Sin embargo, no hay partido político al que le interese abordar seriamente el tema de la defensa, ya que tiene escaso o nulo retorno en votos, pese a que con su vasto territorio y una marcadamente desigual distribución de escasa población, la Argentina se presenta como uno de los países más indefensos de la región.
En la Argentina, en las cuatro últimas décadas la inversión en defensa ha decrecido sistemáticamente. Como porcentaje, pasó de ser el 2,8% del PBI en 1983, al 0,8% en la actualidad. El promedio en nuestra región es de más del doble, el 1,6% del PBI, y a nivel internacional es históricamente del 2,5% del PBI.
El grueso del presupuesto militar, entre un 80 y un 85%, está destinado a salarios y retiros. Hace cuarenta años se equiparaban a los del Poder Judicial y hoy son entre tres y cuatro veces más bajos. Además, incluidos los suplementos, las Fuerzas Armadas cobran la mitad que las fuerzas de seguridad federales.
Como cerca del 90% del gasto es inflexible, al reducir el gasto en ejecución un 10%, este desaparece, y si se reduce en un 5%, el funcionamiento baja a la mitad. Inmersos en una crisis económica de proporciones, este es el principal problema hoy.
Ante el ajuste se reducen notoriamente las partidas de funcionamiento. Ello implica trabajar solo de día para no gastar luz; solo hasta el mediodía para no gastar en racionamiento; no mover ningún vehículo para no gastar nafta. Con la experiencia de la pandemia, se incorporó el “home office”, bastante poco eficiente en la actividad militar.
El 40% del personal militar está cobrando salarios por debajo del nivel de pobreza. Un cabo o un soldado voluntario destinado en el Gran Buenos Aires, como cualquier trabajador promedio, utiliza por lo menos dos transportes. Se habrá levantado a las 4.40 para estar en su destino a las 7 habiendo tomado un mate y algo de galleta. Permanecerá hasta las 14 haciendo muchas veces actividades de demanda física. Estará de regreso en su casa –a veces en un asentamiento– a las 16.30 y habrá pasado 12 horas sin comer.
Mirando hacia adelante, la ley del Fondo Nacional de Defensa (Fondef) es una iniciativa por mantener y desarrollar. Esta norma, sancionada en 2020 con el apoyo coincidente del oficialismo y la oposición, retoma el concepto de la ley de reestructuración militar, la llamada ley Jaunarena, que nunca llegó a aplicarse. A menos de un año y medio de la finalización del mandato de la actual administración, una ley sancionada en la fase final del gobierno anterior confirma que los consensos permiten sostener en el tiempo las políticas que el país considera prioritarias, brindando un marco de previsibilidad que asegura mejores resultados.
