Expusieron el CR Darío Alejandro Selser y el Presidente de la Delegación de la UP Mendoza TC VGM Lucio Candia sobre la cantidad de presos políticos, edades años de prisión preventiva etc.
Acompañaron el encuentro el Dr. Carlos Benegas, Eduardo Mortarotti, el Dr. Jorge Sánchez, la Prof. Silvia Aballay y Carlos Desimone.
El diputado Electo Facundo Correa Llano recibió la información, se comprometió a buscar soluciones de rápida ejecución y trazar un plan de propuestas a más largo plazo. A la vez entregara a las otras dos diputadas electas por Mendoza, del mismo espacio político, las copias de lo recibido por la UP.
Reproducimos textualmente la carta que fue entregada para el Licenciado Javier Milei ya que aún no juró que como el nuevo presidente que está firmada y membretada por la UP Delegación Mendoza y por la Federación Cuyana de Veteranos de Malvinas (Personera Jurídica 340/19 Provincia de Mendoza):
“Unión de Promociones - Delegación Mendoza.
Lic JAVIER MILEI
S.........../…........D
Preocupados por la persecución sin fin de muchos de nuestros Camaradas deseamos expresarle:
La lucha armada en la década del 70 pareció haber revivido los enfrentamientos internos en aquella época de la Reorganización Nacional, aquella en la que el Grl San Martin no quiso desenvainar su espada.
En los años 70, un total de 53 grupos guerrilleros argentinos, movimientos, organizaciones y agrupamientos colaterales, con perfiles marxistas, leninistas y castro- contra el Estado Argentino, al punto tal de buscar consolidar la creación de una zona liberada, un nuevo estado independiente, con su propia bandera y el objetivo de alcanzar el reconocimiento internacional.
Todo el País se hallaba sumergido en un profundo caos. Por disposición del gobierno constitucional de aquel entonces, superadas las Fuerzas Policiales y las Fuerzas de Seguridad, se dispuso la intervención de las FFAA en todo el territorio nacional.
Fueron 4 los Decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina en 1975, durante el gobierno constitucional peronista de María Estela Martínez de Perón, con el fin de organizar las FFAA y de Seguridad para combatir contra las organizaciones guerrilleras que actuaban por entonces en el país.
Recordamos la sanción aquel 05 de Febrero de 1975, con el Decreto Reservado donde se disponía que “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
En el País se desarrolló una “Guerra Revolucionaria”. Así lo expresó y dejó claramente documentado -entre otras tantas consideraciones- la Cámara Federal en el Juicio de 1985 a las Juntas Militares.
Las FFAA no disponían de doctrina ni procedimientos para enfrentar este tipo de guerra. Sólo la lógica preparación para enfrentar una guerra convencional. No eligieron ese conflicto, ni tampoco ingresar a él.
Pero es innegable que durante el accionar contraterrorista, se produjeron y/o cometieron errores, propios de un muy feroz conflicto bélico internacionalmente apoyado, preparado y financiado. Obviamente esto no es una justificación, ni mucho menos una apología a la violencia. Es la cruda descripción de una realidad que superó a ambos contendientes. Se perjudicaron todos los argentinos. Se perjudicó seriamente el País.
Lamentablemente hoy parece que la masa del pueblo ha olvidado lo que aquí sucedió. Por desmemorias, por conveniencia o por la razón que fuere.
Lo duro es no reconocer aquella guerra revolucionaria que nos azotó en forma integral. Insistir en negarla, alimenta las diferencias y el enfrentamiento.
Las acciones armadas finalizaron, pero el conflicto continuó. Aún así, se produjeron más hechos de violencia, como el recordado ataque a los Cuarteles de La Tablada en 1989 y las voladuras de la Embajada de Israel y la AMIA, en 1992 y 1994.
En suma, 30 años, desde 1959 (Uturuncos) hasta 1989 (La Tablada) con los dos antedichos atentados de 1992 y 1994.
A partir de 1983, sucesivos gobiernos visualizaron la complejidad del enfrentamiento ideológico, y analizaron las medidas necesarias para restablecer de una buena vez, las condiciones para que la Nación avance en concordia hacia el futuro, buscando la definitiva pacificación del País.
Se adoptaron soluciones concretas:
- El Presidente Alfonsín, luego de juzgar las cúpulas militares y de los guerrilleros, logró que el Congreso aprobara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
- El Presidente Menen promulgó Decretos de Indulto y Amnistía para militares y guerrilleros.
- El Presidente De la Rúa decretó la Conmutación de Penas para los guerrilleros que atacaron los Cuarteles de La Tablada.
- El Presidente Duhalde indultó al ex Coronel Mohamed Alí Seineldín y al ex guerrillero Enrique Gorriarán Merlo para dar por finalizada una etapa de desencuentros.
Los cuatro Presidentes de los períodos posteriores a esa guerra interna vieron la necesidad de pacificar y recomponer la paz social, para que en concordia el país fuesen una realidad, Identificaron el mismo problema y tomaron soluciones en el mismo sentido: La definitiva reconciliación entre argentinos, mirando hacia el futuro.
Queda esta gran duda: ¿Los cuatro Presidentes se equivocaron?
Los dirigentes de las organizaciones subversivas de aquellos tiempos (38 de ellos, para ser más exactos) plasmaron en un documento, cuyo original se encuentra en la Basílica de Luján, el reconocimiento de culpas, errores y la necesidad de una pacificación y reconciliación nacional, en la llamada Acta de Reconciliación.
