Más allá de lo cuestionable de esa sesgada política iniciada por Néstor Kirchner, caracterizada por la justicia parcial, que omitió juzgar a los integrantes de las organizaciones terroristas, muchos de los cuales integran importantes cuadros del actual gobierno, los 51 muertos y más de 700 heridos del tren de TBA evidencian la razón de esa hipocresía: es más fácil gobernar mirando al pasado que superar el mero relato de victimización permanente en que se colocan las autoridades nacionales e instrumentar políticas que mejoren efectivamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Si el Gobierno fuera absolutamente honesto en su preocupación por los derechos humanos, no se entiende cómo, a partir de aquel fatídico miércoles 22 de febrero, la Presidenta desapareció abruptamente de la escena, cancelando apariciones programadas y limitándose a un escueto mensaje escrito de condolencias. Pasó una semana hasta que tocó el tema, mal y sesgadamente, en su discurso ante la Asamblea legislativa.
Las viles expresiones del actual secretario de Transporte poco después de conocerse la magnitud del desastre, en el sentido de que hubiera habido menos víctimas de haber ocurrido un día feriado, sumadas a las insinuaciones de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien intentó trasladar responsabilidades al joven Lucas Menghini Rey por el lugar en el que viajaba, completan un cuadro de cinismo y desprecio por los derechos humanos en aras de intentar disimular las innegables responsabilidades del Gobierno después de casi diez años de gestión.
De no ser así, no se explica que las autoridades se desentiendan de la suerte de miles de usuarios que viajan diariamente en condiciones infrahumanas de hacinamiento, demoras e inseguridad.
Ni la desidia que condujo a la tragedia ni el choque mismo fueron accidentales. Fueron las consecuencias de una combinación mortal de corrupción e impunidad, donde miles de millones de dólares al año de dinero público son destinados a subsidiar el transporte público, sin control alguno de su destino. Peor aún, existen fundadas sospechas de que un porcentaje significativo es desviado a pagar coimas a los propios funcionarios a cargo de aprobar esos subsidios y de controlar las condiciones del servicio. El caso judicial que involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, protegido por el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa, es un triste ejemplo.
Es así como no parecen importar los muertos, heridos y los familiares de esta última tragedia, sino tampoco aquellos que murieron en los accidentes ocurridos durante la gestión kirchnerista, que han venido repitiéndose con cada vez más frecuencia en los últimos años.
Reflexiones similares caben en relación con las numerosas víctimas diarias de los asesinatos y secuestros que afectan a toda la población, y particularmente a aquellos que viven en áreas mal iluminadas y sin vigilancia policial. ¿Dónde están los derechos humanos de aquellas víctimas de delincuentes excarcelados o liberados inexplicablemente? Nadie parece preocuparse de ellas en ninguno de los tres poderes del Estado. Peor aún, el Gobierno parece más interesado en desestabilizar a los funcionarios del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en el área de seguridad, que en mejorar la seguridad misma.
¿Y los derechos humanos de los pacientes oncológicos que sufren la falta de reactivos para los estudios a causa de las irracionales restricciones a la importación impuestas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno? Mientras ello ocurre, el Gobierno impone su relato de que la culpa es siempre de otros.
¿Quién más que el Gobierno es culpable de la constante violación de los derechos humanos de las decenas de miles de jubilados que se ven obligados a recurrir a la Justicia para que les actualicen sus haberes, y que ni aun contando con sentencias firmes logran cobrar lo que les corresponde?
Es hora de que la ciudadanía exija a las autoridades nacionales ocuparse del presente y gobernar mirando al futuro con soluciones efectivas para los crecientes problemas que afectan a la población”.
