República Argentina: 12:47:51pm

 

“Vamos a comenzar con el tratamiento de cinco expedientes con mensajes enviados por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando el ascenso de militares de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército Argentino. En total son 219 ascensos”. Con estas palabras la senadora Anabel Fernández Sagasti (FPV Mendoza) presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado dio inicio el pasado 28 de septiembre a la sesión durante la cual se definiría el futuro profesional de decenas de oficiales de las Fuerzas Armadas.

Citar las palabras de inicio de la legisladora resulta pertinente toda vez que al hacer mención del número de pliegos en tratamiento expresó taxativamente “219″ sin mencionar que el Poder Ejecutivo había remitido en total 228 nombres. El destino de las 9 carpetas de ascenso faltantes es hasta el momento un verdadero misterio.

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“La situación es muy irregular. Los mensajes del Poder Ejecutivo deben ser recibidos, tratados y dictaminados tal cual llegan a la comisión. No sería la primera vez que un pliego enviado por el Presidente de la Nación en su carácter de Comandante en Jefe de las FFAA es observado y eventualmente rechazado o demorado por lo senadores, lo que no registra antecedentes es que quien preside la comisión motu proprio cajonee 9 expedientes sustrayéndolos del análisis de los restantes senadores”, indica un miembro de la comisión de acuerdos y de defensa del Senado Nacional.

“Hemos consultado a la presidenta de la comisión sobre los motivos de semejante irregularidad y su respuesta ha sido ‘van a ser sometidos a mayor análisis’ pero eso lo debe decidir el plenario de la comisión, no quien ejerce la presidencia de esta que es solamente un primus inter pares pero que no goza de facultades de ese tipo”, señalan desde el Senado.

Infobae dialogó con uno de los referentes de la Comisión de Defensa del Senado, quien además de manifestar su sorpresa por la situación, comentó que “lo que ha ocurrido no es ni más ni menos que un avasallamiento a la autoridad presidencial y a la del propio ministro de Defensa”. “Si el Comandante en Jefe nos envía 228 pliegos de ascenso nuestra obligación es tratarlos y salvo que detectemos algún impedimento legal o ético aprobarlos. En ningún caso podemos decidir no tratarlos y menos lo puede decidir una senadora per se”, agregó.

Son varios los legisladores que proponen que en el momento de tratar en el reciento el dictamen firmado por Sagasti se plantee el rechazo liso y llano y se proponga el reenvío de los pliegos a la comisión para que sean incluidos los nombres faltantes.

Tampoco pasa inadvertido para la Comisión de Defensa el hecho de que al menos 5 oficiales superiores del Ejército Argentino serán ascendidos sin haber pasado las instancias reglamentarias de selección por parte de la fuerza, aunque reconoce que estos militares han sido propuestos por el PEN por lo que -en este caso- será el propio Presidente de la Nación quien asuma la responsabilidad por esas propuestas puntuales.

El procedimiento de ascenso

Desde el retorno de la democracia, el procedimiento para el ascenso del personal superior de las FFAA ha sido el mismo en un todo de acuerdo con la normativa legal vigente, según pudo reconstruir Infobae de la consulta efectuada a analistas militares. ”La alteración introducida por Sagasti no registra precedentes”, expresaron.

Los ascensos bajo análisis son retroactivos al 31 de diciembre de 2021, es decir que se tratan con un año de atraso, aunque esta situación no es imputable al Senado, nada parece explicar porque de pronto y en forma inconsulta surgió la urgencia de apartar de la propuesta presidencial 9 nombres.

Antes de llegar a manos de Fernández Sagasti, cada fuerza realizó juntas de evaluación y calificación de todo el personal militar en condiciones de ascender al grado inmediato siguiente. Para el caso del personal que asciende a la jerarquía de coronel, general de brigada y división o sus equivalentes en las otras fuerzas, aquellos que resultan propuestos para ascender por la respectiva junta de calificaciones, atraviesan una selección posterior por parte del alto mando de cada institución militar y así se llega a la condición de “propuesto seleccionado”.

Luego de ese proceso interno, los jefes de estado mayor de cada fuerza remiten su propuesta al Ministerio de Defensa lugar en el que el legajo de cada oficial es escrutado nuevamente no solo en lo profesional sino que además se le solicita opinión al Centro de Estudios Legales y Sociales en lo atinente al apego por parte del militar a la temática relacionada con los derechos humanos al margen que la totalidad de los militares actualmente en actividad ingresaron a las fuerzas armadas ya en democracia.

Resulta ser así que con posterioridad a la inspección por parte del CELS (una ONG sin mando formal en la cadena administrativa) el Ministro de Defensa eleva las propuestas al Presidente la Nación quien luego de una última revisión, las remite al Senado Nacional bajo el formato de mensaje del PEN.

Finalmente, los mensajes presidenciales son recibidos por el plenario de la Cámara Alta, se dispone su giro a la Comisión de Acuerdos para estudio y asesoramiento. Luego la comisión lo gira para tratamiento en sesión legislativa y una vez aprobados son remitidos de regreso al PEN para la promulgación del decreto de ascensos generales. Recién allí cada uniformado puede comenzar a ostentar su nueva jerarquía militar.

La movida de Fernández Sagasti, sorprendió al presidente Alberto Fernández y al ministro Jorge Taiana minutos antes del ingreso de ambos al salón Libertador de la sede del Ministerio de Defensa.

La noticia sacudió al primer mandatario el mismo 28 de setiembre cuando llegaba a la largamente demorada “Cena de Camaradería de las FFAA” con una respuesta a los reclamos militares por la abismal diferencia salarial que mantienen respecto a los miembros de las fuerzas de seguridad federales. “En algunas jerarquías el salario policial es un 70% mayor al militar” señala un oficial superior del Ejército consultado por Infobae.

Entre los 9 podados por Fernández Sagasti figuran nada menos que un general de brigada que debía ascender a general de división y un contraalmirante que debía alcanzar las tres estrellas correspondientes a vicealmirante.

El primero es el número tres en la escala de mando del Ejército Argentino general de brigada Sergio Gabriel Puchetta actual Comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército. Sobre el militar existiría un cuestionamiento por su relación de parentesco con un oficial imputado por delitos de lesa humanidad. No obstante, su legajo fue aprobado cuando ascendió de teniente coronel a coronel y de coronel a general de brigada por lo que resulta más que evidente que al menos en su caso la llamada portación de apellido no opacó sus méritos profesionales señalan desde la institución a la que pertenece.

Más extraño aún resulta el caso del actual director general de Personal de la Armada contraalmirante Pablo Fal. “Este oficial presenta un legajo impecable, dejando de lado que el cargo de jefe de estado mayor es siempre una elección del Comandante en Jefe, por foja y perfil bien podría ser un sucesor del actual jefe de la Armada”, sostiene un ex jefe de la fuerza quien en forma análoga al caso de Puchetta sentencia: ”Que alguien me explique cuáles son los motivos para que un excelente contraalmirante no sea apto para ser vicealmirante siendo que ninguna actitud impropia o reprochable ha cometido en su actual cargo”.

Pasadas las 14 horas de este 27 de octubre la Cámara Alta inició la sesión prevista desde el pasado lunes, pero alertado el oficialismo de las intenciones de la oposición se acordó diferir el tratamiento formal de los pliegos hasta tanto se pueda dar solución al tema. No son pocos los que especulan que tal vez ello no ocurra durante el actual periodo de sesiones ordinarias.

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