Las acciones de la guerrilla se incrementaban día tras día sin que los organismos competentes, en particular la Justicia Federal, interviniera dando respuesta adecuada. A ello se le sumaba la dispersión en el territorio nacional de los distintos juzgados federales. El 25/5/73 fue disuelta por una ley del Congreso votada en forma unánime por peronistas y radicales. Durante los 22 meses que funcionó no hubo un solo desaparecido. Se juzgó a más de 1000 terroristas y se impartieron unas 700 condenas nunca revisadas por la Corte Suprema con posterioridad. Luego sobrevino la ley de amnistía de Cámpora, y comenzó la cacería de estos valientes jueces a los que deberíamos recordar y homenajear. Perseguidos ellos y sus familiares, sufriendo atentados, debiendo exiliarse en el exterior, ayudados por sus amigos para sobrevivir y, lo que es peor, el olvido de la sociedad.
Termino y firmo esta carta poniéndome de pie. Yo los conocí y como abogado, padre de familia y ciudadano, va mi agradecimiento y admiración.
José María Ugarte
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