Se parte de la base que quienes hicieron juicio al Estado, los ganaron en primera y segunda instancia y que los magistrados que los convalidaron, fundamentaron sus fallos en la doctrina de la Corte Suprema (caso Salas), actuaron estrictamente conforme a derecho, algo que ahora les sería vulnerado inconstitucionalmente de un plumazo.
El propio ministerio de Defensa parece haber advertido que encarar el problema no será una mera cuestión administrativa, toda vez que en el expediente 17714/12 por el cual ordenó aplicar éste controvertido procedimiento, se deja en claro que en el ámbito de cada fuerza deberán “agotarse todas las instancias procesales”. Es decir habrá que notificar a los juzgados, caso por caso, en una tarea nada fácil.
La única herramienta administrativa que tiene el Estado es la de suprimir sumariamente todas las sumas, por encima de los haberes primarios, liquidadas en función de los fallos judiciales, pero abriendo las puertas a una nueva catarata de juicios en donde la figura de la propia Corte estaría en juego.
