Con un extenso litoral marítimo, una de las principales actividades económicas del país, fuente destacada de ingreso de divisas, es la pesca. La Argentina es signataria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que fija que por fuera de la zona económica exclusiva (ZEEA), que comprende hasta la milla 200 medida desde la costa, la soberanía exclusiva sobre los recursos de un país se pierde por tratarse de aguas internacionales. En muchas regiones, no así en el Atlántico Sur, la explotación de la diversidad marina está allí claramente regulada. Al no estarlo solo corresponde hablar de depredación.
En reiteradas ocasiones hemos denunciado desde este espacio editorial la enorme concentración de cientos de modernos buques extranjeros que incursionan ilegalmente en la ZEEA, sin respetar vedas, descartes ni especies protegidas, mucho menos regulaciones en materia de contaminación por vertidos, afectando gravemente nuestro ecosistema marino y compitiendo deslealmente con el trabajo semi esclavo de sus tripulaciones, con combustible subsidiado y sin cumplimiento de normas ambientales. Naves nodrizas y el acceso al puerto de Montevideo –con puertos argentinos en la mira de autoridades y sindicatos para sumarles asistencia– facilitan las incursiones ilegales en aguas de jurisdicción nacional. La FAO la denomina pesca ilegal, con la sigla INDNR (ilegal, no declarada, no registrada) y calcula que en Sudamérica y el Caribe ronda 7,8 millones de toneladas anuales.
César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana y autor de Pesca ilegal y expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe, señala que el 70% de las exportaciones pesqueras capturadas en nuestra ZEEA y declaradas en 2022 están en manos de 20 grupos empresarios con fuerte presencia de capitales extranjeros, mayormente chinos y españoles, sin que el Estado argentino ponga coto a la entrega de permisos de pesca para buques que violan nuestras leyes, retaceándoselos muchas veces a empresas nacionales que deberían también recibir facilidades e incentivos para una actividad productiva marcadamente estratégica.
El multifacético Enrique Piñeyro sobrevoló con LA NACION la milla 200 a la altura de Comodoro Rivadavia, registrando fotográficamente cientos de buques poteros extranjeros en la zona adyacente a la ZEEA. Las imágenes son incontrastables. A todo esto, el subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman, se jacta de que mediante imágenes satelitales diarias, dos aviones, buques y radares cuidan nuestros recursos dentro de la ZEEA. Ante actividad ilegal, se apresa la embarcación extranjera en falta y se la conduce al puerto más cercano, donde se inicia un sumario administrativo, según describió. El Gobierno afirmó taxativamente que desde 2020 no ha habido intromisiones y lo explica por el aumento de las multas que se aplican y las capturas de buques concretadas: apenas tres desde entonces a la fecha. El prefecto mayor Alfredo Oscar Panozzo, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina, por su parte, refirió que en cuatro años hubo 450 infracciones de buques argentinos por navegar o pescar en zonas vedadas o por excederse en los cupos de captura. Las fotos de enjambres iluminados sumarían argumentos diferentes, como que el Gobierno haría la vista gorda y que, por negligencia, complicidad o mera falta de presupuesto, combustible o recursos asignados al patrullaje, la depredación continúa.
Pobre nación en manos de funcionarios corruptos que rifan nuestra soberanía y facilitan el expolio de nuestra riqueza ictícola.
En relación con los recursos ictícolas, Liberman destaca que el langostino, al que considera el principal generador de divisas y base de más de la mitad de las exportaciones pesqueras, está dentro de la ZEEA, como así también la mayoría de los productos que llegan a las pescaderías. En cuanto al calamar, aclara que dos de las cuatro especies salen de la milla 200. Cabe señalar que el codiciado Illex Argentinus, el más buscado, es la segunda especie de calamar más pescada en el mundo y un imán para la INDNR.
Con el apoyo de Estados Unidos, China y Europa, desde la OMC se aprobó el año pasado limitar los subsidios económicos que se pagan por las llamadas “pesquerías lejanas” de alta mar, incluyendo a buques con antecedentes de pesca ilegal. Mientras la Argentina no recupere presencia real y peso político en los fueros internacionales, poco podremos hacer para defender lo nuestro. En cooperación con Brasil y Uruguay, debemos trabajar en la regulación de los espacios marítimos internacionales, promoviendo también sistemas de trazabilidad que impidan el ingreso de pesca INDNR a los mercados. A nivel local se debería reformular la política de permisos, cuotas y autorizaciones.
Pobre nación en manos de funcionarios corruptos que socaban nuestros recursos, rifan nuestra soberanía, promoviendo la falta del indispensable control, y facilitan también el expolio de nuestra riqueza ictícola a manos de flotas extranjeras. Un mar iluminado y un país a oscuras.
Editorial de LA NACION
