En 1901 hubo el mismo debate no solo en la sociedad sino también en el Congreso, pero en circunstancias diferentes. Con la sanción de la ley Nº 4031 que estableció el Servicio Militar Obligatorio, culminó un proceso por el cual se procuró organizar, renovar y profesionalizar al ejército argentino. El proyecto de ley originó una controversia: la definición entre voluntariado o Servicio Militar Obligatorio era fundamental, porque conducía a saber a qué tipo de ejército se aspiraba en la Argentina, si ofensivo o defensivo.
Al sancionarse la ley se desestimó la idea de que tener un ejército preparado para la guerra significaba militarizar al país, por lo que privó la opinión de tener un ejército preparado para cualquier evento.
Cabe recordar, que la creación del Ejército respondió a la necesidad de consolidar un Estado Nacional y su poder, lo cual exigía la desaparición de las guerras civiles, de ejércitos provinciales, y de la reestructuración del área de seguridad.
La percepción de la amenaza de Chile para ocupar los grandes espacios del sur de la Patagonia ocupó un lugar importante desde sus primeros amagues. Julio A. Roca -en un mensaje al Congreso antes de la Campaña al Desierto (1878-1885)- advertía: “...no hay argentino que no comprenda en estos momentos, en que somos agredidos por las pretensiones chilenas, que debemos tomar posesión real y efectiva de la Patagonia, empezando por llevar población al Rio Negro”.
Cuando se discute el proyecto en el Congreso, en 1901, la agudización del conflicto de límites con Chile obligó a superar, o por lo menos igualar, los efectivos militares con el país vecino. La guerra parecía inminente, los diarios de la época expusieron la preocupación constante por conocer los adelantos, en materia militar, logrados por ese país, el cual sumaba, desde un año atrás, la adopción del servicio obligatorio.
Además de la organización militar de Chile, en el Congreso se consideraron la de otros países de más progreso en el arte militar, tal era el caso de Francia y Alemania; éste último país comenzó a tener una gran influencia en el ejército argentino por esos años y fue el país rector en cuanto a cuestiones militares, desde su victoria sobre Francia, en 1870.
Es importante destacar que la lectura de los debates parlamentarios evidencia, como también la prensa, una persistente inquietud por compatibilizar la ley con las orientaciones emanadas de la Constitución Nacional. Se procuró que no lesionara los derechos que aquella asegura al ciudadano, primando por sobre ella la defensa del país. Además, la discusión se centró en tratar de dilucidar a quien correspondía la instrucción de los ciudadanos en tiempos de paz: si a los gobiernos provinciales o al gobierno nacional, prevaleciendo la segunda opinión.
PELLEGRINI, LUCIDO
Carlos Pellegrini, senador por Buenos Aires, se opuso al proyecto, adujo que esta ley chocaba contra todos los antecedentes y tradiciones en materia militar de la Argentina, aquí, como en EE.UU., las fuerzas militares de la Nación habían sido las milicias, más un pequeño grupo de fuerzas permanentes, organizadas para mantener el orden interno. La ley en discusión, afirmó, fundía en uno al ejército permanente y a la milicia nacional, organizándolo sobre la base del servicio obligatorio en tiempo de paz, cuando la Constitución lo permitía solo en tiempo de guerra.
Precisó que el mismo, se había aplicado por primera vez en Prusia luego de ser vencida en campañas militares y humillada por el tratado de Tilsit, en 1807. En esas condiciones había aceptado la obligatoriedad del servicio militar formando un ejército, el cual, posteriormente, derrotaría a Francia. El pueblo francés, deseoso de venganza, acató la misma ley a la que se había sometido su vencedor, aceptando el Servicio Militar Obligatorio en tiempos de paz, fue entonces, explicó, que la formación de dos grandes ejércitos permanentes, el alemán y el francés, obligaron por instinto de defensa, a otras naciones de Europa a adoptarlo, como una imposición de las circunstancias y de la fuerza. Mientras que Inglaterra, había pasado por situaciones diferentes: no había tenido patriotismo exaltado ni agravios que vengar, por ello no lo había adoptado. Con estos ejemplos, Carlos Pellegrini, creía mostrar por medio de la historia de ese sistema, que podía ser aplicado, solo cuando una nación pasaba por situaciones extremas.
El ministro de Guerra Pablo Riccheri -nombrado por Roca en 1900 en reemplazo de Luis María Campos- asistió al debate. Estuvo de acuerdo en cuanto a la necesidad de su adopción en Francia y recordó que Chile, al adoptarlo, obligaba al Poder Ejecutivo a pedir a nuestro país los sacrificios necesarios para lograr su organización militar.
DEMOCRACIA MILITAR
Otra opinión interesante en contra del proyecto fue la del senador por Corrientes, Manuel Mansilla, quien acusaba de pretender transformar la democracia civil, creada y amparada por nuestra Constitución, en una democracia militar, además de destruir atribuciones reservadas a las provincias de las que ese cuerpo era representante genuino.