En sendas oportunidades, Jefes de las FFAA efectuaron un reconocimiento a la sociedad, abogando por un cierre definitivo de las heridas.
En el mismo sentido la Iglesia, a través del Presidente del Episcopado Monseñor Karlic, expresó su arrepentimiento por la participación en la violencia guerrillera y la “represión ilegítima”
La necesidad de la pacificación estuvo reflejada en todos los actores de ese sangriento y fratricida conflicto. Pero a 40 años de los dos decretos que ordenaban juzgar ambas cúpulas (guerrilleros y militares) y a 20 años del último Indulto, (Presidente Duhalde) hemos retrocedido en el tiempo y en la búsqueda de la pacificación nacional.
En poco tiempo se derogaron las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se anularon las amnistías e indultos y se reabrieron los juicios hacia los integrantes de las FFAA, FFSS y Policiales, que lucharon en esa guerra interna. Esa retracción conlleva una situación de INJUSTICIA, las medidas fueron en detrimento solamente de los integrantes de las FFAA, FFSS y Policiales.
El sentido de HUMANIDAD pareciera que está direccionado hacia un solo lado. Un claro ejemplo: Se asignaron importantes indemnizaciones a los familiares de guerrilleros que, por ejemplo, atacaron el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa. En cambio, hasta el momento se les negó toda indemnización a los familiares de los Soldados caídos en defensa de esa Unidad militar.
Otra situación que marca la INJUSTICIA es la negación de las víctimas del terrorismo, ni siquiera han sido registradas oficialmente. Durante el ataque terrorista al Regimiento de Formosa, los militares que murieron defendiendo la Unidad no figuran en el monumento a la Memoria, pero sí figuran terroristas que murieron atacando el Regimiento y figuran como “…asesinados por el terrorismo de estado.”
Se ha visto que cuando una personalidad visita nuestro país, las autoridades lo invitan a rendir honores en el “Parque de la Memoria”, donde están registrados como “desaparecidos” decenas de terroristas intervinientes en sonados asesinatos, atentados y/o ataques. ¿Significaría que los militares que defendieron a la Nación de los ataques terroristas, o los civiles que fueron asesinados por organizaciones de terroristas subversivos, NO merecen homenaje en un parque de la memoria?¿Acaso los guerrilleros en sus ataques tuvieron superioridad moral?
Esa gran asimetría reflejada en las indemnizaciones, en la memoria, en los homenajes, comporta en sí misma una gran INJUSTICIA, pareciera que el sufrimiento y el reconocimiento ha sido monopolizado por un solo sector.
Y si de asimetrías o injusticias hablamos, ¿qué expresar entonces con los juicios que hoy, a 50 años de lo ocurrido, se sustancian semana a semana, mes a mes, en todo el ámbito nacional? ¿Se puede realmente reconstruir con precisión los hechos acaecidos en un pasado tan lejano para administrar justicia?
El ir sobre personas con edades superiores a los setenta años y pretender que puedan aportar pruebas para su defensa, o incluso encontrar pruebas objetivas que puedan demostrar sus intervenciones en cada caso, es realmente una utopía, donde las garantías procesales, constitucionales y convencionales quedan reducidas a su mínima expresión.
La anulación de las medidas de pacificación definitiva que habían adoptado cada uno de los cuatro Presidentes de la Nación que sucedieron a la nefasta época de violencia ¿fue un avance en la verdadera pacificación de nuestro País? ¿O fue parte de un proceso persecutorio de venganza y extermino, claramente teñido de un tinte ideológico?
Qué diferente sería para nuestra Patria, si se hubiera continuado con lo expresado por el presidente Duhalde hace veinte años atrás, en el último indulto “ .”…hemos clausurado una etapa. Ya no existe en Argentina esa política de armas en mano y enfrentamientos...”.
Lic JAVIER MILEI: Para revertir y detener esta situación de INJUSTICIA y de falta de HUMANIDAD, encontramos esperanza a partir de sus expresiones en cuanto a los objetivos que claramente expresa y desea alcancemos todos junto a Usted, en nuestro País.
Debido a ello le solicitamos, en el marco de una nueva mirada, madura, pacificadora y superadora, se llegue a una definitiva solución de este tema.
Deseamos y aspiramos que terminen las acciones revanchistas, con la única finalidad de mirar hacia el futuro en búsqueda del bienestar de los argentinos y el añorado engrandecimiento de nuestra Patria.
Estamos a su entera disposición y la acompañamos con la firme esperanza de que se vea plasmado este deseo, que no pocos argentinos de bien añoran.
La saludamos con atenta consideración.
Documentos agregados
- Aportes para una Amnistía General. Dra Silvia E Marcotullio (Ex jueza de Cámara
Penal).
- Documento “Los 14 DDHH que el Estado Argentino está Violando a los Uniformados Presos en su Condición de Prisioneros Politicos”.
- Escritos del Dr Leonardo Pérez Videla, Defensor Oficial Juzgados Federales de la Provincia de Mendoza.
- Acta Compromiso Solemne de Pacificación y Reconciliación Nacional firmado ante el Escribano Público Luis García Orlando Mat 24947.
Firmas de: Mario Firmenich, Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja, Oscar Bidegain, Jorge Cepernic, Héctor Pardo, Guillermo Martinez Agüero, Inés Lopez, Pablo Unamono, Jorge Salmón, Mario Montoto y siguen las firmas”.
