Fuentes judiciales citadas por el diario Infobae informaron que Stornelli solicitó la indagatoria por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y prevaricato de Silvia Vázquez, abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa; de Nicolás Rodríguez Vaccarezza, integrante del cuerpo de abogados del Ministerio de Defensa; de Leonardo Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa; de Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; y de Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Fácilmente se deduce la existencia de una decisión de autoridades políticas, en principio en el seno del Ministerio de Defensa, de no apelar la resolución judicial en cuestión y de una intervención tardía conferida al Ejército Argentino, ya vencidos los plazos para articular el recurso del caso, impidiéndole a dicha Fuerza ejercer debidamente la defensa del proceso”, señaló Stornelli en el dictamen que presentó ante el juez federal Daniel Rafecas, que debe decidir si convoca a las indagatorias que el fiscal pidió que sean presenciales.
La causa se inició por una denuncia que presentaron diputados nacionales de Juntos por el Cambio. Allí señalaron que el Ejército Argentino presentó fuera del plazo legal -y con esa intención- la apelación al fallo que había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que en 60 días transfiriera a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el dominio de las tierras que reclamaba la comunidad mapuche.
Entre las pruebas que citó Stornelli para pedir las indagatorias se encuentra un mensaje del sistema interno del Ministerio de Defensa en el cual Rodríguez Vaccarezza le dice a Vázquez “ya me bajaron la orden de no apelar; cualquier cambio de rumbo le aviso”.
Stornelli citó otro mensaje que Rodríguez Vaccarezza le envió a Vázquez cuando faltaban 11 minutos para que venza el plazo de apelación: “Dra. recién me llamó el Director de asuntos jurídicos del Ministerio a pedido del ejercito quiere que apelemos la sentencia, le pido que este atenta ya que en algún momento del día o inclusive en el fin de semana le voy a enviar la apelación, tenemos las dos primeras del lunes”.
La apelación se concretó, pero la Cámara Federal de General Roca la desestimó porque fue presentada fuera del plazo legal y así el fallo quedó firme.
El fiscal resaltó la importancia de la causa para el Ejército Argentino: “surge del propio recurso de apelación presentado por dicha Fuerza que el inmueble afectado en el proceso de amparo ´forma parte del único y distintivo complejo educativo de nivel internacional que el Ejército Argentino y las Fuerzas Armadas en su conjunto, disponen en la cordillera de los Andes para desarrollar la instrucción centralizada y especializada de su personal en técnicas básicas y avanzadas del trabajo militar en la montaña (escalamiento, marchas, tiro con armas livianas, navegación terrestre, etc.), tanto en la época invernal como la estival´”.
Stornelli no solo pidió las indagatorias, sino que pidió más medidas de prueba para profundizar la investigación. “En efecto, podríamos estar aquí -extremo por el que se deberá profundizar la investigación- frente a una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas deliberadamente pergeñadas, posiblemente en distintos ámbitos de la Administración Pública/ quizás en sus estamentos jerárquicamente superiores que tendrían por designio favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían, conforme se anoticia, tener vinculaciones con estructuras terroristas internacionales o ligadas a la narco criminalidad”.
