También fue muy crítico del accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación. Berni es responsable de la seguridad de la provincia en la que habita más del 40% de la población, comparte el mismo espacio oficialista que el Presidente y sus ministros, que tienen a cargo la seguridad de todos. Después de tres años y 4 meses de gobierno aún no pudieron acordar una política de seguridad en conjunto. En un país federal la articulación de políticas de estado es imprescindible, pero la interna del Frente de Todos hace estragos, lastima e impide el desarrollo de éstas.
En un año electoral escuchamos críticas y propuestas respecto a la seguridad de todos los sectores que ambicionan retener o llegar al poder, que van desde el llamado garantismo hasta endurecer las medidas al punto en que se pongan en juego ciertos derechos civiles. El candidato Javier Milei propone la tenencia de armas, tema muy delicado y peligroso porque puede incitar a la justicia por mano propia. El mismo Berni dice que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que convirtió su gobierno en un estado policial para controlar la violencia de las pandillas “Maras”, le robó el plan que tenía en su cabeza. En el kirchnerismo duro no comulgan con eso, no es una idea que saldría de boca del gobernador Kicillof, que representa los supuestos sectores progresistas del FdT. Hasta en Juntos por el Cambio hay distintas miradas: en el Pro proponen utilizar las Fuerzas Armadas para algunas tareas de seguridad interna, incluso hay proyectos de modificación de la Ley de Seguridad Interior para poder disponer de ellas, en el radicalismo no lo comparten, al contrario, muchos no votarían esa modificación.
No solo una eficiente política de seguridad deberá girar alrededor de la represión del delito común y el narcotráfico, donde la Justicia tiene mucho por hacer y mejorar, sino que también tendrá que ocuparse de la violencia de género, de los abusos y hasta de los cortes de calles y rutas, que ya forman parte del panorama cotidiano con lo que debe lidiar la ciudadanía. Allí aparecen propuestas que van desde la necesidad del diálogo anticipatorio hasta la de meter presos a todos los que cortan calles como proponen los libertarios. En ese sentido, la pregunta es: ¿cuándo hablan de todos, incluyen también a los damnificados por los cortes de luz que hacen barricadas en esquinas transitadas o a los que protestan por hechos de inseguridad? ¿o solamente se refieren a los piqueteros y las protestas de índole social?
El debate en materia de seguridad va a estar presente en esta campaña electoral, tanto en las PASO, donde los candidatos dirimirán sus grandes diferencias, algunas incomprensibles, y, por supuesto, en las elecciones generales, donde nos vamos a encontrar con propuestas tan enconadas que abrirán dos caminos, el de elegir convencidos una de ellas y el de las dudas que, ante diferencias tan estruendosas, nos hará presumir de su inviabilidad. Siempre se necesitará de un consenso parlamentario y de esto ya tenemos experiencias de sobra que nos anticipan fracasos.
Las cifras oficiales y las encuestas de opinión muestran un progresivo aumento de los delitos y de la percepción de inseguridad, junto con sucesivas crisis de algunos gobiernos por su propia incapacidad de enfrentar las olas de violencia y embates de organizaciones criminales contra la sociedad. Lo viven el gobierno nacional y el de Santa Fe desde hace años, donde, además, la policía provincial es parte del problema y no de la solución. Las fuerzas de seguridad provinciales deberán mejorar mucho su accionar. Se escucha decir que hay que ofrecerles una mayor autonomía y poder para combatir el delito, pero durante la pandemia cometieron varios excesos cuando contaban con esas excepciones solo para controlar el tránsito de los ciudadanos.
Es muy difícil imaginar qué va a pasar en el futuro con este tema. La falta de seguridad cuesta vidas, lastima personas, que además pierden bienes materiales, el miedo está entre nosotros, y la política parece no encontrar un común denominador que nos dé una pista concreta que indique qué están dispuestos a consensuar para armar un plan que garantice los mínimos estándares de seguridad que una sociedad necesita para desarrollar su vida con normalidad.
La inseguridad no es un problema sencillo de resolver, pero son tantas y tan disimiles las promesas de campaña que vienen de la política, tantos los fracasos acumulados, tanta pelea interna para sostener una propuesta creíble y posible, que este todos contra todos, que desnuda la inmadurez de una dirigencia para atender un reclamo social por demás justificado, nos hace pensar que hoy la falta de acuerdos para sostener una política permanente contra la inseguridad en nuestro país es el principal obstáculo que impide ser optimistas a la hora de creer que podamos vivir más protegidos, al menos un poco más, en un futuro inmediato.
Daniel Santa Cruz
Publicado en La Nación
