El 27 de mayo, el ministro de Defensa, Arturo Antonio Puricelli, determinó que tanto Bussi como el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fueran dados de baja del Ejército. De esa manera, se completó la sentencia que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán dictó el 4 de septiembre de 2008, cuando condenó a los ahora ex militares a la pena de prisión perpetua, por considerarlos responsables del secuestro y de la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó las condenas. Con la prisión perpetua, el fallo condenó a ambos a la inhabilitación absoluta. Esto, entre otros, importa la pérdida del beneficio de la jubilación. A raíz de ello, las defensas formularon un planteo solicitando que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal declare inconstitucional el inciso 4 del artículo 19 del Código Penal, que prevé el quite del haber pasivo. Los vocales -por unanimidad- hicieron lugar a la presentación, y no privaron a los condenados de tal gracia.
"El Estado debe ponerse de acuerdo. Después de 45 años de servicio y de haber aportado al Instituto de Ayuda Financiera (IAF), no tiene sentido esta situación. Es increíble la celeridad con la que el Gobierno dispuso esta medida, que nos llena de indignación", resumió Luis Bussi.
