Ocho años K en el Ministerio de Defensa, caracterizados por aislamiento soberbio y arbitrariedad en las decisiones, han provocado un caos sin precedentes en los haberes militares, con decenas de cuadros que cobran más que sus superiores y diferencias enormes entre quienes tienen igual grado, con el consiguiente daño para la disciplina elemental de cualquier Fuerza Armada.
Esta política ha generado, además, decenas de miles de juicios que el Estado pierde en forma automática por existir jurisprudencia categórica de la Corte Suprema de Justicia, y el Gobierno genera un conflicto de poderes, negándose a cumplir sentencias que insumen mayor gasto público, porque acumulan costas e intereses. La irregularidad alarmante de los sueldos militares, que son menores que los de las fuerzas de seguridad y policiales o los de otros sectores del Gobierno, afecta el futuro y compromete cualquier política de Defensa, al dañar el más importante recurso a proteger, que es el personal.
Ahora tenemos -y la situación se agrava cada día- miles de militares pleiteando contra el Estado, sentencias que arrojan resultados según el juzgado, un sistema administrativo afectado por la diversidad de liquidaciones y más de cincuenta remuneraciones diferentes para personal de un mismo grado.
La remuneración mensual promedio de un coronel en actividad es de 14.900 pesos, pero fallos judiciales hacen que alguno cobre 45.400 pesos y otros del mismo grado más de 18.000.
El haber promedio de un mayor es de 9.800 pesos, pero, por decisión judicial, hay quien percibe, con el mismo grado, 27.600 pesos.
El sueldo promedio de un capitán es de 8.200 pesos, pero alguno al que el juez le dio la razón percibe 23.180. Estos son sólo algunos ejemplos referidos al Ejército: la situación es análoga en la Armada y la Fuerza Aérea.
Hemos advertido, en más de una oportunidad, que tras años de bonanza sin precedentes en las cuentas fiscales -gracias al precio de la soja, mucho más que a las bondades del supuesto modelo-, las penurias presupuestarias acumuladas hacen que nuestras Fuerzas Armadas no tengan capacidad para cumplir hoy la misión principal asignada por la ley.
La edad promedio del equipamiento del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea supera con largueza los treinta años; su mantenimiento es muy oneroso y, en casos, imposible, al no existir repuestos en el mundo, debido a que son equipos que no se fabrican desde hace décadas.
Frente a un futuro previsiblemente más difícil en lo económico, esta realidad demanda análisis y decisiones prudentes a partir de consensos democráticos, pues la tarea de reconstrucción excede el mandato de un gobierno.
En lo inmediato, creemos evidente que el principal bien a tutelar es la calidad y el desarrollo profesional de los cuadros de las Fuerzas Armadas. Este es un objetivo muy complejo por la insuficiencia presupuestaria, pero es la base sobre la cual, según decisiones políticas, se podrá reconstruir la capacidad del instrumento militar de la Nación.
El actual desorden en las remuneraciones -había antecedentes de la época de Menem, aunque no de esta magnitud, corregidos en el 2002- fue iniciado por el decreto 1104/05 de Néstor Kirchner y agravado mediante decretos sucesivos en los años 2006, 2007, 2008 y 2009. En esencia, esas decisiones K significaron aumentos de los denominados “suplementos particulares” que cobran los militares, sin aumentar el haber básico. En la actualidad, la desproporción es elocuente: el “suplemento de vivienda” equivale aproximadamente al 240 % del haber; el de “adquisición de textos” es el 105 % y otro, por “mayor exigencia de vestuario”, representa el 74 %.
Como los suplementos son considerados por el Ejecutivo sumas no remunerativas -la Corte Suprema ha fallado en sentido contrario- y no sujetas a los descuentos de ley, fueron desfinanciadas las obras sociales militares y el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), el ANSES de los militares, creado por Perón en 1947.
Dado que el sistema de retiros militares no incluye en el cálculo los “suplementos particulares”, la política del Gobierno fue un castigo a los militares retirados, cuyos haberes son ahora alrededor del 38 % del de los cuadros en actividad. En síntesis, el militar en actividad es rehén del político de turno, pues su pase a retiro lo coloca al borde de la pobreza.
Hace algunas semanas, tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para el personal militar presentado por el titular de la Comisión de Defensa, Julio Martínez, y otros legisladores radicales, que apunta a comenzar a corregir la situación, lo cual no será sencillo.
Mientras tanto, el Gobierno ha ordenado al IAF que aplique un criterio notable, según el cual los beneficiarios de sentencias favorables a sus reclamos pasan a cobrar menos de lo que percibían antes del fallo a su favor. Pero, en un rasgo de original humanismo, algunos de esos beneficiados por los jueces recibieron cartas oficiales, comunicándoles que no reconocerían el fallo a su favor para no tener que pagarles menos por aplicación de las instrucciones del Poder Ejecutivo.
