El texto del editorial es el siguiente:
El nivel real de corrupción existente en la Policía Federal es un tema lo suficientemente preocupante como para no admitir que se lo trate con declaraciones contradictorias, como ha hecho recientemente la ministra de Seguridad y responsable de esa fuerza, Nilda Garré.
En un primer momento la funcionaria dio a entender que se trataba de un problema serio, pero luego pareció dar marcha atrás y afirmó que sus dichos anteriores se basaban en comentarios de vecinos y que carecía de pruebas concretas.
El cambio de posición podría deberse a que, en su calidad de funcionaria pública, estaba obligada a formular la denuncia judicial sobre los eventuales hechos de corrupción, denuncia que no había realizado.
De todos modos, llama la atención y parece irresponsable que una ministra se expida de esa manera y con semejante volatilidad, especialmente teniendo en cuenta que, poco antes, ella misma había dispuesto el desplazamiento de sus cargos de 37 comisarios de la Policía Federal tras analizar sus legajos.
Además, existen en la Justicia varias investigaciones en curso que involucran a numerosos oficiales de la fuerza en hechos de corrupción. Por ejemplo, hay una megacausa contra 12 comisarías en la que se investiga a 90 policías por dar protección a prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires.
Esa megacausa indica que son fundadas las sospechas de una extendida corrupción en la Policía Federal, que indudablemente no ha comenzado ahora sino que se remonta a varias décadas.
Pero tampoco hay que olvidar que en los últimos siete años ha sido el kirchnerismo el directo responsable político de lo que ocurre en la policía y que uno de los períodos más oscuros de esa institución ha sido, precisamente, ese lapso, que en su casi totalidad coincidió con los seis años y medio en que el comisario general Néstor Vallecca fue el jefe de la fuerza.
Hemos dicho en esta columna que el desplazamiento de los 37 comisarios, por sí solo, no significa ni una purga ni una limpieza de la Policía Federal, y que si no es acompañado por varias decisiones de fondo sólo quedará como una medida cosmética.
Un profundo saneamiento de la fuerza requiere también el desplazamiento de varios subcomisarios y la rotación entre comisarías de los oficiales y suboficiales de calle que se encargan de "recaudar" el dinero de los comercios legales a los cuales se les provee "protección" y de los ilegales a los que se les permite funcionar.
Por otra parte, a partir del rango de subcomisario hacia arriba en la escala jerárquica, los oficiales tienen la obligación de presentar su declaración de bienes una vez por año ante la Oficina Anticorrupción. Es preciso que se cotejen seriamente estas declaraciones con su nivel de vida para determinar quiénes se han enriquecido en forma indebida.
Fuera cual fuere el grado de corrupción en la Policía Federal, debe ser combatido con firmeza y seriedad. Es inadmisible la sociedad entre policía y delito, y por ello la tarea de saneamiento, si es que existe realmente, debe ser encarada con determinación y sin contradicciones.
