de 16, en ese momento. Él, ahora, está en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Y su padre podría ser beatificado.
El otro caso es el de Jorge Ibarzábal. Oriundo de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, tenía 46 años cuando fue secuestrado. Fue ascendido post mortem al grado de coronel. En los cuarteles de Azul había dos regimientos. Su padre era jefe del Grupo de Artillería Blindado 1 y el coronel Camilo Arturo Gay, muerto en el ataque, era el jefe del Regimiento de Caballería Blindado 10.
“La autoría intelectual del asalto fue de Roberto Santucho”, el jefe del ERP, aseguró Silvia Ibarzábal en una extensa entrevista con Infobae. Al frente del operativo estuvo Enrique Gorriarán Merlo quien, ante la imposibilidad de tomar el cuartel, se fugó. Hizo lo mismo 15 años después, en el asalto al regimiento de la Tablada, en 1989, en plena democracia.
