Días atrás, debía desarrollarse, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, la presentación del libro La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones, del periodista José D’Ángelo, a quien iban a acompañar Alberto Asseff y Rosendo Fraga. Poco antes del acto, que estaba programado con suficiente antelación, y –según denunció el autor de la obra– por orden de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el encuentro fue suspendido.
El libro censurado exhibe una exhaustiva investigación periodística sobre graves irregularidades en el pago de indemnizaciones a supuestas víctimas del terrorismo de Estado. Su autor revela numerosos casos concretos en los cuales se habrían pagado sumas millonarias a personas que no habrían sido objeto de la represión ilegal, sino que habrían muerto en la ejecución de ataques contra objetivos policiales o militares, o que habrían sido ejecutadas por las propias organizaciones guerrilleras a las que pertenecían. Todas esas presuntas irregularidades han sido comunicadas por D’Ángelo a la Justicia y están siendo investigadas en una causa abierta, que se halla a cargo del juez Ariel Lijo.
Indigna que en una repartición pública, como una de las más importantes bibliotecas del país, que por su esencia debería estar abierta a todas las opiniones en un marco de pluralismo, se haya prohibido la presentación de un libro.
Mucho más indignante resulta que algunos legisladores nacionales que deberían representar al pueblo motoricen la censura, en lugar de exigir una rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de los posibles responsables de las irregularidades denunciadas.
¿Cuál debería ser la actitud de los diputados del oficialismo frente a la difusión de actos públicos que los incomodan? ¿Procurar el silenciamiento de los denunciantes o pedir, como correspondería, los debidos informes al Poder Ejecutivo Nacional para que se brinden, con urgencia y transparencia, las necesarias explicaciones frente a la presunta malversación de fondos del Estado nacional denunciada en la obra?
Los montos involucrados serían enormes, si se tiene en cuenta que algunas indemnizaciones representan el equivalente al sueldo más elevado de la administración pública nacional multiplicado por 100 y que, según D’Ángelo, rondarían unos 8000 pagos efectivizados hasta diciembre de 2022.
Lamentablemente, quienes desde el Poder Legislativo deberían velar por la transparencia y por la libertad de expresión como principios esenciales de nuestro sistema republicano y democrático, han pretendido reinstaurar, como en las peores épocas de la Argentina, la creencia de que el poder político goza del derecho a la censura, en aras de un pensamiento único, retrotrayéndonos al totalitarismo.
Editorial de LA NACION
