La movilización fue convocada por la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo (AFAVITA) y la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Violencia y adhieren, entre otras organizaciones, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina.
Las organizaciones civiles reclaman justicia y juzgamiento de los responsables del sangriento atentado que costó 23 vidas. Señalan a Rodolfo Walsh, como ideólogo del ataque de 1976.
La investigación judicial está en el Juzgado Federal de la Dra. María Romilda Servini de Cubría, que aunque se negó a reabrir el expediente en noviembre pasado ahora debe volver a considerar el caso por orden de la Sala I de la Cámara Federal.
“La explosión de un artefacto conocido como ‘bomba vietnamita’, dispuesta por la conducción de Montoneros, a cargo de Mario Firmenich, y la participación en el hecho de jefes de la inteligencia ‘militar’ del grupo subversivo comandada por Rodolfo Walsh, produjo lo que fue el hecho más sangriento de tal naturaleza en el país hasta el atentado de la AMIA”, sostienen los convocantes en un comunicado.
El atentado perpetrado por Montoneros volvió a la opinión publica con la publicación del libro “Masacre en el comedor”, del periodista Ceferino Reato.
Los organizadores de la movilización del sábado 2 de julio expusieron que se hará bajo la consigna “El ideólogo y la masacre. Marcha contra la impunidad”. El punto de encuentro, informaron los organizadores, constituye “un símbolo de los impropios homenajes y reconocimientos que los perpetradores de estos crímenes reciben hasta el día de hoy de parte de la dirigencia política y referentes culturales”.
Durante la manifestación se difundirán relatos del suceso, con un respaldo directo a la reapertura judicial de la causa. Además, se solicitará la instalación de placas en la estación desde donde parte la marcha que recuerden a los muertos por el atentado y que se retire el nombre de Walsh, por considerárselo ideólogo del atentado.
El 2 de julio de 1976 un infiltrado de Montoneros colocó una bomba en una silla, cubierta por un sobretodo, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. El estallido, poco antes de las 2 de la tarde mató a 23 personas y dejó 110 heridos.
Recientemente, un fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens le ordena a Servini que analice y responda los planteos de reapertura de la causa, algo que hasta ahora la jueza no hizo. Según la Cámara, el fallo de Servini del año pasado que ratificó que el caso está prescripto “contiene vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido” porque “no satisface los estándares de motivación exigidos por la ley”.
La Cámara destaca que la jueza no consideró “el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas” ni analizó “la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra” del ataque. Tampoco revisó -destacaron los magistrados- si se trató de un “caso de grave violación a los derechos humanos”. Esta categoría a la que aluden los camaristas podría ser la vía para reabrir la causa sin declarar que es un caso de lesa humanidad.
El responsable del ataque fue identificado como José María Salgado, de 21 años, que había cumplido el servicio militar en la Policía, mientras mantenía una activa militancia en Montoneros, que ya actuaba en la clandestinidad. Incluso, su nombre figura en la carátula de la causa judicial que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras entidades civiles, procura reabrir a partir del escrito presentado en el juzgado de Servini, consigna La Nación.