Quienes defendían el proyecto se apoyaban en el artículo 21 diciendo que de él se desprendía el deber de dictar leyes que colocaran a los ciudadanos en aptitud de hacer práctica la defensa en caso dado. Aducían, que al preparar a todos los ciudadanos para el cumplimiento de ese servicio se cumplía otro mandato de la Constitución: el que establece la igualdad del impuesto y de las cargas públicas. Pensaban que aunque el proyecto contradijera lo estipulado en la Constitución, debía adoptarse si, técnicamente, se demostraba su conveniencia para la defensa nacional. La respuesta de quienes defendían el voluntariado no se hizo rogar, resistieron acaloradamente estas ideas y otras semejantes, coincidiendo en que ese criterio correspondía a la dictadura, a la dominación de lo arbitrario. Alegaban que desaparecían las garantías individuales y colectivas que la letra de la Carta Fundamental prescribe y asegura, y se reemplazaban por la voluntad de un amo, inestable, y veleidoso, como la que prescribe la vida política de los pueblos.
Se dividieron también las opiniones respecto al tema de introducción de extranjeros al ejército, el artículo final fue definitorio: solo se permitía el ingreso de argentinos en carácter permanente a los naturalizados argentinos.
Con la centralización de todo lo referente a la organización militar en el Gobierno Nacional se creía solucionar buena parte de los conflictos, pero las necesidades eran muchas: campos de maniobras, arsenales, uniformes, una oficialidad y clases preparadas, sueldos y mucho más. No todos estaban de acuerdo en un aumento desorbitado del presupuesto militar, por ello el costo económico que significaba aceptar las disposiciones requeridas por el Gobierno suscitó enorme resistencia. Uno de los argumentos que se esgrimieron fue que el gran número de soldados reclutados dejaban de producir, por lo cual tenían que ser mantenidos por la comunidad, como acontecía en los países que lo habían adoptado.
Fue de gran ayuda para lograr la sanción del proyecto, el apoyo incondicional del presidente Roca al ministro Riccheri, ambos estaban convencidos de la necesidad que tenía la Argentina de organizar y profesionalizar a sus fuerzas armadas.
ALFABETIZACION
La alfabetización que produjo el Servicio Militar Obligatorio es comentada como uno de los logros de la ley, por Juan Bialet Massé, en su informe sobre el estado de la clase obrera dedicado a Roca, en 1904.
“La conscripción ha producido un efecto por demás civilizador, educando una masa de hombres acostumbrados al método, al orden, a los movimientos acompasados, enseñando a muchos a leer y escribir, efectos que se notan aún en las más apartadas estancias, basta ver andar a un peón para decir si ha sido o no conscripto, especialmente n la marina, y encuentran colocación preferente...”
Sin embargo, las opiniones de reclutamiento siguieron divididas como lo muestran los comentarios realizados en la misma época por Eduardo F. Miglione:
...Los ciudadanos no entienden como un deber el vestir el uniforme militar, porque hiere sus hábitos y las libertades y lo consideran innecesario y no entienden como un honor someterse a la ley tan rigurosa, porque no puede haber honra donde hay pérdida de la propia individualidad...''
Las modificaciones realizadas al proyecto original presentado por el presidente Roca a la Cámara de Diputados fueron de poca importancia: los puntos más discutidos tendieron a obtener una oficialidad y clases profesionalmente aptas y a evitar la participación política del Ejército: se les prohibió a los militares no solo el ejercicio de sus derechos electorales, sino también, toda participación en cuestiones políticas.
Sin embargo, como bien lo expresó al respecto, el sociólogo argentino Rubén Zorrilla, la estructuración nacional del Ejército y su tecnificación, crearon una base para un mayor peso en las decisiones políticas. Este fenómeno, sin embargo, no logró hacerse evidente - no obstante las dos presidencias de Roca- mientras la política evolucionaba hacia el sistema de partidos a medida que el país se modernizaba. Pero, matizó la formación del ejército, una circunstancia que habría de trascender cuando el contexto general se ofreciera de vehículo a sus potencialidades: así como el modelo en muchos aspectos de nuestra modernización fue Francia (en educación, organización hospitalaria, urbanización y literatura, entre otros), el modelo para poner sobre fundamentos modernos al Ejército, se inspiró en el alemán, considerado el mejor de su tiempo.
Se contrataron instructores militares alemanes y ellos introdujeron decisivas semillas del espíritu prusiano. Más importante aún fue que se establecieron contactos permanentes, aunque no siempre regulares, con dicho ejército. Cuando Hitler reconstruyó el poder de las fuerzas armadas germanas, la admiración hacia ellas se hizo inocultable para gran parte de los militares argentinos. De allí se deslizó hacia el sistema social y, en particular, al tipo de Estado que las hacia posibles, lo que reforzó la atmosfera antiliberal prevaleciente en el mundo, y en Argentina, desde fines de la Primera Guerra Mundial.
Elena Valero Narváez
* Miembro de Número de la Academia Argentina de la Historia. Miembro del Instituto de Economía de
