El líder de la UCR, Ricardo Balbín, fue contundente: «no tenemos soluciones que ofrecer, lo que haya que hacer que se haga ya»” Los diarios de sesiones de la época son más que elocuentes.
La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de la dirigencia de entonces, que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio que las fuerzas armadas asumieran el poder.
Esta afirmación no es retórica, entre otros antecedentes citamos la irresponsable y ominosa ley amnistía de mayo de 1973, que votada por aclamación en el Congreso, liberó a más de 2000 cabecillas del terrorismo, la mayoría condenados legalmente, en el marco de procesos ajustados a las garantías y
derechos prescriptos por la Constitución Nacional, mediante jueces intachables. Los amnistiados volvieron a tomar las armas y se desató en el país un verdadero baño de sangre.
Entonces, el gobierno constitucional peronista declaró ilegales las organizaciones terroristas y las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales debieron enfrentar la agresión subversiva en defensa del Estado, en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Italo Luder y refrendados por todos sus ministros. El propio Perón en ocasión del ataque al regimiento de Azul en 1974, dijo que “... a los terroristas hay que eliminarlos uno a uno para bien de la República”. Las Fuerzas ejecutaron la orden de aniquilar el accionar terrorista, no sin haber cometido, en el marco del feroz combate, extralimitaciones inadmisibles e ilegales.
En la sentencia que en 1985 condenó a los Comandantes integrantes de la Junta Militar, se afirmó que: “....el fenómeno terrorista en la República Argentina... se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria.”, que “esa guerra fue iniciada por grupos armados guerrilleros con el objetivo de alcanzar el poder e instaurar la “Patria Socialista”, y que “El objetivo último...fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas”, concluyendo que “la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento, posiblemente no se hubieran producido.”
Hoy a 40 años de aquel 24 de marzo, quienes defendieron a la patria están presos y cientos murieron en cautiverio, víctimas de la más impiadosa venganza, condenados por jueces corruptos, comenzando por la Corte Suprema que, sumisa al poder político, avaló la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en el marco del mas gigantesco prevaricato de la historia reciente. Mientras tanto Los líderes de las organizaciones terroristas que llevan sobre sus espaldas miles de secuestros, torturas, homicidios, bombas, continúan bajo el amparo de amnistías e indultos, ocupan cargos públicos, son homenajeados e indemnizados y hasta se jactan públicamente de sus delitos.
Es entonces que en nuestra degradada Republica, no se ha impuesto ni la verdad ni la justicia sino una impúdica mentira. No hay nada que festejar.
Alberto Solanet, Presidente
Carlos Bosch, Secretario
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
Marzo de 2023
